La pérdida de un millar de cajeros dispara las colas en los bancos de Valencia

La fusión de entidades, la desaparición de bancos y la digitalización de las principales operaciones han provocado el cierre de muchas de estas oficinas, que ya se vieron reducidas casi a la mitad con la llegada de la pandemia. Unas bajadas que no se registraban desde los años de crisis a principios de la década de los 2010, que fue el momento en el que la ciudad de Valencia dejó de tener cuatro cifras en el registro de bancos operativos.

Este descenso está provocando últimamente grandes colas en los barrios más afectados, como puede ser Marxalenes, Patraix o Camins al Grau. A hora punta y de buena mañana suelen formarse líneas de personas que esperan a ser atendidas para cobrar su pensión, actualizar la cartilla o simplemente ingresar o retirar dinero en su cuenta. La gente mayor es la principal víctima de esta evolución negativa, ya que la digitalización de la banca les afecta de manera directa. La brecha generacional de realizar operaciones desde el móvil o el ordenador se convierte en una barrera difícil de solventar si no reciben la ayuda de un familiar joven que domine dichos dispositivos.

Los ciudadanos valencianos tienen una media de 4,7 oficinas bancarias por cada 10.000 residentes, cuando en 2011 tenía 15,2. En comparativa de la misma proporción, Madrid dispone de 5.04 y Barcelona de 4.98, un problema que está afectando a todo el país. Pero estos números pueden resultar engañosos, ya que la zona céntrica de la ciudad casi cuadriplica esta cifra mientras que otros barrios más alejados del cauce del río Turia cuentan con un balance que apenas llega a las tres sucursales por cada 10.000 habitantes.

Ciutat Vella es el distrito líder en oficinas bancarias con un total de 52, seguido de l'Eixample con 43 y Extramurs con 29. Rascanya con 14, la Saïdía con 13 y Benimaclet con 12 son los distritos con los números más bajos de sucursales operativas a día de hoy. Para poner en contexto, en 2011 estos seis mismos distritos tenían 265, 111, 98, 47, 44 y 24 respectivamente. Pero lo verdaderamente preocupante es el estado de las pedanías. Pobles del Sud cuenta con siete sedes repartidas entre los términos de Horno de Alcedo, Castellar-Oliveral, Pinedo, El Saler, El Palmar, El Perellonet, La Torre y Faitanar. Pobles de l'Oest con cinco es el único distrito que ha crecido respecto a los datos de hace una década, ganando una oficina más de las que tenía entre los barrios de Beniferri y Benimámet.

En cambio Pobles del Nord no tiene sucursales registradas que operen con normalidad. En Carpesa existe una oficina, pero sólo abre los martes y los viernes de 8:30 a 14:00. En Borbotó por ejemplo, disponen de un cajero en el interior del hogar del jubilado, que en el momento que el local cierre, queda inutilizable. Por supuesto, aquellos que sean clientes de otra operadora, pagan comisión por su uso. Por tanto y para evitarla, deben desplazarse a localidades cercanas como Tavernes, Moncada o Valencia para realizar sus trámites bancarios.

Y es que tras la pandemia, en España las operaciones de retirada de dinero en efectivo se hundieron un 31,25% en 2020, por el efecto de los confinamientos y la menor actividad, mientras que en 2021 se recuperaron un 4,51%, con el levantamiento de las restricciones. Los últimos datos reflejan que el uso de cajeros automáticos volvió a subir en el primer trimestre de 2022, con 152,9 millones de operaciones entre enero y marzo, un 7,34% más que en el mismo periodo de un año antes. También aumentó el volumen retirado, hasta 111.131 millones de euros, un 10,63% más que en el primer trimestre de 2021. Los pagos con tarjeta en terminales punto de venta (TPV) se incrementaron alrededor de un 28% en el primer trimestre de 2022, tanto en número de operaciones como en el volumen de las mismas. En cuanto a las tarjetas en circulación, en el primer trimestre aumentó un 5,42% el número de tarjetas de crédito, hasta 39,41 millones.

El defensor de las personas mayores presiona al Gobierno para que tome acciones ya que la banca «no deja de ser un servicio público»

La digitalización está siendo utilizada como válvula de escape por parte de las entidades bancarias para justificar los cierres masivos de oficinas, pero para Carlos San Juan es todo una excusa para tapar recortes económicos que buscan los bancos para maximizar sus beneficios. Él es el jubilado que impulsó la campaña «Soy mayor, no idiota» y se ha convertido en el azote de las entidades con su lucha contra la brecha digital.

«Es preocupante y además desdice las explicaciones que ha dado la banca. Justifican que siguen a las personas, y que si éstas abandonan el mundo rural, la banca les sigue al medio urbano. Pero el número de bancos en el medio urbano está disminuyendo también. La excusa de la digitalización no vale para justificar los cierres», señala. «La banca olvida por completo que son un servicio público, y esto a nivel gubernamental no se nombra. Detrás hay medidas económicas, como disminuir el número de trabajadores. Todo conduce a lo mismo, una campaña que sólo ha conseguido unos protocolos voluntarios y autodevaluables. No tienen techo en sus beneficios, y se escudan remitiéndote al anonimato de los consejos de administración y a la banca mundial», añade San Juan.

El drama que se vive en las afueras de las ciudades, donde las oficinas bancarias escasean e incluso ni existen, se amplifica más todavía por la edad media de estas zonas, mayoritariamente pobladas por gente mayor que tiene dificultades para desplazarse o valerse por sí misma. «Se deben abrir nuevas vías para cobrar las pensiones, con otro sistema alternativo, porque es una necesidad física existente. La mayoría acude al banco para consultar si ya ha cobrado o saber cuánto le queda en la cuenta. Nosotros acudimos principalmente al pequeño comercio donde muchas veces no se puede pagar con tarjeta y necesitamos esa economía diaria. Ahora está todo en manos de los eurodiputados y del gobierno español, que como se autodenomina progresista, está obligado a dar un servicio público a los más de 10 millones de mayores», denuncia San Juan.

Y es que la Unión Europea quería designar el 2023 como el año de la inclusión digital, cosa que los bancos no están poniendo mucho de su parte. «Espero que Calviño capte lo que sucede. Su ley lleva más de tres años en camino y verdaderamente nos apoyaría a los más vulnerables. Hay que tener en cuenta que el 46% de los efectivos bancarios son de la gente mayor y el sistema se aprovecha de nuestra vulnerabilidad, ya que tenemos dinámicas de vida que no son comparables con las de un joven. Los delitos digitales y las estafas también nos crean inseguridades y miedos. Además, la gente más mayor tiene una manera de ser que no es agresiva y eso es un handicap muchas veces, pecamos de ser excesivamente buenos. Al final, los que más consiguen son los que más agresivos se ponen y eso es una lástima», señala. «Hay zonas que se están quedando sin nada. Es una cosa impropia del siglo en el que vivimos. No soy profesional, pero veo alternativas, aunque no entiendo por qué unas leyes entran en vigor tan rápidamente en cuestión de semanas y otras que vienen de gobiernos anteriores ahora se posponen al año que viene», sentencia San Juan.