Profesores de la concertada acumulan tres meses sin cobrar

El sindicato Fsie CV denunció ayer los retrasos que se están produciendo en el abono de los salarios de algunos profesores que prestan servicios en colegios concertados, fundamentalmente nuevas incorporaciones y profesionales contratados para tareas de refuerzo. La organización, mayoritaria en la red, criticó que las demoras alcanzan hasta los tres meses -por lo que no han cobrado desde el inicio del curso- y las vinculó con la falta de medios humanos en la conselleria para garantizar la correcta tramitación de las nóminas.

El sindicato señaló que en los casos más extremos «la situación se está volviendo insostenible» e instó a Educación a incrementar la plantilla que asume estas gestiones administrativas, al considerar que se trata de un problema «crónico». Cabe recordar que también suelen producirse incidencias de este tipo en la tramitación de las nóminas de los interinos de la red pública durante el arranque del curso.

Fuentes de la organización señalaron que los mayores retrasos -se adeudan las nóminas de septiembre, octubre y noviembre- afectan a profesores contratados por primera vez en este ejercicio, por ejemplo para cubrir una sustitución, así como a aquellos que asumen tareas de los Planes de Actuación para la Mejora (PAM), que consisten en facilitar refuerzos a estudiantes con más dificultades para progresar. Además, hablaron de problemas en la actualización de determinadas nóminas, por ejemplo, tras reconocerse un complemento de antigüedad.

Por su parte, Educación destacó que se trata de casos puntuales que vincularon con la cantidad de ampliaciones de jornada aplicadas este curso, lo que ha supuesto «multiplicar el número de contratos a modificar» y una mayor carga de gestión. Además añadieron que se está regularizando la situación para que «se cobren ya las nóminas actualizadas y las cantidades pendientes».

Por otro lado, la reforma educativa del Gobierno ha provocado la reacción de parte del colectivo de profesores técnicos de FP.La Lomloe prevé que aquellos que disponen de un título universitario de grado o equivalente puedan acceder al cuerpo de Secundaria, lo que implicará una mejora salarial y de otras condiciones laborales. Sin embargo, esta opción quedará vetada para los que carecen del citado nivel formativo, aunque acumulen décadas de experiencia en las aulas y sí dispongan de títulos oficiales de Formación Profesional.

En los últimos días los afectados han empezado a movilizarse, por ejemplo enviando emails a los senadores para tratar de modificar esta disposición durante el trámite parlamentario. Consideran además que la regulación limitará sus opciones de acceder a las aulas pese a que su perfil técnico encaja con las políticas de fomento de la FP.

Por su parte, el sindicato Stepv lamentó que se queden «en un limbo» y ha pedido a los partidos que busquen una salida «que no pase necesariamente por declararlos como un cuerpo a extinguir». Para la organización, esto imposibilitará nuevas incorporaciones a las bolsas de trabajo de profesionales con este perfil.