Los padres denuncian fallos en los protocolos contra el acoso escolar

La Confederación de Ampas Gonzalo Anaya, que representa a 1.055 asociaciones de padres y madres de la escuela pública valenciana, ha lamentado los fallos en los protocolos actuales que deben servir para prevenir el acoso escolar. Lo ha hecho a través de su presidente, Rubén Pacheco, que ha intervenido este miércoles en la comisión especial de Les Corts que trabaja en la concreción de medidas que sirvan para acabar, o al menos reducir al mínimo, esta lacra social.

Pacheco se ha referido a la excesiva burocracia de los planes vigentes, que en muchas ocasiones se aplican cuando el daño ya está hecho, y la falta de formación y de nuevos perfiles profesionales a disposición de las escuelas que permitan diseñar estrategias de prevención.

En este sentido ha propuesto impulsar programas de formación para docentes y familias relacionados con la resolución de conflictos y buen uso de redes sociales y dispositivos tecnológicos, dar un mayor peso a la educación en valores cívicos y éticos, planes de convivencia en todos los centros que sean efectivos y no paliativos o tutorías con los padres que vayan más allá de los aspectos académicos.

El ponente ha recordado que el acoso «puede provocar a un dolor tan insoportable que lleve al suicidio«, citando datos de Save the Children sobre el aumento de casos de idealización y de tentativa, y también se ha referido a estadísticas de la Asociación española para la prevención del acoso que hablan de que entre el 9% y el 25% del alumando ha sufrido algún tipo de hostigamiento. «Es un porcentaje abrumador. Para estos escolares las aulas son espacios de exclusión y maltrato», ha lamentado.

Pacheco ha hablado concretamente a la eficacia del Plan de prevención de la violencia escolar y promoción de la convivencia (Previ), que engloba una serie de medidas y protocolos a aplicar cuando se detectan conflictos entre alumnos, con diferentes niveles de intervención, regulando también cómo se debe proceder a nivel administrativo.

«Hasta que surge una noticia trágica o una señal muy evidente no se pone en marcha y se aplican los protocolos. Y las familias nos encontramos con una realidad que estaba ahí, invisible o visible pero no vista», ha ejemplificado. «Quizá resulta insuficiente porque no siempre se usa para prevenir sino para paliar cuando un caso ya es más que evidente. Y ya llegamos tarde», ha dicho.

«Hay centros que no lo usan y en los casos más evidentes optan por vías alternativas y medidas disciplinarias que tampoco acaban de resolver la situación», ha continuado, antes de poner en evidencia una de las salidas habituales cuando se da una situación de acoso. «Muchas veces las víctimas no encuentran más opciones, desgradaciadamente y para vergüenza de todos, que irse del centro. Es una vergüenza absoluta», ha reiterado. «Significa que el sistema ha fallado, que deja a los agresores en el centro y expulsa a la víctima, a veces también del sistema educativo», ha criticado.

También se ha referido a la excesiva burocracia que suponen los protocolos y a las dificultades que se encuentran muchos docentes a la hora de detectar indicios o actuar en materia de prevención por falta de conocimientos específicos. A su juicio se requiere de nuevos perfiles profesionales a disposición de los centros más allá de los orientadores, desde sanitarios hasta psicólogos o trabajadores sociales, para que junto a docentes y familias «se colabore, participe y dialogue en la línea de detectar problemas y poner soluciones». «Lo que no vea uno lo verá el otro», ha señalado.

Como aspecto positivo ha destacado el futuro decreto de igualdad y convivencia, a punto de entrar en vigor y que regula «nuevas formas de mediación para prevenir los conflictos, con prácticas más comprensivas que impican a toda la comunidad educativa». Si bien ha dicho que ya se aplican en muchos centros, ha recordado que son «optativas», aunque pasarán a ser obligatorias con la nueva regulación, fomentando «el diálogo y la búsqueda de soluciones que vayan al fondo del problema».

Sobre las causas que pueden estar detrás de las dificultades de detección, la principal grieta del sistema, ha reflexionado sobre la actual dinámica escolar. «Quizá no estamos mirando porque con la organización educativa actual no tenemos tiempo. Falta tiempo para acabar los temarios, los centros tienen una enorme cantidad de papeleo que realizar cuando deberían disponer de personal administrativo o las familias estamos saturadas para llegar a todas las tareas que los alumnos deben realizar en casa. No llegamos y debemos revisarlo», ha sentenciado.

Las propuestas de la confederación van en el sentido de trabajar la prevención. Por ejemplo, apuesta por aumentar la presencia de la educación en valores cívicos en la jornada escolar, «igual o más importantes que los contenidos curriculares», y por potenciar las tutorías con las familias, más allá de comentar las notas, para «para intercambiar información y observaciones con los maestros, saber cómo se comportan nuestros hijos con sus iguales o pactar normas y pautas de acción».

También se ha referido a programas de formación docente y de alumnos en educación emocional y resolución de conflictos, incidiendo también en los destinados a las familias, para los que ha pedido más colaboración de la administración. «Tenemos que estar abiertos a debatir y participar con el resto de la comunidad educativa en buscar soluciones y detectar», ha señalado en este sentido, antes de insistir en que se tiene que conseguir que los planes de convivencia de los centros sean «efectivos, revisando si lo son pues a veces resultan muy burocráticos y poco prácticos«. En el turno de réplica también se ha referido a la importancia de la formación, para toda la comunidad educativa, en el buen uso de las redes sociales y la tecnología: »Que no sólo sea una charla cuando los escolares llegan a 5º o 6º de Primaria«, ha ejemplificado.

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