La jugada ya olía mal desde el principio, sobre todo tras el intento fallido de restar pacientes al Instituto Valenciano de Oncología (IVO), maniobra que requirió la intervención del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para que la sangre no llegara al río. Pero en Manises sí lo logró y medio millar de pacientes y un importante grupo de especialistas, entre cirujanos, anestesistas y enfermeras, han sufrido las consecuencias. Y lo hizo a plazos. Primero prohibió la derivación de pacientes de otros departamentos a Manises, lo que generó malestar en los enfermos que requerían los servicios de esta unidad, especializada entre otros aspectos en intervenciones sin transfusiones de sangre (colectivos como los testigos de Jehová rechazan estas prácticas), usuarios que, además, recordaban el derecho de «libre elección de centro» que tienen los valencianos. Y sólo unos días después lo remató y el veto se extendió a todos los pacientes, propios y ajenos.
El argumento al principio parecía que incluso tenía lógica: la unidad de cirugía cardiaca, pese a llevaba más de siete años funcionando, carecía de autorización. ¿Y hasta ese momento nadie se dio cuenta? Nada más lejos... El servicio sí había sido autorizado como confirmó la auditoría de la Sindicatura de Comptes realizada en 2017 en el propio hospital de Manises y correspondiente al periodo entre 2009 y 2015. Puede que faltara algún pequeño trámite formal, pero contaba de sobra con el visto bueno de Sanidad. ¿Alguien en su sano juicio puede creer que un hospital público opera nada menos que del corazón sin permiso de la conselleria competente?
La clave, precisamente, está ahí. En que era un hospital público... pero de gestión indirecta bajo la fórmula de la concesión, esa que a algunos gestores del Botánico provoca sarpullidos. Y Carmen Montón era la punta de lanza de ese grupo que no puede soportar que centros sanitarios dirigidos por empresas especializadas en la materia sean más eficientes y atiendan a los pacientes con menos demoras que los hospitales que dependen directamente de la Administración. Esa fue la razón, tratar de ganar batallas en esta especie de guerra (¿sucia?) contra las concesiones y los conciertos sanitarios.
Montón acababa de cerrar el proceso de reversión del departamento de la Ribera que ejemplificaba ese modelo de gestión indirecta impulsado por el PP con el que logró que la comarca contara con un hospital puntero que, de otra forma, hubiese tardado años, posiblemente décadas, en disfrutar. Y como lo había hecho el PP y había manos privadas de por medio (Ribera Salud era el enemigo número uno) no podía ser bueno. Y cuánto lo echan de menos los pacientes tras cinco años de gestión pública.
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