Los casos de abusos sexuales a menores es una lacra que va en aumento, al menos si se tiene en cuenta el creciente número de denuncias y de personas inscritas en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, lo que ha obligado a que cerca de 20.000 profesionales valencianos que ejercen una actividad en contacto habitual con niños hayan tenido que presentar un certificado que acredita que no han cometido delitos relacionados con esta materia.
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En concreto, sólo el pasado año se interpusieron 681 denuncias por abusos sexuales a menores en la Comunitat, como avanzó LAS PROVINCIAS el pasado 23 de septiembre, lo que supone un aumento cercano al 80% desde 2010, según recordó el jueves Save the Children. Casos como el registrado esta semana en Castellón, donde la Guardia Civil detuvo a un hombre por ofrecer dinero a una menor para obtener favores sexuales y someterla a tocamientos; o el de otro sujeto, que se enfrenta a 35 años de cárcel por abusar de tres internas en el antiguo centro de menores de Monteolivete, han puesto de nuevo el foco en las medidas impulsadas para tratar de proteger a uno de los colectivos más vulnerables.
5.692 valencianos aparecen en el Registro de Condenados por Delitos Sexuales hasta el 31 de agosto
681 denuncias por abusos sexuales a menores se interpusieron en la Comunitat el año pasado
Y, precisamente, con este objetivo, el de salvaguardar a los más pequeños, se creó el denominado Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, un documento que permite acreditar la carencia de este tipo de delitos; y que resulta necesario para aquellos profesionales que realicen una actividad que implique contacto habitual con menores, como puedan ser profesores, entrenadores deportivos o monitores. En el caso de la Comunitat, según los datos proporcionados por el Ministerio de Justicia a este periódico, son ya 19.130 los residentes que lo han solicitado, bien de forma presencial o a través de la plataforma de intermediación de datos, ambas referentes a la Gerencia Territorial de Valencia. Frente a ello, también existe el bautizado como Registro Central de Delincuentes Sexuales, en el que se incluyen los datos de la identidad y del perfil genético de las personas condenadas mediante sentencia firme por los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales y trata de seres humanos con fines de explotación sexual, incluida la pornografía.
El servicio de atención telefónica a la infancia 116111 de la Generalitat ha recibido 1.314 llamadas de niños y adolescentes y 650 de personas adultas en el primer semestre del año. Las problemáticas más atendidas son las referentes a la violencia ejercida hacia un niño o adolescente. Así un 46,8% de las llamadas realizadas por menores respondían a esta casuística, mientras que en el caso de las de adultos, representaban el 58,9% de las consultas. Estas situaciones de violencia engloba cualquiera de sus formas, es decir, maltrato físico, psicológico o institucional, abandono, abuso sexual, agresiones, violencia de género, violencia escolar, ciberacoso o que el menor haya sido echado de casa.
La directora general de Infancia y Adolescencia, Rosa Molero, explicó ayer que el objetivo principal del servicio, gratuito y con un horario ininterrumpido de 24 horas al día, es «centralizar las llamadas telefónicas que denuncien o pongan de manifiesto presuntas situaciones de riesgo o desamparo de niños y adolescentes». El servicio está atendido por un equipo de profesionales de la psicología especializados con el mundo de la infancia, que ofrecen la información pertinente, reorientando la situación o derivándola a los organismos competentes para su investigación o intervención. También facilita información sobre los recursos, programas y servicios dirigidos a las familias y a la infancia. Molero destacó la importancia de estas atenciones porque, en la mayoría de los casos, un niño necesita realizar varias llamadas antes de comenzar a contar a las personas profesionales que les atienden lo que realmente les preocupa o les está ocurriendo».
En el caso de la Comunitat, y hasta el 31 de agosto de este año, se contabilizan 5.692 inscritos en este registro, unos 650 más que los que aparecían en marzo de 2016, momento en el que se puso en marcha la iniciativa. Por tanto, en este periodo de algo más de dos años, el número delincuentes sexuales en la Comunitat se ha incrementado entorno a un 12%. Este registro, por tanto, se trata de un mecanismo que facilita la prevención, la investigación y persecución de estos delitos, y pretende evitar que quienes sean condenados en sentencia firme puedan realizar actividades o ejercer profesiones u oficios en contacto con menores.
En relación a las cifras detalladas por autonomías, desde el Ministerio de Justicia quisieron explicar que éstas son aproximadas, no exhaustivas. «Es imposible tener el dato exacto del certificado de delincuentes sexuales por provincias porque los ciudadanos pueden solicitarlo por muchas vías (presencial, electrónica o por gerencias territoriales, por ejemplo) y no tenemos constancia de todas ellas», apuntaron. Por ejemplo, una persona puede haberlo solicitado por ordenador desde un domicilio de Valencia y a Justicia no le consta que lo haya llevado a cabo desde allí, puesto que esa persona puede estar en la ciudad de paso, haber nacido en otra localidad y que la capital del Turia no figure en ninguno de sus documentos, por lo que no puede ser computado dentro de ámbito de la Comunitat a ciencia cierta. También podría haberlo solicitado en el registro correspondiente a otro autonomía.
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Por tanto, los datos más exactos que maneja el ministerio son los globales del territorio nacional. Así, el número total de certificados emitido asciende a 1.144.381, de los que 300 han sido positivos, es decir, sí han sido condenados por un delito sexual, lo que supone apenas el 0,03%. Del total de certificados, 585.294 se realizaron a través de la plataforma de intermediación de datos, 288.692 en la sede electrónica del ministerio, 28.561 a través de la carpeta ciudadana y 241.834 fueron presenciales.
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