Organizaciones patronales y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras de los servicios sociales (centros de menores, residencias de ancianos y otros) han convocado movilizaciones si la Conselleria de Servicios Sociales no ejecuta la nueva financiación de las instalaciones concertadas ya que señalan que se encuentran al borde del colapso.
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Estas organizaciones destacan que en estos momentos se les está pagando de acuerdo con los precios de 2018. Al final de la legislatura pasada llegaron a un acuerdo con el Consell del Botánico por el revisaron al alza la financiación de los centros para el periodo 2023-2026. En este documento se incluía la homologación progresiva de los salarios de los trabajadores centros concertados con los de los públicos.
Como consecuencia de todos estos acuerdos, el anterior ejecutivo consignó en los presupuestos de 2023 más de 37 millones de euros destinados a financiar la modificación de módulos económicos de la acción concertada. La tramitación administrativa fue iniciada el pasado mes de marzo, pero aún no ha sido resuelta a falta únicamente de la firma por parte de la consellera. En esta línea, denuncian que la rúbrica lleva retrasándose desde hace tres meses lo que ha provocado que algunos centros no puedan la viabilidad a corto plazo.
Como consecuencia de la inacción del actual ejecutivo, las asociaciones patronales y sindicales de los Servicios Sociales concertados se reunieron el pasado 25 de octubre y acordaron iniciar movilizaciones de no procederse a la inmediata y efectiva ejecución de la modificación de los módulos económicos de los centros.
También han remitido un escrito a la Vicepresidenta segunda para que sea convocada con carácter urgente la Mesa de Acción Concertada con el objeto de conocer entre otros asuntos, y ante la falta de información, cuándo va a ejecutar esta Consellería de Servicios Sociales el crédito consignado para el presente año, y si estos incrementos pactados para la financiación de los centros están siendo tomados en consideración para la elaboración de los presupuestos de la Generalitat para el año 2024.
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Estas organizaciones señalan que los centros concertados del sistema público de servicios sociales que atienden a personas mayores dependientes, personas con discapacidad, menores tutelados y personas en riesgo de exclusión social se encuentran «al borde del colapso».
Estos centros atienden a más de 15.000 personas y representan a dos terceras partes del total de usuarios atendidos por el sistema público de servicios sociales. Denuncian que actualmente se encuentran financiados con precios y salarios calculados en el año 2018, un factor que consideran que están lastrando su gestión «no sólo en términos de calidad sino también de viabilidad», ya que los costes actuales de la energía, la alimentación y el mantenimiento de los inmuebles no se corresponden con los precios de hace un lustro.
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