Un espaldarazo a los colegios profesionales

Esta Proposición de Ley servirá para reformar la ley 6/1997 de la Generalitat de los Consejos y Colegios Profesionales. Desde la entrada en vigor de la misma, los colegios hemos sido incapaces de hacer cumplir las sentencias dictadas en contra de aquellos profesionales que han ejercido sin estar acreditados para ello, de garantizar el cumplimiento de los periodos de inhabilitación dictados contra quienes han cometido infracciones y de hacer efectiva la obligatoriedad de la colegiación. Pero no por falta de ganas, sino por la inexistencia de herramientas que se puedan utilizar para asegurar un cumplimiento efectivo de las sanciones. Nunca hemos tenido la capacidad de ser coercitivos.

Ahora, la Administración, que tiene capacidad ejecutiva, podrá hacer cumplir las resoluciones judiciales, cosa que antes no contemplaba la ley, que también introduce nuevos tipos de sanciones disciplinarias, algunas de ellas consistentes en multas de elevada cuantía.

La proposición de Ley, impulsada por la diputada Isaura Navarro, incorpora además un punto que considera infracción muy grave que un profesional ejerza una profesión sin estar colegiado cuando la normativa así lo exija. Esto se cumple, salvo contadas excepciones que son siempre perseguidas, en profesiones como médico o abogado, pero no en muchas técnicas, como la ingeniería: a pesar de que la ley dice claramente que la colegiación es obligatoria para ejercer, este extremo no se respeta. Los colegios técnicos solo hemos podido perseguir el intrusismo, ante el cual hemos sido inflexibles, pero no hemos podido hacer cumplir los dictados de la ley para sancionar a los infractores ni mucho menos para instar a la colegiación de todos nuestros compañeros, con independencia del campo en el que están ejerciendo.

Aunque haya quien piense que los colegios profesionales somos 'lobbies' y que nos dedicamos a proteger a nuestros colegiados, lo cierto es que todos tenemos un código deontológico y que sancionamos a quienquiera que lo infrinja, sin excepciones. A partir de este momento, nos ponemos a disposición de la Administración para colaborar en la detección y sanción de todos los casos que conozcamos y sobre todo, para habilitar mecanismos que protejan a los ciudadanos de las malas prácticas profesionales.

Para los cinco colegios que formamos la Mesa de la Ingeniería Valenciana, es muy significativo que todos los grupos de la cámara, sin excepción, hayan apoyado esta proposición. Es un síntoma claro de que los colegios, que en los últimos años han sido puesto en el punto de mira en aras de la liberalización a ultranza, continúan teniendo un papel fundamental. Lo reconoce toda la sociedad valenciana a través de sus representantes políticos.

Esa es la clave, la sociedad. Tanto los políticos como los colegios profesionales tenemos la obligación de velar por la seguridad de todos los ciudadanos. Los políticos, a través de la elaboración de unas normas que marquen las reglas del juego y de un control que garantice el cumplimiento de las mismas. Y los colegios, a través del autocontrol y la responsabilidad, garantizando que todo aquel profesional que esté colegiado está capacitado para prestar los servicios que le han sido solicitados.

Para nosotros es muy importante que se haya puesto en valor la labor de los colegios, entidades que responden cuando se las necesita, que respaldan con un Seguro de Responsabilidad Civil a todos los colegiados que visan, que imparten formación a sus profesionales, que los mantienen actualizados sobre las novedades legislativas y que en definitiva, velan por que la sociedad reciba los mejores servicios.

Nos ponemos a disposición de la Administración para colaborar con todo lo que esté en nuestra mano para asegurar el cumplimiento de los nuevos artículos de la Ley 6/1997 de la Generalitat. Es nuestro deseo y también nuestra obligación como entidades de Derecho Público que somos. Los ciudadano saldrán beneficiados de todos los avances que podamos conseguir juntos.