Las promesas incumplidas del agua

Las infraestructuras hídricas pendientes o las ya construidas pero que están prácticamente paralizadas suman cerca de mil millones de euros. Ahora la administración apuesta por la llegada de los fondos de recuperación de la Unión Europea tras la pandemia para hacer frente a estas necesidades.

Sólo el trasvase Júcar-Vinalopó, que continúa prácticamente inactivo, supuso una inversión cercana a los 300 millones. A esta cantidad hay que sumar los 100 pendientes para la modernizacíón de regadíos en la ribera del río Júcar.

Cuatro desalinizadoras están también funcionando bajo mínimas tras una inversión de 230 millones. A esta cantidad hay que sumar diversas infraestructuras hídricas pendientes en la Comunitat por más de 200 millones.

A todo ello hay que sumar los daños económicos que supondrá el recorte del trasvase Tajo-Segura que supone una aportación al PIB de más de 3.000 millones de euros anuales.

Modernización pendiente

El Plan del Júcar de 1998 incluyó la modernización de los regadíos de la provincia de Valencia como una obra prioritaria. Casi 25 años después las inversiones siguen pendientes.

Con la firma del convenio de Alarcón en 2001 la administración se comprometió a sufragar estas obras antes de 2009. Otra promesa incumplida. La ejecución de esta infraestructura, que supone la implementación del riego por goteo en los regadíos de la Ribera, se encuentra al 50% y falta la inversión de cerca de un centenar de millones de euros.

Frente a la escasa dotación para estas obras, la Confederación Hidrográfica del Júcar, tal y como ha publicado LAS PROVINCIAS, ha acelerado las inversiones en los regadíos de La Mancha Oriental con 61 millones para acabar así la obras de sustitución de bombeos.

Estas actuaciones han sido consideradas como un agravio por parte de los regantes que exigen cuanto antes la finalización de las obras en la modernización de los regadíos.

300 millones paralizados

La transferencia hídrica fue concebida para paliar las necesidades hídricas de los regantes del Vinalopó. La primera piedra se puso en 2002 y las obras finalizaron en 2014. Han pasado ocho años y continúa prácticamente inactivo después de una inversión cercana a los 300 millones de euros.

El principal problema para su puesta en marcha son las desavenencias entre los regantes y el Ministerio para la Transición Ecológica sobre los costes del agua. Y así llevan varios años.

Desde el primer momento la obra nació rodeada por la polémica. La actuación sufrió un retraso después de que el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero cambiara la toma de forma unilateral. La conducción fue concebida para que trasvasara 80 hectómetros cúbicos anuales y con ello evitar la utilización de los acuíferos del Vinalopó ya sobreexplotados.

La construcción se vio envuelta en varias polémicas. Quizá la más destacada fue que una de las principales infraestructuras de la conducción, el embalse de San Diego, se ejecutó con filtraciones que han impedido su utilización. La reparación ascenderá a más de 20 millones de euros.

Una sentencia de muerte

El Gobierno tiene previsto aprobar en el Consejo de Ministros de mañana martes el recorte de 80 hectómetros anuales al trasvase Tajo-Segura que aporta anualmente 3.000 millones de euros al PIB español y además supone 4.000 empleos sólo en la provincia de Alicante.

La decisión del Ejecutivo se ha tomado con el rechazo explícito de todos los regantes que consideran que es una sentencia de muerte contra esta transferencia que lleva funcionando desde hace 40 años.

Los regantes ya se han movilizado en Madrid en protesta por este recorte pero el ministerio no ha hecho ningún caso a sus reivindicaciones.

Unas obras sin conexiones

El Programa Agua de 2004, lanzado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero para sustituir las aportaciones de agua previstas en el derogado trasvase del Ebro, planteó la construcción de varias desalinizadoras.

Han pasado casi dos décadas y desde entonces tan sólo una, la de Torrevieja, funciona con cierta normalidad. Las otras continúan a medio gas con una producción de agua casi testimonial.

La planta de Mutxamel constó cerca de 90 millones de euros y prácticamente no ha funcionado. Entró en servicio en 2020 suministrando 5 hectómetros de los 18 para los que tiene capacidad.

Las de Moncófar y Oropesa, que supusieron una inversión de más de 100 millones de euros, están a un nivel muy bajo de producción. Las previsiones para este año son que entre las dos produzcan 5 hectómetros cúbicos cuando su capacidad máxima es de 28.

La desalinizadora de Torrevieja se encuentra al 20% de su capacidad de producción y el Ministerio para la Transición Ecológica espera contar con fondos europeos para ampliar su capacidad de producción hasta los 120 hectómetros cúbicos con una inversión de 54 millones.

El problema de todas estas instalaciones es que no tienen clientes. Los regantes muestran recelo por la escasa calidad del agua para regadíos. Pero el mayor inconveniente es que las plantas no están conectadas para llevar los recursos a municipios e industrias y su ejecución incrementará aún más el coste.

Nuevas conducciones

El Ministerio para la Transición Ecológica ha incluido varios proyectos pendientes en la petición de los fondos europeos que España recibirá para superar la crisis originada por la pandemia.

Uno de ellos es la reparación y cubrición del canal que lleva agua desde Tous hasta las potabilizadoras que abastecen de agua potable a Valencia que supone una inversión de 140 millones.

Otros proyectos pendientes a ejecutar corresponden a la construcción de varias depuradoras por valor de más de 60 millones de euros (en Torrente, Oliva y una tercera en algún lugar por determinar en el Baix Vinalopó).

Inversiones de 125 millones

La Albufera ha sido una gran olvidada. Con los fondos europeos se espera que lleguen 100 millones para acometer dos de las grandes obras pendientes: la ampliación del colector oeste y la ejecución de una nueva depuradora en Alcásser.

Sigue pendiente la conclusión de los tanques de tormenta en la Pista de Silla para evitar la llegada de aguas residuales al parque. Supone una inversión cercana a los 40 millones de los que 17 se ejecutarán en año y medio.