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TXEMA RODRÍGUEZ

El epílogo de la saga Blasco

EL ESTADO DE LOS TRIBUNALES ·

El juez ha cerrado la investigación a los sobrinos del conseller por el desvío de dinero por las adjudicaciones del hospital General, el último caso de corrupción

A. Rallo

Valencia

Viernes, 28 de octubre 2022, 00:28

El asunto. El clan Blasco resulta sin duda la estirpe más destacada que ha pasado por la política valenciana. Lo apuntamos en alguna ocasión también en estas líneas. El hecho de un matrimonio corrupto -cada uno en su propio negociado- quizá no encuentre parangón ... en toda España. Porque sí se ha visto algún supuesto de pareja salpicada por asuntos de esta naturaleza -véase Zaplana y Erial, sin remontarse demasiado tiempo- pero lo inédito es que cada cónyuge opere sus propias tramas. Por un lado todo lo de Cooperación. Por otro, el IVAM. ¡Qué sobremesas las de los Blasco! Pero todavía quedaba un capítulo, al menos conocido, de esta saga. El de los sobrinos que se acaba de cerrar con el procesamiento de Sergio y Francisco José. Todos son hijos de Francisco Blasco, hermano de Rafael, expresidente de la Diputación de Valencia. Además, Sergio está casado con una hija de Consuelo Císcar. Una familia plenamente integrada en el ecosistema político y económico. En la comparación, la sofisticación de esta trama parece de mayor rango que la de sus tíos. Tres niveles de empresas pare recibir contratos públicos del hospital General, subcontratas y supuestos servicios ficticios para hacer llegar el dinero a empresas minúsculas desde donde la red se repartía el dinero o efectuaba inversiones. Esto no es algo tan burdo como el desvío de ayudas a los países del Tercer Mundo (Rafael Blasco, seis años y medio de condena) o la gestión delictiva del IVAM para favorecer a su hijo (Consuelo Císcar, año y medio). En esto se intuye algo más elaborado, más complicado. Este caso también salpicó al propio Rafael Blasco, pero en este asunto ha esquivado el banquillo. El juez no aprecia indicios de delito para procesarlo. Mientras, seguimos a la espera de que el Tribunal Supremo confirme las penas en la 2 y 3 piezas del caso Cooperación. Aquellas en las que la Audiencia rebajó el castigo que previamente habían pactado Fiscalía y acusados.

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Jorge Rodríguez. El júbilo parece haberse instalado en las defensas del caso Alquería tras la declaración de una de las testigos de Divalterra que admitió que acudió presionada en su declaración en instrucción. Eso no significa que fuera presionada por el fiscal sino que tal y como explicó fue su jefe el que ejerció esa incómoda atmósfera con la amenaza de que podían perder su puesto de trabajo si no se mantenía la denuncia. Esto llevó al expresidente de la Diputación Jorge Rodríguez a declarar que todo aquello demostraba el supuesto complot en la empresa para terminar con la etapa del PSPV y Compromís. No deja de sorprender esto de que un acusado haga declaraciones a la prensa para explicar lo que ha pasado en el juicio cuando él mismo, junto al resto de los acusados, se han acogido a su derecho a no declarar. Es decir, dentro ni una palabra de explicar qué ocurrió. No vaya alguien a tropezar. Pero fuera no hay problema en comentar y analizar lo que dicen otros. La mejor estrategia de defensa puede ser complicada para un político. Pero cuando te piden siete años de cárcel, mejor aparcar las buenas prácticas.

Alfonso Puncel. Es uno de los lugartenientes de Mireia Mollà, que acaba de renunciar a su puesto en la conselleria tras el cese fulminante de su superiora. No duda en culpar a Oltra de toda este repentino episodio de ceses en el Consell. En la biografía judicial de este alto cargo de Compromís destaca la condena de 1.200 euros por lanzar su bicicleta contra un automóvil en una discusión de tráfico. Como para ponerse a negociar los Presupuestos. Por cierto, que habrá acuerdo. Como siempre a última hora.

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