La AP-7 tiene pendientes los nuevos enlaces a 15 días de su liberalización

Quince días. Es el tiempo que queda para que los 367 kilómetros de la AP-7 entre Tarragona y Alicante sean gratuitos al finalizar la concesión actual -en manos de Abertis- y pasen a formar parte de la Red de Carreteras del Estado. Se hará realidad así una de las (eternas) reivindicaciones de la Comunitat, especialmente de las comarcas de la Marina y la Safor, cuyos habitantes utilizan la congestionada N-332, considerada también uno de los puntos negros viarios en la Comunitat.

Así, a las 23.59 horas del 31 de diciembre no sólo se contarán los segundos para el momento de las uvas, sino también para que se levanten las barreras del peaje, por las que podrán circular los vehículos sin abonar la tarifa correspondiente. Eso sí, todavía tendrán que recorrer bastantes kilómetros para poder acceder desde los distintos municipios a la autopista. ¿El motivo? La falta de los accesos necesarios para mejorar la conectividad de la carretera. Como mínimo, las diez actuaciones planteadas por la Conselleria de Obras Públicas en un documento elaborado conjuntamente con los municipios por los que atraviesa la conocida como 'Autopista del Mediterráneo' y que en julio del año pasado se remitió al Ministerio de Fomento.

Un informe que fue la base de la, hasta ahora, única reunión que han mantenido la conselleria y el ministerio para abordar este asunto. Fue en noviembre de 2018 y, al igual que en la comisión de seguimiento del Plan de Cercanías, no ha habido más avances al estar condicionada por la situación de interinidad del Gobierno central, como el propio conseller de Obras Públicas, Arcadi España, reconocía hace unos días sobre la situación de la red ferroviaria.

En el caso de la AP-7, además, se suma el hecho de que el departamento que dirige en funciones José Luis Ábalos encargó el pasado septiembre dos estudios (Tarragona-Valencia y Valencia-Alicante) sobre la distribución de tráficos y de movilidad del entorno viario de la autopista (tanto de la situación actual como tras la supresión del peaje) con el objetivo de decidir las conexiones que se deben ejecutar o qué enlaces deberán remodelarse.

Sin embargo, esos contratos no estarán adjudicados hasta comienzos de año, ya que la apertura de las ofertas económicas está prevista para este mes. A ello habrá que sumar otros seis meses para su redacción, por lo que hasta mediados de 2020 no se tomaría la decisión sobre la construcción de los enlaces.

De momento, Fomento sólo ha activado dos actuaciones cuya ejecución se arrastraba desde hace un año. Una de ellas es la de Vinarós, en concreto, la ampliación y reordenación de los accesos de la N-238 en Vinaròs, que incluye la adecuación de la conexión de la AP-7 con las N-340, CV-11 y CV-101, y que se aprobaba a finales de noviembre. El presupuesto rondará los 15 millones.

La otra es la construcción del acceso sur de Oliva, adjudicado en septiembre y cuyas obras (con un coste de 23,6 millones) estaba previsto que arrancaran antes de que acabara 2019. Permitirá enlazar la N-332 con la autopista.

A ellas deberían sumarse las otras actuaciones reclamadas tanto por la propia Generalitat (figuraba en la Agenda Valenciana de Infraestructuras que se entregó en dos ocasiones a Fomento: una a Íñigo de la Serna y otra a José Luis Ábalos) como por entidades empresariales como la Cámara de Contratistas de Valencia o el Instituto de Estudios Económicos de Alicante.

La inversión rondaría los 220 millones para los diez enlaces (también llamados peines): siete conexiones y tres acondicionamientos de carreteras nacionales. Entre las actuaciones reclamadas figuran nuevos enlaces en Vinaròs-Morella, Benicàssim y Vila-real, la mejora de la capacidad del by-pass en Valencia o conexiones con Alzira, Altea, Alfàs del Pi y La Nucía.

Con los ramales en el aire, sí que se ha aclarado ya el ERE que afectará a los trabajadores de Abertis tanto en la AP-7 como en la AP-4 (Sevilla-Cádiz) otra de las que se liberaliza). Hace unos días los empleados aceptaron el acuerdo final con la empresa. En total, son 136 los afectados, de los que 115 están vinculados mayoritariamente a las funciones de cobro del peaje.