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El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) se tendrá que pronunciar en los próximos meses sobre si es legal impedir que un estudiante haga sus exámenes en castellano aunque la asignatura en cuestión se le haya impartido en valenciano.
El fallo del tribunal llegará a raíz de los dos primeros recursos judiciales presentados por la asociación Hablamos Español en nombre de otros tantos alumnos que pidieron acogerse a esta posibilidad, tanto a sus respectivos centros como a la propia administración autonómica, que se la denegó.
Uno de los estudiantes cursa sus estudios en Cheste, y su situación saltó a los medios el pasado abril tras denunciar que se le había penalizado en varias pruebas por responder en castellano en lugar de en valenciano. También lamentó que no se hubiera atendido su solicitud de disponer de los exámenes en su lengua materna y poder utilizarla en las respuestas. De ahí que elevara la petición a la Dirección General de Ordenación e Innovación, que acabó rechazando el recurso de alzada presentado.
El Diari Oficial de la Generalitat publicó el viernes la resolución en la que se da cuenta del traslado del expediente al juzgado número 4 de lo contencioso-administrativo de Valencia, informando además de que la Abogacía de la Generalitat se personará en defensa de la postura de la conselleria.
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El estudiante, con el que ha intentado contactar LAS PROVINCIAS, ha preferido no hacer declaraciones tras dejar el caso en manos de los servicios jurídicos de la entidad. Desde Educación, por su parte, explican que al tratarse de una cuestión judicializada «no corresponde a esta conselleria hacer ninguna valoración o comentario».
«El recurso ante el tribunal es una parte más del procedimiento. Al alumno se le negó la petición formal de utilizar el español en las pruebas orales y escritas, y no ha sido el único», explica la presidenta de Hablamos Español, Gloria Lago, que añade que de manera paralela a este caso se presentó un recurso similar en nombre de otro estudiante, también de Formación Profesional.
A finales de 2020 la entidad puso en marcha una campaña para que las familias interesadas solicitaran a sus centros la posibilidad de que los exámenes de las asignaturas no lingüísticas (es decir, todas menos Lengua Castellana, Lengua Valenciana y las de idiomas extranjeros) pudieran realizarse en castellano, facilitando un modelo de escrito que recogía diferentes argumentos jurídicos.
«Hemos conseguido que bastantes puedan ejercer su derecho porque en sus escuelas han sido razonables, entendiendo que al alumno no se le puede prohibir el uso de una lengua con la que se expresa mejor y que lo importante es el aprendizaje de los contenidos», añade Lago. «Y hemos recurrido cuando desde el centro y también desde la administración se les ha negado. Nuestro objetivo es conseguir que una instancia superior se pronuncie», continúa, en el sentido de que un fallo favorable facilitaría el camino a las familias interesadas, evitando tener que agotar la vía administrativa e incluso la judicial. Lago añade que si no consiguen el aval del TSJCV acudirán al Tribunal Supremo. «Estamos completamente seguros de que ese derecho no se le puede negar a un alumno», sentencia.
A finales de 2021 la Conselleria de Educación envió una circular a los centros educativos -'Consideraciones sobre la lengua vehicular'- que Hablamos Español vincula con su campaña de asesoramiento.
El documento trasladaba a los equipos docentes una postura completamente contraria, destacando que la lengua de la asignatura «forma parte del proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado y afecta al uso oral y escrito, incluidas las pruebas de evaluación», por lo que había que considerar que las intervenciones en clase, las actividades, los trabajos o las pruebas «también conforman la evaluación final del alumnado», de ahí que la actividad diaria de la materia debía pivotar sobre la lengua elegida para impartirla.
El modelo de reclamación diseñado por la organización plantea que los poderes públicos sólo pueden obligar en este sentido a los docentes, pero «no están facultados para imponer el uso de una determinada lengua oficial a los alumnos (la parte discente)», salvo en los casos de áreas lingüísticas. Algo que también afecta, por ejemplo, a la elección de los materiales didácticos, como los libros de texto.
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