El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado este jueves que el nuevo plan de financiación de las universidades públicas empezará a funcionar en 2023, puesto que ya estará contemplado en los presupuestos del próximo ejercicio, y que la propuesta se dará a conocer ... en noviembre y «de acuerdo con los rectores y rectoras de las instituciones», lo que da a entender que será un modelo ya pactado con los centros.
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Aunque es la primera vez que el jefe del Consell se pronuncia de manera tan concreta, el plazo es en realidad el manejado desde hace meses, teniendo en cuenta que tampoco queda margen temporal tras el pago de la deuda histórica, que supuso un dinero extraordinario para ir tapando el déficit arrastrado en la última década que ha llegado hasta este mismo 2022. Es decir, sin la aportación extraordinaria y sin más financiación ordinaria se pone en grave riesgo el funcionamiento diario de las instituciones, que llevan una década viviendo con unas transferencias corrientes que apenas han variado.
Puig se ha pronunciado en estos términos durante el acto de apertura del curso de las universidades públicas celebrado en la Miguel Hernández de Elche. No ha sido el único anuncio, pues también se ha comprometido a que antes de que termine 2022 se habrá desbloqueado el convenio colectivo del personal laboral, otra asignatura pendiente que se remonta a abril de 2015, cuando se firmó un preacuerdo que nunca llegó a aplicarse por las dudas jurídicas del propio Consell y los reparos económicos que se plantearon desde el Ministerio de Hacienda.
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El documento es importante porque implica corregir la precariedad salarial de los colectivos docentes peor situados, como los asociados, los ayudantes y los ayudantes doctores. La mejora retributiva será de hasta un 30% entre el primer colectivo.
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Así, el presidente de la Generalitat ha salido al paso de las dos grandes reivindicaciones de los rectorados que son de competencia autonómica, que tendrán solución coincidiendo con el año electoral. El temor, o la duda, es si la propuesta de la nueva financiación será del agrado de todos los centros, pues de momento se desconocen los criterios de reparto (se llegó a hablar de objetivos de transferencia, investigación o internacionalización, además del tamaño de cada universidad), como tampoco ha trascendido qué incrementos en las transferencias ordinarias se manejan. Los rectores han llegado a cifrarlas en unos 120 millones de euros anuales adicionales a aportación actual.
La lectura electoral es más clara si cabe en relación al convenio, teniendo en cuenta que el citado preacuerdo se firmó pocos días antes de las últimas elecciones autonómicas. A principios de mes el conseller de Hacienda, Arcadi España, dijo que había voluntad para desbloquearlo, pese a las reticencias de las plataformas de profesorado asociado, que incluso se plantean una huelga de cara a otoño.
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«En los últimos años se han producido avances relevantes», ha dicho Puig en referencia al incremento del presupuesto en conceptos distintos a las transferencias ordinarias, que son el meollo del nuevo plan, «aunque somos conscientes de que si queremos tener el sistema universitario que nos merecemos tenemos que generar mayores capacidades financieras», ha añadido.
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