Los propietarios critican la norma por limitar el alquiler de pisos a sólo 10 días

Sanjaime recordó que la consellera de Turismo, Nuria Montes, «fue la portavoz de la patronal hotelera Hosbec antes de recalar en el Consell». De hecho, según el presidente de Avaec, Montes ha elaborado un texto normativo «que de ningún modo aborda la cuestión del turismo de masas ni ofrece soluciones reales». Al respecto, lamentó la «hipocresía» del Gobierno respecto del turismo. «Por un lado dicen que quieren regular, pero por otro siguen permitiendo la apertura de plazas hoteleras, la compra de edificios enteros para apartamentos turísticos y exigiendo la ampliación del aeropuerto de Valencia», apuntó Sanjaime.

En este sentido, desde Avaec señalaron que se establecen requisitos para el ejercicio de la actividad «mucho más rigurosos si se comparan con otros alojamientos turísticos y, además, no se justifican en razones de imperioso interés general».

El presidente de Avaec incidió en el punto que regula que las viviendas turísticas sean aquellas que sean arrendadas por un tiempo de diez días o menos de forma continuada a un mismo arrendatario: «Es una burrada porque podría suponer la exclusión del sector una parte de alquileres vacacionales».

Según esta entidad, las consecuencias pueden ser «nefastas» para aquellas personas que se saldrían de la normativa turística y no tendrían título para el ejercicio de la actividad turística. Otro de los puntos que criticados por Avaec fue la renovación de la inscripción en el registro de Turismo, «porque pone fecha de caducidad al sector, impidiendo su crecimiento a costa de otras modalidades de alojamientos turísticos».

Sanjaime explicó que el régimen transitorio de validez de la inscripción, que afecta a aquellas viviendas de uso inscritas en el Registro de Turismo con posterioridad a la entrada en vigor de la ley del Turismo, «infringe el principio de seguridad jurídica y confianza legítima y manda un claro mensaje a los inversores de que el ordenamiento jurídico en la Comunitat no es confiable».

En cuanto a las normas de diseño y calidad aplicables a las viviendas de uso turístico y a las exigencias de seguridad y accesibilidad, Sanjaime explicó que desde Avaec están de acuerdo con que se deben cumplir unos parámetros mínimos que garanticen la calidad de los alojamientos. Un aspecto que· se ha venido cumpliendo de forma satisfactoria mediante la previsión de una serie de requisitos mínimos que han venido acompañando los sucesivos desarrollos reglamentarios«, según el presidente.

«Ahora bien, que existan VUT que no cumplan con esos requisitos mínimos, y que puedan constituir una infravivienda, no puede llevar a adoptar una medida generalista», agregó. Por ello, solicita que se constituya una comisión técnica «que analice la incidencia real de una medida de tal calado».

Por ello, afirmó que las medidas adoptadas «suponen una restricción a la competencia, al restringir la oferta de VUT, lo que favorece los intereses de otras modalidades de alojamientos, especialmente, a los establecimientos hoteleros, cuyos intereses ha representado la Consellera en los últimos 30 años».

En cuanto al proceso de participación en la elaboración del decreto ley, Sanjaime indicó que Avaec se mostró agradecida por la oportunidad de realizar propuestas si bien, «se advirtió de que no existían razones de urgente necesidad que justificaran que la regulación no se pudiera abordar por los cauces ordinarios». «Se ha perdido una oportunidad de oro para dignificar al sector», sentenció.

Finalmente, Sanjaime lamentó «la falta de prudencia de otras asociaciones que han ofrecido su apoyo al ejecutivo valenciano en la presentación del decreto ley el pasado 1 de agosto de forma pública y notoria, sin haber analizado el texto definitivo»: «Su connivencia con el Consell ha favorecido un texto que estigmatiza al sector».

Desde ViuTur, la otra patronal de pisos turísticos, sí se mostraron satisfechos con el resultado final del decreto «puesto que dota de seguridad jurídica a quienes operan legalmente y es una herramienta para eliminar la oferta ilegal del mercado».