Primer proceso por la pandemia: a juicio civil las 74 muertes por covid de la residencia de Alcoi

El juicio comenzará el próximo 19 de febrero en Alcoi. Los afectados han procedido por la vía civil y no penal. En este sentido, fuentes de la asociación han explicado que han acudido a este procedimiento porque según su abogado por la penal es más complicado ya que habría que probar la intencionalidad, lo que no es sencillo.

En este sentido, Josele García, portavoz de la plataforma de afectados, ha destacado que por la vía civil tienen que pedir unas indemnizaciones «pero lo importante no es el dinero. Queremos saber qué pasó». Los precedentes también desaconsejan proceder por lo penal, han explicado. Y es que en otras regiones de España, la fiscalía ya ha tumbado diversas demandas por tragedias similares a la sufrida en Alcoi.

Solo 46 de los afectados han formado parte de la reclamación, representando a 18 usuarios fallecidos. Eso deja en el limbo a otros 56 allegados, que han decidido mantenerse al margen del proceso. Según explica Josele García, «muchas personas no tenían la capacidad económica para hacer frente a los gastos judiciales y no han presentado demandas».

Por esta razón, el portavoz de las familias ha lamentado que la administración no se haya implicado más en el conflicto. «Pedimos que se creara una comisión de investigación en Les Corts Valencianes pero ningún partido la apoyó y ninguno de ellos se ha dignado a explicarnos la razón por la que no se montó esta comisión», ha resaltado Josele García que ha reiterado que más allá de la indemnización la verdadera intención de los implicados «es saber qué ocurrió en esa residencia donde fallecieron el 53% de los residentes en unas pocas semanas». Y reiteran que ya casi se han cumplido los cuatro años de los hechos sin conocer qué es lo que realmente sucedió.

Por otro lado, García ha destacado que tardó un año en saber que no iba a haber una comisión de investigación por lo que considera que ha habido opacidad y connivencia con la empresa. En la misma línea, el portavoz de la plataforma ha resaltado que «no nos ha llegado la información necesaria desde las consellerias«. Recalca también que »nos han pasado los protocolos que si se hubieran aplicado en la residencia no se habrían registrado tantos fallecimientos».

García ha señalado que durante el proceso se han conseguido enterar de algunos datos más estremecedores como que en apenas dos semanas se contabilizaron 56 muertes en este establecimiento.

Además, ha destacado que porcentualmente puede ser la residencia de ancianos en la que más muertes se produjeron en España durante la primera ola del Covid. En la misma línea, el portavoz ha asegurado que «la empresa nos negó información sobre lo que ocurrió allí. Ahora se la ha demandado el juez y esperemos que DomusVi la entregue».

En este sentido ha reiterado que los familiares están a expensas de que se pueda acceder a la información «para demostrar que lo que ocurrió allí no fue una casualidad». Ha añadido que «todos esos datos los maneja la empresa y las consellerias de Igualdad y Sanidad y estamos a la espera de que nos lo faciliten». Fuentes de la plataforma lamentaron la escasa voluntariedad de la administración para esclarecer lo ocurrido

Pero no tiene muchas esperanzas y, de todas formas, considera que «se pudo producir una mala praxis. Puede que no se hicieran las cosas tal y como estaba previsto«. Por todo ello, solicitaron la ayuda a la gerencia del área de salud. García ha añadido que «murió mucha gente y se hizo caso omiso de sus reivindicaciones».

Desde la empresa DomusVi lamentaron los fallecimientos y destacaron que la compañía «confía en el curso de la justicia y muestra en todo momento su máxima colaboración con las autoridades, así como su diálogo con los residentes y sus familiares».

También precisaron que desde la pandemia, la firma «ha implementado más medidas de control y herramientas de monitorización en sus residencias con el objetivo de evitar que se repitan las situaciones que se vivieron en estos centros de todo el mundo hace cuatro años».

Fuentes de la empresa recordaron que cuenta con una plantilla de 28.000 profesionales y «es la compañía del sector más protocolizada y con mejores mecanismos de control en todos sus centros residenciales: para que éstos sigan siendo hogares para el cuidado de personas mayores y dependientes en entornos sociales activos».

Josele García tiene claro que «algo tuvo que pasar porque murieron 74 personas en poco más de un mes». «Queremos saber si se tomaron las decisiones adecuadas», ha explicado el portavoz. En la misma línea, ha indicado que «no pedimos penas de cárcel porque es muy difícil probar la voluntariedad de hacer daño». Además, el afectado ha indicado que a la hora de ingresar al familiar se firma un contrato en el que cada una de las partes tiene sus responsabilidades «y debe cumplirlas».

La plataforma de familiares se constituyó unos pocos meses antes de la pandemia. Con ella ya denunciaron las carencias asistenciales y de personal del centro, pero sin que ello les preparara para la muerte de más de la mitad de los usuarios.

La Conselleria de Igualdad impuso a la empresa una multa de 40.000 euros a finales de 2020 por una infracción a la ley valenciana de Servicios Sociales con relación a las ratios de personal.

Durante la pandemia las muertes en las residencias de ancianos se dispararon. Estos centros registraron a fecha de 31 de octubre de 2021 más de 30.680 fallecimientos a causa de la pandemia de covid. En la Comunitat se registraron 1.769 decesos.