Seis municipios valencianos no podrán recalificar suelo ni construir tras la dana

Las localidades de Paiporta, Benetússer, Sedaví, Massanassa, Alfafar y Llocnou de la Corona, todas ellas enclavadas en la comarca de l'Horta Sud, tendrán bloqueados los proyectos urbanísticos tras haber quedado sepultado bajo el lodo toda su superficie municipal como consecuencia del desbordamiento del barranco del Poyo. Otras poblaciones como Picanya, Beniparrell, Xirivella, Quart de Poblet o algunos polígonos industriales como los de Riba-roja también se vieron gravemente afectados. Más al sur, en el transcurso del Magro por la Ribera, Algemesí o Sollana fueron los pueblo que más extensión de terrenos tuvo afectada por la escorrentía.

El motivo fundamental de los altos índices de destrucción causados por esta rambla reside en la falta de infraestructuras hidráulicas de retención y control de avenidas que debía haber ejecutado el Gobierno central a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Es más, la vuelta de los permisos de edificación en los citados municipios, con una superficie total superior a los 22 kilómetros cuadrados, quedará condicionada a que el ente de la cuenca acometa dichas obras.

Ante esto, el Consell ya decidió mover ficha en diciembre a través del decreto de medidas urbanísticas urgentes para agilizar la reconstrucción, que iniciará su trámite parlamentario en Les Corts como proyecto de ley, y que esta semana se ha visto complementado con la modificación de la ley de la huerta del Botánico junto con la presentación del nuevo mapa de la riada del Instituto Cartográfico Valenciano.

Además, el conseller de Ordenación del Territorio, Vicente Martínez Mus, aseguró que esta herramienta habilitaba el marco legal a los ayuntamientos para que estos pudieran barajar la reubicación de inmuebles y fábricas dentro de sus respectivos municipios. Martínez Mus aprovechó la ocasión para instar al Gobierno central a actuar «sin demora» así como a presentar un calendario de ejecución de las obras hidráulicas necesarias con su correspondiente dotación presupuestaria.

Tal y como avanzó LAS PROVINCIAS, la afección total de la catástrofe golpeó a 103 poblaciones y 564.330 hectáreas de la provincia de Valencia. El titular de Ordenación del Territorio explicó que en más de un 80% de la superficie afectada las operaciones urbanísticas no se verían afectadas por prohibición o limitación extraordinaria alguna. Sin embargo, en el 18,57% de la zona damnificada restante sí tendrá efecto la paralización de proyectos orientados a la construcción. Con los porcentajes en la mano, los impedimentos a la edificación sólo se aplicarán en cerca de 105.000 hectáreas, unos 1.048 kilómetros cuadrados, casi ocho veces la capital del Turia.

No obstante, el visor de reciente creación se irá actualizando a medida en que se conozcan nuevos datos disponibles sobre la altura alcanzada en los puntos de medición. De hecho, y en esta misma línea, el responsable de la ordenación territorial en el Ejecutivo valenciano anunció una reforma del el plan territorial contra el riesgo de inundaciones en la Comunitat (Patricova) en toda la región «como paso necesario para adaptarse a los desafíos que presenta el cambio climático y las inundaciones recientes».

Martínez Mus estableció tres tipos de suelo de acuerdo con los criterios que han guiado la realización del nuevo visor cartográfico. El primero de ellos es el firme 'inundable', es decir, aquel que se tenía ya catalogado como susceptible al riesgo por inundaciones previsto bien por el Patricova o por el ministerio.

La segunda categoría de suelo viene referida a aquel suelo 'no calificado como inundable' por parte de ninguna cartografía previa pero que sí ha sido delimitado dentro de la huella del nuevo mapa de la Generalitat. En este caso, se abren dos posibilidades: una para aquellos terrenos que son susceptibles de verse beneficiados por la construcción de las infraestructuras hidráulicas que debe acometer el Estado a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y otra en la sí se podrá edificar aunque con restricciones. En esta casuística se aplicará o bien el Patricova o bien «medidas correctoras analizando caso por caso» y con el requerimiento de un informe vinculante emitido por el organismo autonómico competente en la materia.

El caso paradigmático de esta segunda opción se observa en la cuenca del Turia pues, según los técnicos de la Generalitat, el comportamiento del caudal fue «cambiante». En este cauce sí se podrían implementar las citadas «medidas correctoras analizando caso por caso» pues para poder construir sólo se requeriría un informe favorable por parte de la conselleria al no haberse registrado el mismo grado de afección que en las del Magro o el Poyo.

El último de los firmes es aquel que no ha sido declarado como inundable por parte de ningún plan autonómico o estatal y que tampoco ha sido incluido en el nuevo visor cartográfico elaborado por el Consell. Por tanto, este suelo no tendrá ningún impedimento extraordinario para que se pueda presentar un expediente urbanístico.