¿Es posible que las clases tengan 20 alumnos como máximo?

Además, en la Comunitat Valenciana hay una treintena de localidades donde rige el citado tope, que se aplica, también de forma extraordinaria, cuando ha golpeado con fuerza la crisis de natalidad. Son dos antecedentes a los que se acoge el sindicato docente mayoritario, el STEPV, para forzar al Gobierno valenciano (mejor dicho al que salga de las próximas elecciones autonómicas), a generalizar una medida que goza de consenso entre toda la comunidad educativa, aunque también obliga a asumir importantes esfuerzos para llevarla a la práctica.

La organización sindical ha presentado este miércoles su Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para conseguir que Les Corts apruebe una ley «de adecuación de la ratio máxima a las necesidades del sistema educativo». Tiene hasta el 8 de junio para recoger al menos diez mil firmas (por parte de fedatarios autorizados) como paso previo a que Les Corts debata la propuesta. Sólo con llegar a este paso ya resultaría interesante, pues obligaría a los partidos a posicionarse.

La propuesta es que para Infantil se establezca un máximo de 15 alumnos (25 en la actualidad), subiendo a 20 en Primaria (25), ESO y FP (30) y Bachillerato (35). También se regula la ratio de estudiantes para centros de Especial y primer ciclo de Infantil (8 como máximo) o enseñanzas de Idiomas (20), y se fija como límite que un aula ordinaria acoja sólo a un alumno con necesidades específicas de apoyo educativo, que contará como tres puestos escolares, una manera de facilitar su correcta atención mediante unidades más esponjadas.

Además de los antecedentes citados, el sindicato plantea en la exposición de motivos de la ILP otros argumentos: menos alumnos implica más calidad e interacción con el docente, mejor convivencia y mayor rendimiento; garantiza una atención más personalizada para el alumnado con necesidades (por situaciones de discapacidad o condicionantes socioeconómicos); la caída de la natalidad es una oportunidad para ir avanzando en este sentido y la pandemia ha sacado a relucir problemas de salud mental imposibles de abordar con aulas masificadas.

Limitar las clases a 20 alumnos como máximo plantea interrogantes. ¿Hay profesorado suficiente? ¿Y están todos los centros preparados a nivel de infraestructuras? La respuesta a ambas cuestiones es negativa a priori, aunque también hay soluciones de futuro que pasan, como todo, por realizar las inversiones necesarias.

«La bajada de ratios tiene que ir acompañada de un aumento de la plantilla, aspecto que no se ha negociado todavía, por lo que se mantienen recortes aplicados en la etapa del PP», explica Zulaika Agustí, responsable de organización de las comarcas de Castellón. Se refiere, por ejemplo, a recursos humanos para aplicar desdobles en Secundaria y FP, a especialistas de Primaria (como el profesor de Francés) o a la eliminación de una tutoría en centros de dos líneas, lo que obliga a que exista un grupo que tiene que ser asumido por un especialista, por ejemplo el de Inglés. Por tanto, le falta un docente generalista.

Además recuerda que los recursos extraordinarios que reciben los centros para aplicar planes de refuerzo dentro del Plan de Actuación para la Mejora (PAM) son temporales y pueden cambiar de un año a otro, por lo que reclama que sean definitivos.

«La negociación de las plantillas es algo a lo que siempre se ha comprometido el Botánico pero no llega», añade Marc Candela, responsable de Acción Sindical del STEPV, que destaca que aunque se han producido incrementos en los últimos años todavía no son suficientes, si bien confía en que la negociación se pueda abordar de manera inminente. Además insiste en la necesidad de incrementar el persona de Orientación, Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, esenciales para atender a la diversidad.

La vuelta a las aulas tras la irrupción de la pandemia se hizo con ratios máximas de 20 alumnos por clase (los conocidos grupos burbuja), que desaparecieron en el curso 2021-2022. Para adaptarse a la limitación hubo centros que tuvieron que recurrir a la imaginación para sacar espacio, ocupando bibliotecas, capillas o salones de actos. Lógicamente no sería una opción factible para dar cumplimiento a la ILP.

«El proyecto incluye una disposición transitoria para que sea de aplicación al cabo de tres cursos, y por tanto que los centros se adapten a la bajada. Se puede hacer de muchas maneras, los habrá que podrán ampliar sus unidades si lo necesitan y otros tendrán que buscar alternativas», añade Candela.

Aunque la ILP no entra al detalle, un factor importante en la ecuación es Edificant, el programa de mejora de las infraestructuras públicas que aspira, en el horizonte de 2029, a haber intervenido en el 70% de los colegios e institutos. Y no es necesario hacer una ampliación para ganar un una clase, basta con una adecuación. El problema estaría en los colegios concertados, lógicamente afectados por la ley y que no entran dentro del plan de obras. En estos casos tendrían que asumir sus propias inversiones.

Otra posibilidad está en la propia autorregulación del sistema que se deriva de la admisión de alumnos, que al fin y al cabo pone a disposición de las familias las vacantes que determina la administración.

Si un colegio pasa a ofrecer 20 puestos en lugar de 25 y tiene 30 solicitudes para acceder, habrá diez que se quedarán fuera y deberán atenderse en el resto de centros solicitados, y no cinco como pasaría con las ratios actuales. No es una cuestión baladí. Cuando Educación aplicó las ratios excepcionales en las localidades con baja natalidad, la patronal Escuelas Católicas impugnó la medida ante la justicia al considerar que se podía recurrir a alternativas para esponjar las aulas (como más profesorado para desdoblar aulas) sin tener que restar demanda potencial. O lo que es lo mismo, sin trasvasar alumnado a centros con menos solicitudes.