Un trío presidencial

Lo de la operación Erial se ha resuelto esta semana con la apertura de juicio para Zaplana y Olivas. El asunto no invita a descorchar la botella del optimismo, precisamente. Dos expresidentes acusados de cobrar comisiones por el amaño de adjudicaciones. Puede que no haya peor tarjeta de presentación para un político. De momento, Zaplana ha conseguido mantener su escudo, es decir, la confianza del resto de acusados en su estrategia. Pero la situación ha cambiado. A algunos se les trasladó tranquilidad, que esto nunca llegaría juicio. Sin embargo, ahora, la vista está a la vuelta de la esquina si la Audiencia no lo remedia. Además, existen conversaciones abiertas para explorar la posibilidad de una conformidad, es decir, un acuerdo a cambio de una disminución de pena. Un detalle que invita a pensar. Entre los archivos de esta semana destacan los de las mujeres de Juan Francisco García y Joaquin Barceló. El primero era el número 2 del expresidente en la Generalitat; el segundo su amigo de la infancia y supuesto testaferro. No es una norma inexpugnable, pero encuentra antecedentes en la práctica judicial. Cuando se le archiva el caso para un familiar, suelen ser más propicios los acuerdos. El antecedente más reciente es el de Consuelo Císcar en una de las piezas del IVAM. Sin los familiares todo resulta más propicio.

Lo de Olivas agota los calificativos. Qué últimos años los suyos. Hay gente que es capaz de arrastrar un carro de sospechas e imputaciones judiciales y no ruborizarse. OIivas se ha visto salpicado en absolutamente todos los follones de Bancaja y Banco de Valencia, alguno todavía sin resolver, y también en Erial. Además, de que ya arrastra una condena por un factura falsa para perpetrar un fraude fiscal. Fue la forma de esconder un pago de 580.000 euros por entonces algún motivo inconfesable.

Y queda Francisco Camps, el expresidente más perseguido de todo el panorama nacional. Se le han archivado ya unas siete causa penales. La cuenta varía según el autor y la forma de contabilizar los asuntos. Pero vamos, que le da para sostener la teoría de la persecución de acuerdo al final de todos estos sumarios. Le queda quizá el más complicado, las adjudicaciones a la Gürtel. El caso se reabrió a raíz de la confesión de Ricardo Costa en el juicio de la caja B de los populares. Ricardo Costa fue condenado a cuatro años de cárcel, pero no entró en prisión por la especial valoración que se hizo de su colaboración con la Justicia. En las últimas semanas, las conformidades en esta causa no han dejado de sucederse. Algunos altos cargos de la Administración han reconocido su culpabilidad, pero también lo ha hecho el cabecilla de la trama, Francisco Correa. La Gürtel y el juicio de los trajes fue el principio del fin para Camps. Y eso que salió absuelto. Veremos qué supone este epílogo a partir de enero.