LAS PROVINCIAS con la Albufera

La identidad de un pueblo no sólo se conforma a través de las tradiciones, la historia y la cultura compartida. El territorio, el paisaje, es también un elemento sustancial a la hora de definir un colectivo humano, el pegamento que une emocional y sentimentalmente a las personas con su medio rural o urbano. Valencia tiene en la Albufera una seña diferencial, un hábitat único, un lago de 2.300 hectáreas rodeado en tres de sus cuatro lados por arrozales y separado del mar por otro ecosistema de un extraordinario valor medioambiental como es la Devesa de El Saler. Y todo ello a apenas diez kilómetros de una ciudad de 800.000 habitantes y con otros municipios, urbanizaciones, polígonos industriales, infraestructuras y equipamientos en su entorno, algo completamente inusual en España. Pero este conjunto natural tan querido para los valencianos y al que cualquiera recurre cuando trata de recordar y poner forma a su tierra, a sus orígenes, está hoy gravemente amenazado, hasta el punto de que algunos expertos no dudan en poner fecha de caducidad a la vida de la laguna. El escenario de la icónica 'Cañas y barro' puede acabar siendo sólo una imagen del pasado de no actuar con prontitud.

Si la proximidad a áreas residenciales e industriales lo convierte en un espacio único y muy delicado, esta ubicación geográfica es también el motivo de gran parte de sus males y la mayor causa de preocupación de cara a su ineludible conservación. Los vertidos sin control, los aterramientos y la escasez de agua han ido acabando con la vida natural de la Albufera y degradando la calidad de su agua, por lo que en la mayor parte de su superficie presenta en la actualidad un aspecto verdoso como resultado de un proceso de eutrofización. Como tantos otros espacios, la Albufera es un hábitat natural que no puede subsistir sin la intervención humana mediante el aporte del agua que necesita. Pero es también la acción del hombre la que está acabando con un patrimonio de todos los valencianos.

Declarado todo el conjunto (21.120 hectáreas) parque natural en 1986, la protección jurídica ha servido para atajar amenazas que ponían en peligro la esencia misma del humedal pero no ha sido el instrumento dinamizador de las políticas activas de recuperación que cabía esperar y que precisaba un espacio que por entonces ya presentaba claros síntomas de degradación ecológica. Treinta y tres años después, la Albufera sigue sin un plan de usos -lo cual ya muestra un evidente desinterés oficial- y en los presupuestos de la Generalitat y del Ayuntamiento de Valencia (propietario del lago) apenas se destinan fondos para proyectos y actuaciones.

Y sin embargo, he aquí la auténtica emergencia climática de Valencia. Los discursos de los dirigentes políticos de la Comunitat inciden mucho últimamente en llamar la atención sobre los desafíos medioambientales a los que nos enfrentamos, en consonancia con una tendencia planetaria que ha logrado colocar en el centro del debate el futuro de nuestra sociedad a partir de la constatación del imparable incremento de las temperaturas medias debido a las emisiones de CO2, un calentamiento que está provocando el deshielo de los polos y que amenaza en primer lugar a las zonas costeras. La Generalitat cuenta ya con una conselleria que en su denominación remite directamente a la alarma que se ha encendido en prácticamente todos los países del mundo. Pues bien, en la Albufera está el gran reto para los próximos años, la prueba que han de superar unas administraciones que deben pasar de las declaraciones vacías de contenido a los hechos concretos, bajar de lo global a lo local, como impone el credo ecologista más sensato.

La Albufera necesita agua y reclama un dragado que sanee un fondo que durante siglos ha estado recibiendo el aporte de acequias y barrancos sin ningún tipo de depuración, con residuos procedentes de industrias y viviendas. Sin agua, el lago está condenado a la extinción. El problema, la verdadera dificultad, es decidir de dónde debe recibir un bien tan preciado como escaso. Porque la Confederación Hidrográfica del Júcar tiene que atender las necesidades de los núcleos de población y de los agricultores, entre ellos los que cultivan unos arrozales que también son parque natural y que forman parte inseparable del ecosistema. Hay, por tanto, que tratar de buscar soluciones que satisfagan a todas las partes implicadas, intentando minimizar el número de perjudicados, y que indaguen en alternativas que ya están apuntadas en planes que por causas no explicadas y desde luego no justificadas aún no se han llevado a la práctica, como el que prevé reutilizar para el lago las aguas recicladas en la depuradora de Pinedo, donde se tratan los vertidos de la ciudad de Valencia.

Este es, y hay que insistir en ello, el mayor desafío al que se enfrenta el parque natural, el de conseguir agua para que la Albufera siga siendo la Albufera, un lago en el que se pueda navegar en sus típicas barcas y en el que sea posible algún día volver a pescar como Blasco Ibáñez narró en sus famosas novelas. Es aquí donde las administraciones públicas competentes deben centrar sus esfuerzos y no en la innecesaria transformación de una autovía en un bulevar, un proyecto caprichoso y poco estudiado que desatiende las necesidades de la población que vive dentro del parque, como los residentes en El Palmar. El problema de la Albufera no es la autovía. Es ahora cuando los responsables políticos deben dejar constancia de que, más allá de las buenas palabras, la Albufera forma parte de su agenda y está incluida en el capítulo de asuntos urgentes, prioritarios e inaplazables.

Pero también es necesario trascender el estricto marco autonómico para hacer de esta emergencia climática valenciana una cuestión española. Habría que estudiar la posibilidad de que la Albufera pasara a ser un parque nacional, como ya lo son Doñana o las Tablas de Daimiel, otros de los grandes humedales de la península Ibérica. El Gobierno central ha de implicarse activamente en la salvación y en la recuperación de un patrimonio natural amenazado y al que le pueden quedar sólo unos pocos años de vida si no se actúa cuanto antes. Y debe luchar por conseguir fondos europeos para abordar todos los proyectos pendientes, desde el dragado del fondo a la construcción de la red de colectores, alcantarillado y depuradoras en toda el área metropolitana de Valencia que acabe con los vertidos incontrolados.

Para un periódico como LAS PROVINCIAS, con ciento cincuenta y tres años de presencia en la vida de los valencianos, el preocupante estado de la Albufera es algo más que un grave problema ecológico. Es un signo de identidad en peligro, una causa ciudadana, un motivo más que justificado para llamar a una movilización social que fuerce a los dirigentes políticos a tomar conciencia de la enfermedad que sufre el lago. Valencia tiene en la Albufera una emergencia climática ante la que no cabe desentenderse. Y como ya hizo en los años sesenta y setenta del siglo pasado cuando El Saler se vio amenazado por una macrourbanización o cuando sobre el viejo cauce del Turia se dibujaba el proyecto de una autopista urbana, LAS PROVINCIAS se pone al lado de la Albufera para en primer lugar destacar su inmenso valor y a continuación alertar a toda la sociedad acerca del gran riesgo que corre.