Pedro Viguer: «La falta de medios hace muy lenta la instrucción de casos de corrupción»

Apura sus últimas semanas en el Decanato, tras dejar el cargo hace unos días. En mayo serán las elecciones para el nuevo decano y en junio Pedro Viguer deberá abandonar el despacho que ha ocupado durante casi doce años.

-¿Por qué decide irse?

-He adelantado cinco meses las elecciones porque ya era el momento, se ha cumplido un ciclo y hay que cambiar. Soy juez y lo que quería era volver a mi jurisdicción y hacer mi trabajo. He estado muy a gusto estos casi doce años en el Decanato, podría haber seguido otros cuatro años pero hay que dejar paso a gente nueva.

-Dice que faltan 26 juzgados en la Comunitat. ¿Cree que tras las elecciones autonómicas habrá más inversión en Justicia?

-Ojalá así sea, pero la administración de Justicia ha sido siempre maltratada. Nunca se le ha dado el lugar que corresponde en el Estado de Derecho. En España se dedica sólo un 1,7% a la administración de Justicia, que es una suma irrisoria, unos 3.700 millones de euros, y esto ha sido una constante en los últimos años. Espero que cambie, porque la Justicia es fundamental en una sociedad, está en la vida diaria de todos los ciudadanos, con divorcios, desahucios, cláusulas abusivas, etc. Además tiene una incidencia fundamental en el sistema económico.

-Valencia ha sido centro de muchos juicios de corrupción política en estos años...

-Hemos procurado nombrar jueces de refuerzo en lugares con causas de especial complejidad. El juez necesitaba apoyo para dedicar el mayor tiempo posible a estos asuntos.

-¿Estos procedimientos por corrupción han hecho más fuerte la imagen de los jueces?

-Los jueces han cumplido con su deber, han realizado su trabajo y han sido contundentes con la corrupción. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Pero tenemos un problema importante con la excesiva duración de los procedimientos. La falta de medios hace que sea excesivamente lenta la fase de instrucción en este tipo de causas. La saturación no sólo nos afecta a nosotros, también a la Guardia Civil, UCO, cuerpos policiales, porque hay que investigar muchos casos y cada trámite retrasa mucho los procedimientos.

-¿Sigue siendo tan exagerado el colapso en los juzgados de primera instancia?

-Se tocó techo con la entrada de asuntos durante lo peor de la crisis en los años 2009-11, se superaron los 2.000 casos, y hoy estaremos en torno a 1.700. Ha habido un descenso, pero ni de lejos estamos en los niveles anteriores a la crisis. En los mercantiles estamos triplicando lo que debería ser la entrada normal de asuntos. Hacen falta juzgados en Valencia, en primera instancia hace diez años que no se crea ningún juzgado en la ciudad.

-¿Algún día dejarán de estar sobrecargados los juzgados?

-No lo veo cercano, pero estoy convencido que a medio-largo plazo asumiremos la importancia del sistema judicial y que cada juzgado recibirá el número de casos adecuado, pero hoy todos los juzgados están recibiendo un número de asuntos que está un 50 ó un 70% por encima de lo que debería ser una entrada normal, eso va creando una mochila cada vez más grande.

-¿Cual ha sido el momento más difícil en su mandato?

-He pasado de todo. Ha habido tres huelgas de jueces, un incendio que paralizó la Ciudad de la Justicia durante semanas, hubo que declarar días inhábiles y crear equipos de reconstrucción de autos, con 2.000 expedientes destruidos, los efectos del humo en el edificio se dejaron notar durante meses. Fue una situación muy complicada, estuvimos seis meses y fue muy complicado de gestionar, aunque estoy satisfecho de cómo se hizo. Nunca se me olvidará el 10 de septiembre de 2017, fue un domingo cuando se produjo el incendio. Luego ya otros problemas como el aluvión de casos con la crisis, que afectó a los juzgados de primera instancia, de lo social y mercantiles. La oleada de demandas de preferentes y compra de acciones de bancos. Con las cláusulas abusivas, la normativa europea nos obligó a cambiar la forma de trabajar de los jueces, a apreciar de oficio las cláusulas, bucear en los contratos y expulsarlas aunque no hubiera petición de partes, nos causó una esquizofrenia judicial.

-¿En cuanto a la falta de inversión, quién ha fallado más, el Gobierno autonómico o el central?

-Las inversiones van en planos a veces distintos y a veces conjuntos. Parte de un juzgado le pertenece al Ministerio, como sueldos de jueces y otra parte a la conselleria, como mobiliario y sueldos de funcionarios, es una tarea compartida. Pero es una queja generalizada de los jueces que debería haber más coordinación entre el CGPJ y las administraciones de Justicia autónomas y que el poder Judicial debería tener una autonomía presupuestaria, porque no gestionamos nada, y en algunos juzgados, cuando hay casos de corrupción por ejemplo, el CGPJ debería tener esa autonomía.

-¿Cómo vivió el estallido de la crisis, que colapsó la justicia?

-Fueron momentos muy complicados, tuve que montar sistemas de refuerzos en todos los juzgados de primera instancia, social y mercantil, llegamos a tener seis jueces de refuerzo en primera instancia.

-¿Por qué ha fallado tanto la ley de Segunda Oportunidad para la suspensión de pagos?

-Es un procedimiento excesivamente complejo, creo que se ha actuado con timidez. Fue un error dejar fuera del acuerdo extrajudicial los créditos hipotecarios, porque la mayor parte de las deudas de las personas vienen de ahí. También al dejar las deudas tributarias con la Seguridad Social. Hubo miedo del Estado a regular este tema con valentía. Los números que se han presentado son ínfimos. El año pasado entraron 88 concursos de persona física en toda Valencia y 300 en toda la provincia, es irrisorio, una lástima que hayamos perdido la oportunidad de regular esto. No es un proceso ágil y sencillo para que las personas con deudas puedan rehabilitar su vida.

-Ante la lacra de la violaciones grupales, ¿cómo puede mejorar la justicia su respuesta?

-La respuesta de la justicia está en función de lo regulado en el Código Penal. Los jueces se limitan a aplicarlo, y la respuesta ha sido la adecuada. Probablemente hay que revisar el Código, hay que hacer un debate de la tipificación de delitos sexuales, una reforma en profundidad de los delitos contra la libertad sexual. Es un tema político y legislativo, ver si las penas son las adecuadas. Por ejemplo la agresión sexual a una persona que en ese momento está privada de sentido antes era delito de violación, pero hoy es un abuso sexual. Habría que analizar si eso es adecuado o hay que revisarlo.