Las quejas de los pacientes en la sanidad pública se disparan con el Botánico

En concreto, la cifra de quejas ha crecido cerca de un 23% y prácticamente se ha duplicado desde 2015, ejercicio en el que el PP dirigió el departamento en, aproximadamente la primera mitad del año. Sólo en 2020, tras la irrupción del coronavirus en la Comunitat y la concentración de esfuerzos para atender a los afectados, se redujeron las demandas, puesto que buena parte de los centros permanecieron cerrados y la accesibilidad a las instalaciones se restringió en gran medida.

De hecho, el Covid ha originado directa o indirectamente una cantidad importante de estos escritos, motivados en gran medida por las largas esperas para tener cita con el médico de familia o para someterse a una intervención quirúrgica; por los retrasos en las pruebas diagnósticas que agravan las dolencias de los enfermos; o en las prolongadas demoras para pasar a planta desde los servicios de Urgencias, en algunos casos de varios días como en el Hospital General de Valencia y hasta en el Clínico.

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También se han mantenido elevadas, aunque en el último año han descendido ligeramente, las peticiones para que el Síndic de Greuges o el Defensor del Pueblo intercediera por los pacientes. En estos casos, las reclamaciones han ido dirigidas expresamente a la persona titular de la conselleria (Carmen Montón, Ana Barceló y Miguel Mínguez, en función de cada periodo). Desde que en julio de 2018 la subdirección general de la Conselleria de Sanidad asumiera la tramitación de estos casos concretos, se han gestionado 1.131 casos, 226 de ellos en el último año completo con el Botánico al frente del departamento autonómico.

Asimismo, el grado de insatisfacción de los pacientes también ha crecido del 2% de 2019 hasta el 3,2% de este último año (unas décimas menos del 3,4% al que se llegó en 2021); datos que se extraen de las encuestas que realiza la propia conselleria entre los pacientes. Curiosamente, mientras que en 2019 y 2020 se llevaron a cabo cerca de 17.000 entrevistas de este tipo, los dos años siguientes apenas se superaron los 12.000 usuarios de la red pública encuestados.

En esta marco se podrían encuadrar también las reclamaciones patrimoniales. Es decir, las demandas de pacientes que se sienten afectados por algún tipo de negligencia y solicitan una indemnización en la mayor parte de los casos. En estos casos, la cuantía sí se ha reducido progresivamente hasta prácticamente la mitad: de las 335 presentadas en 2016 hasta las 142 de 2022. Aún así, y como admitían desde Sanidad, «el número de reclamaciones de responsabilidad patrimonial ha venido experimentando en los últimos años una progresiva y mayor complejidad debido, en síntesis, a la mayor exigencia de las personas usuarias de la sanidad pública y su conocimiento de la tendencia legal y jurisprudencial de cubrir una cierta parte de los daños causados por la prestación del servicio sanitario público».