![Bernabé dice que la activación del plan de inundaciones dejaba en manos de la Generalitat el corte de carreteras en la dana](https://s3.ppllstatics.com/lasprovincias/www/multimedia/2024/12/13/Imagen%20(197181359)-RPvMFTfRaN2S55EftPTZsNO-1200x840@Las%20Provincias.jpg)
![Bernabé dice que la activación del plan de inundaciones dejaba en manos de la Generalitat el corte de carreteras en la dana](https://s3.ppllstatics.com/lasprovincias/www/multimedia/2024/12/13/Imagen%20(197181359)-RPvMFTfRaN2S55EftPTZsNO-1200x840@Las%20Provincias.jpg)
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El choque entre el Gobierno central y el Consell para discernir quién tenía la competencia para cortar la circulación por carretera durante la dana sube de tono. Tras las investigaciones de LAS PROVINCIAS sobre el no cierre de la autovía A-3 a la altura de Chiva ... mientras el barranco del Poyo bajaba desbocado y las contradicciones de los ministerios de Transportes e Interior en sus explicaciones, la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, ha dado una nueva versión sobre lo sucedido en los viales valencianos la tarde del fatídico 29 de octubre. Bernabé ha defendido que la Ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias junto al Plan Especial frente al riesgo de Inundaciones, vigente cinco días antes del temporal, dejaban en manos de la Generalitat los «cortes de carreteras» y «la gestión de la información sobre la incidencia de la emergencia sobre los viales (de todas las titularidades)» durante la riada.
La delegada del Ejecutivo ha revelado que el Servicio de Emergencias de la Generalitat activó el Plan Especial contra Inundaciones el pasado 24 de octubre a las 11.45 horas, un apunte no aportado a este periódico ni por la Delegación ni por Interior y Transportes en consultas formuladas días atrás sobre este asunto. Cinco jornadas antes de la riada sólo había dos zonas del interior de la provincia de Valencia en alerta amarilla por lluvias con los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), una previsión que empeoró con el paso de lo días. La delegada del Gobierno ha comentado que el documento de la Generalitat para afrontar este tipo de sucesos «explica muy claramente quién tiene las competencias y quién da las instrucciones a los organismos (tanto nacionales como autonómicos) que intervienen en dicho plan».
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Asimismo, Bernabé también ha especificado que, tal y como estipula la Ley de Emergencias, la competencia en la gestión de desastres recae sobre las comunidades autónomas, pues son las administraciones responsables de asumir el mando de la emergencia en las situaciones 0, 1 y 2. Si bien es cierto que en este último nivel pueden contar con el apoyo en materia de recursos por parte de la Administración General del Estado mediante la convocatoria del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI).
«Quien tiene que dar las indicaciones es quien tenía la dirección y el mando de esa emergencia (en referencia a los responsables de la entonces Conselleria de Justicia e Interior). Nosotros estamos a disposición de sus instrucciones. Lo pone en la ley», ha declarado Bernabé antes de manifestar que la polémica sobre el cierre del tráfico en las calzadas de titularidad como la A-3 sea del Ministerio de Transportes carece de sentido pues, en una situación como la vivida el pasado 29 de octubre, el texto legal autonómico sobre esta materia «está por encima de cualquier norma».
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En resumen, desde el Gobierno defienden ahora que la activación del Plan Especial contra Inundaciones supuso una excepcionalidad por la que, a partir del momento de su puesta en marcha, eran los responsables de la Conselleria de Justicia e Interior quienes asumían el mando del operativo de respuesta así como las iniciativas de carácter preventivo. Tomando como ejemplos los cortes de carreteras del 29 de octubre, desde el Ejecutivo alegan que tanto los cierres de tráfico de la autovía A-3 en Requena como el mantenimiento de la circulación de esta misma vía estatal a la altura de Chiva corrían a cargo de las decisiones del departamento entonces dirigido por Salomé Pradas. Es decir, las medidas tanto en materia de prevención como de reacción adoptadas sobre cualquier tipo de calzadas, fueran de la titularidad que fueran, correspondían a la Generalitat.
De hecho, la delegada del Gobierno ha interpretado que, cuando se decreta el nivel 0 o 1 por el riesgo de inundaciones, el mando de la gestión recae sobre el director general de Emergencias mientras que cuando este asciende a nivel 2, y aún con el CECOPI operativo, ha apuntado que el máximo responsable del Servicio de Emergencias, en aquel entonces la consellera Pradas, se convierte en la máxima responsable a la hora de adoptar decisiones.
«Mazón, cuando era el líder de la oposición, decía que quien tenía que cortar vías ferroviarias era quien estaba al mando de la emergencia, que como bien saben, era la consellera de Emergencias», ha ejemplificado Bernabé en referencia a lo sucedido con el tren y el incendio de Bejís.
¿Pero qué es y cuándo se activa la situación 2 de emergencia por inundaciones en la Comunitat? Esta fase se decreta cuando las avenidas de agua «superan la capacidad de atención de los medios y recursos locales o, aún sin producirse esta última circunstancia, los datos pluviométricos e hidrológicos y las predicciones meteorológicas, permiten prever una extensión o agravamiento significativo». Es más, Emergencias declara la preemergencia «siempre que AEMET emita la alerta naranja o roja por previsión de lluvias intensas».
Para hacer frente a este tipo de episodios como los que se declararon en un primer término en la zona de Utiel-Requena a las 15.00 horas y que a las 19.30 se extendió a toda la provincia, el Plan Especial contra Inundaciones prevé un apartado para coordinar actuaciones de planes sectoriales, unas medidas para las cuales «normalmente es necesaria su activación» a la hora de gestionar de precipitaciones torrenciales. Entre ellos se encuentra una categoría específica para las carreteras en la que se basa el Gobierno para inhibirse de sus competencias con respecto al corte de autovías sobre el Consell al recoger labores como «la gestión de la información sobre la incidencia de la situación de emergencia sobre los viales (de todas las titularidades) o los cortes de carreteras», entre otras.
Desde el Consell han salido al paso para contrarrestar las declaraciones de Bernabé alegando que la respuesta que da ahora la Delegación del Gobierno «entra en contradicción con la que ofreció el Ministerio del Interior» a este diario y que reprodujo de manera íntegra días atrás: «La lluvia no es un fenómeno meteorológico que impida la circulación de vehículos porque las carreteras están preparadas, construidas, para drenar el agua caída».
Las mismas fuentes comentan que la delegada del Ejecutivo «primero elevó la responsabilidad de no cortar la A-3 a la altura de Chiva diciendo que dependía de los ministerios del Interior y de Transportes. Ahora dice que es responsabilidad de la Generalitat y 24 horas da dos versiones distintas». Este cambio de explicaciones se lleva a cabo, según el Consell, con el objetivo de «esquivar la responsabilidad que tiene como delegada del Gobierno que codirige el CECOPI en situaciones de emergencia».
Cabe recordar que desde el área de Grande-Marlaska también indicaron que sólo se procede al corte de carreteras cuando «se generan balsas de agua que pueden afectar a la circulación», argumento que aprovecha la Generalitat para alegar que el Ministerio «sí se siente competente para cortar las carreteras en situación de riesgo e inundaciones, aunque Bernabé diga que no».
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