La patronal teme que el nuevo modelo de servicios sociales suba entre 300 y 500 euros el precio de residencias y centros de día en la Comunitat Valenciana

«Sólo en coste de personal, una plaza residencial va a aumentar su coste en 580 euros, mientras que la mejora de la prestación se establece en 286,40 euros mensuales, lo que supone que esos 300 euros deberán ser abonados por las personas usuarias. En el caso de los centros de día es peor: el sobrecoste está cifrado en 633 euros el incremento de la ayuda en 112. Más de 500 euros de diferencia«. La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios de Atención a la Dependencia de la Comunidad Valenciana (Aerte) ha mostrado este martes su »honda preocupación« por el dictamen que ha publicado el Comité Econòmic i Social (CES) de la Comunitat Valenciana sobre el nuevo decreto de centros y servicios que está preparando la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, especialmente por el sobrecoste que puede generarle a los usuarios, y que podría oscilar entre 300 y 500 euros más por plaza.

«El CES considera que era necesario un nuevo modelo de centros y servicios sociales, valora como positivo el cambio de perspectiva en la intervención de los mismos y le parece muy importante que en el proceso se haya producido una alta participación; pero plantea una serie de dudas muy importantes», agregan desde la patronal.

En primer lugar, «lamenta no haber contado con más tiempo para elaborar un dictamen con la amplitud y profundidad que merece el decreto, habida cuenta de su importancia y repercusión. La documentación, con más de 38 documentos y 928 páginas, llegó a las entidades miembros del comité el 20 de diciembre y el dictamen fue aprobado el 10 de enero de este año».

En cuanto a las consecuencias presupuestarias que conlleva el nuevo modelo, insiste en que deben tomarse las medidas adecuadas para que la falta de medios económicos no suponga la pérdida de derechos o la imposibilidad de acceder a los recursos necesarios, especialmente en el supuesto de que la aplicación del nuevo decreto implique un aumento de las tarifas en la prestación de los servicios.

En la observación octava, recoge que la Generalitat deberá adoptar las medidas presupuestarias necesarias para asegurar la viabilidad del sistema y su correcta implantación, con el fin de evitar que se produzcan posibles desviaciones que pudieran derivar en insuficiencias asistenciales.

«Esta insistencia por garantizar el presupuesto adecuado creemos que es debido a las dudas que genera el informe de la Dirección General de Presupuestos, que advierte de que los recursos necesarios para la aplicación del decreto ponen en riesgo los incrementos de salarios de los trabajadores del sector para los años siguientes y la puesta en marcha de los nuevos centros del Plan Convivint, una vez construidos», como señala al presidente de Aerte, José María Toro.

Indica que no hay constancia, con la documentación aportada, de los análisis y diagnósticos realizados sobre la realidad actual de la tipología y funcionamiento de los centros y servicios y programas de servicios sociales, lo que resulta imprescindible para un conocimiento adecuado del sector. Desde Aerta han aseverado que, a pesar de las reuniones mantenidas con múltiples entidades del sector por parte de la conselleria, «no se han presentado los estudios científicos que avalen desde una perspectiva de las necesidades de las personas atendidas, las condiciones de salud laboral de las plantillas y las posibilidades presupuestarias del departamento, o los ratios de personal que debe haber en cada centro».

Por último, muestra su preocupación por la carencia de plazas en la Comunidad Valenciana y recomienda que se tomen las medidas oportunas para evitar que su aplicación conlleve la pérdida de plazas asistenciales. En este sentido, Aerte ha pedido a la conselleria que se garantice que la aplicación de este nuevo decreto no afecte en ningún caso a las plazas autorizadas, expidiendo las necesarias exenciones.

«Entendemos que hay que poner en marcha los ratios nuevos de personal, los protocolos y la manera de trabajar en los plazos que marque la Administración, pero la Comunidad Valenciana no se puede permitir perder ni una plaza de ningún tipo de recurso», ha concluido el portavoz de la asociación.

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