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A las 00.00 horas de este 1 de enero la Comunitat verá cumplida una de sus reivindicaciones históricas en materia de infraestructuras. El fin de la concesión del peaje de la AP-7, tras 46 años de barreras, supondrá la gratuidad en una vía que a diario utilizan 39.096 vehículos, según los datos del Ministerio de Fomento correspondientes a 2018 (último ejercicio del que hay datos completos de tráfico).
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De ellos, 20.071 -con un porcentaje de 22,21% de vehículos pesados- pasan por el tramo Tarragona-Valencia y otros 19.025 -con un porcentaje del 6,06% de pesados- en el tramo Valencia-Alicante. De ahí que uno de los temas que está sobre la mesa -y que ya se ha planteado desde alguna que otra plataforma ciudadana- sea la posibilidad de incorporar un tercer carril en algunos de los 374 kilómetros de autopista que pasan a la red estatal. Un aspecto ante el que el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, mostraba cautela en una entrevista con LAS PROVINCIAS y prefería esperar a conocer las evoluciones del tráfico.
De hecho, el informe económico realizado por la consultora Ineco para la licitación de las áreas de servicio estima un incremento del tráfico de un 1,44% anual. Eso sí, el documento señala que «es esperable un natural aumento de tráfico causado por la eliminación del peaje. Sin un estudio de tráfico que lo cuantifique, lo único que se puede afirmar es que una parte del tráfico de aquellas vías que discurran por el tramo de la AP-7 pasará a dicha autopista». Esos estudios son los que están actualmente en licitación por parte del ministerio.
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De ello también alertó recientemente el presidente de la comisión de Transportes y Logística del Colegio de Ingenieros de Caminos de la Comunitat, Vicente Cerdá, quien en una jornada apuntó al «riesgo de pérdida de función de la autopista, y por tanto, de un empeoramiento del tiempo de recorrido», así como de los colapsos que se producirán por el trasvase que habrá de tipos de tráfico.
Tampoco se han resuelto los enlaces de la autopista con los municipios de la Comunitat para mejorar su conectividad. Diez son las actuaciones reclamadas por la Generalitat (siete conexiones y tres acondicionamientos de carreteras nacionales) con un presupuesto de 220 millones. De ellas, sólo se han activado dos actuaciones: la N-238 en Vinarós y el acceso sur de Oliva.
Otra de las peticiones que se ha escuchado estos días es la de los transportistas, que reclaman más zonas de aparcamiento y áreas de descanso en la nueva autovía ya que tendrá un mayor uso de este tipo de vehículos.
Lo que sí se sabe, por ejemplo, es que por ahora se mantendrá el nombre de AP-7 para evitar problemas en la cartelería y confusión entre los conductores y Fomento estudiará qué se hace con la nomenclatura porque ya existe una A-7 (la autovía que discurre de Barcelona a Algeciras y que incluye el by-pass).
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