La toga y el lodo: si Montesquieu levantara la cabeza

Ni en sus peores sueños podía imaginar Alfonso Guerra que su lúgubre sentencia de 1985, «Montesquieu ha muerto», tendría tanto éxito y con las consecuencias que se atisban para el Poder Judicial a manos del Poder Ejecutivo. Guerra dio la salida hacia la extinción de la división de poderes, esencia de la democracia, pasando el control y organización interna de los Jueces a ser cosa, prácticamente, de los políticos. Con la Iglesia hemos topado. Y llegaron los problemas: la obstrucción cada vez que cambia el color político del Ejecutivo pasó a ser una constante: dos, tres y hasta cuatro años de demora. La actual dilación de dos años le parece inaceptable al tándem Sánchez-Iglesias, en consecuencia están maniobrando tanto y tan ladinamente que la Unión Europea les ha llamando la atención. Curiosamente el record obstruccionista lo ostenta el PSOE con cuatro años de retraso (2011).

Además, las furibundas descalificaciones a los Jueces, no ya desde los partidos del Gobierno, sino desde el propio Gobierno por boca de su Vicepresidente segundo, vienen a oscurecer más todavía el tenebroso ambiente político. Y todo con el silencio cómplice del Presidente. Lo vemos cada vez que un Juez dicta un auto o una sentencia que implica a alguno de sus miembros y afines. Ya no sorprende y la duda de si pretenden tapar alguna ilegalidad está encima de la mesa de debate y cobra fuerza día a día. Así, las prisas se entienden, pero no es aceptable tanta inquina llamando incluso fascistas a los Jueces. ¿Se tratará de cumplir algún pacto político que vaya más allá de lo debido? Cómo entender sino las enormes presiones sobre el Poder Judicial, mayores cuanta más resistencia ofrece éste. Por cierto, y discúlpese mi candidez volteriana, ¿se referirá a esto Iglesias cuando habla de baja calidad democrática en España, o se referirá a sus ataques a la prensa, o a la violencia de 'su' izquierda en las calles? Sea como fuere, todo esto da una idea clara de la adhesión del personaje a la democracia.

Tradicionalmente la izquierda ha demostrado o tener poco aprecio a la Judicatura o contemplarla de forma utilitaria. Hemos visto el ejemplo de Guerra, o el que ahora mismo presenciamos entre estupefactos e incrédulos, y tenemos el recuerdo del Fiscal General del Estado, Conde Pumpido, hablando de manchar las togas con el polvo del camino y colaborando políticamente en el escabroso asunto del terrorismo de ETA. Pobre Fiscalía General, entonces y ahora con una exministra socialista al frente. Y tenemos casos históricos, como el del solitario, hosco y orgulloso Manuel Azaña, que diría Claudio de Ramón, negando sin pestañear en sede parlamentaria la independencia del Poder Judicial, cuya existencia consideraba un «tópico». «Yo no sé -decía- lo que es el Poder judicial»; y añadía: «¿Independencia del Poder judicial? ¡Según! Independencia ¿de qué?». Ítem más. Al responder un diputado: independencia «del Gobierno», Azaña espetaba: «Pues yo no creo en la independencia del Poder judicial», diga lo que diga la Constitución (Diario de Sesiones, 23.11.32). Una muestra del talante democrático del sobrecotizado político de Alcalá. Talante que ratificó cuando, junto al socialista Largo Caballero, presionó para que se anularan las elecciones que acababan de perder limpiamente.

Buena parte de esa dificultad de la izquierda para entender la independencia de los jueces reside en esa superioridad moral que se arroga al erigirse en heraldo y timbre de la justicia social; la «tradicional ilusión de los partidos de izquierdas», que diría Solzhenitsyn (Archipiélago GULAG). Ante tan excelso fin, ¿cómo pararse ante las enojosas zarandajas legales de los jueces que impiden el recto proceder de sus excelsas mentes redentoras? Sin embargo, esa labor judicial es esencial para vigilar la calidad democrática de un Estado que se titula «Democrático de Derecho». Se entendería la desconfianza si habláramos de un régimen autoritario; pero es que es ahí adonde parecen encaminarnos. La España del siglo XXI no lo puede permitir. Recordemos la obviedad de que derribada la última línea de defensa que representan los Jueces, siempre llegan las tiranías. Comentaba el gran jurista Ossorio y Gallardo: «la primera preocupación de un tirano (Napoleón o Lenin) es extinguir a los hombres de Derecho. La primera preocupación de las sociedades cuando reaccionan es restablecerlos».