El PP tumba el intento de blindar por ley la enseñanza en castellano

Era claro el rechazo de los partidos de la oposición -Compromís ha llegado a augurar que implicaría «fulminar» la enseñanza en valenciano- mientras que el PP, pese agradecer el trabajo realizado, ha sustanciado su negativa en que incluye aspectos que escapan de las competencias del Consell e incluso pueden chocar con el Estatuto. Y sobre todo, en que ya están trabajando en una ley propia que se presentará próximamente.

Se cumple así el guion previsto, teniendo en cuenta que ambas propuestas, pese a fundamentarse en ideas similares, son bastantes diferentes. Sin olvidar que es lógico que el gobierno de Carlos Mazón quiera marcar terreno, en el sentido de trasladar el mensaje de que el cambio lingüístico en las escuelas, que es una promesa electoral, parte de ellos y no de una asociación de ámbito nacional.

El pleno de Les Corts convocado este jueves ha incluido el debate de toma en consideración de las cuatro primeras ILPs promovidas al amparo de la ley que aprobó el Botánico en 2017, aunque no se ha podido aplicar al no haberse actualizado, hasta el pasado mes, el reglamento de Les Corts, en el sentido de que no permitía la participación de los ponentes en el debate plenario.

La jornada de este miércoles ha servido para que los promotores defendieran sus iniciativas ante la cámara y para que los partidos fijaran sus posiciones de cara a la votación sobre la admisión a trámite, que se producirá este jueves.

La primera ILP que se impulsó fue la proposición de ley sobre libertad de elección de lengua de Hablamos Español, que además alcanzó la mayor cifra de firmas: más de 36.000. En síntesis, plantea que se debe garantizar que cualquier familia o alumno mayor de edad pueda estudiar en su lengua materna, sea castellano o valenciano, siempre que exista una demanda mínima de 25 estudiantes en la localidad. En caso contrario, estos podrían ser escolarizados en otros centros de su preferencia y utilizar los materiales curriculares en la elegida. Blindar el derecho a comunicarse con la administración en ambas lenguas oficiales, suavizar la exención, recuperar la toponimia y la rotulación de espacios bilingüe son otros aspectos de la propuesta.

La ILP se presentó en diciembre de 2019 en un contexto político distinto, con el Consell en manos del Botánico y con su ley de plurilingüismo, que promovía la prevalencia del valenciano como lengua vehicular y permitía programas experimentales sin español en Infantil, empezando a desplegar efectos. Era, de hecho, una enmienda a la totalidad a la política lingüística de Compromís y PSPV.

La encargada de defender la propuesta ha sido Gloria Lago, la presidenta de la organización. «El propósito de nuestra ley es dar una solución duradera acorde a los principios democráticos y respetuosa con los derechos de todos», ha empezado, antes de defender que en los países con varias lenguas oficiales «existe un modelo de opción lingüística». También ha dicho que la inmersión obligatoria «es una aberración pedagógica» y que si no se estudia en lengua materna «se resiente la adquisición de contenidos y el registro culto».

La diputada de Compromís Nathalie Torres ha definido la proposición como «inmundicia legislativa», señalando además que acababa con «los consensos mínimos alcanzados en los últimos cuarenta años», en referencia al Estatuto de Autonomía y la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano. De hecho su grupo ha sido el único que ha tomado la palabra en el turno de posicionamientos en contra.

Jose María Llanos, de Vox, ha dicho que la ILP coincide con la Constitución y el Estatuto «porque está hablando de libertad y de igualdad, una filosofía que también es la del partido», por lo que se apoyará la iniciativa, mientras que desde el PSPV, José Chulvi ha avanzado a Lago su voto en contra argumentando que todas las leyes anteriores hablan o han hablado de que los alumnos deben «expresarse con fluidez y corrección en las dos lenguas oficiales», alegando además la «locura organizativa» que supondría su implementación y que el valenciano «debe aprenderse en las escuelas» teniendo en cuenta su consideración de lengua minorizada a nivel social.

Por parte del PP ha intervenido Eduardo Dolón, que ha empezado diciendo que la ley de acompañamiento de 2024 ya recoge algunas ideas de la propuesta (permite eliminar el valenciano de cualquier asignatura no lingüística en zonas castellanohablantes), aunque ha destacado que «hay artículos que podrían no estar alineados con nuestro Estatuto y competencias propias, aspectos que harán que el PP no dé su apoyo». A continuación ha querido «tranquilizar» a la ponente, diciéndole que el Consell «ya está trabajando para que la libertad educativa llegue a todos los valencianos con una proposición de ley». Esta propuesta, que sustituirá el modelo heredado del Botánico, determinará que la lengua principal de enseñanza de un centro se base en una consulta entre todas las familias. Lago le ha replicado que esto supondrá una «semichapuza» y un sistema de «imposición parcial».