Récord de órdenes de alejamiento a menores en la Comunitat

En esta tesitura, la reeducación tiene un papel más crucial que nunca: el de lograr eliminar esa rabia, agresividad y falta de empatía haciendo surgir valores que transformen al adolescente infractor para que no acabe, de adulto, en el fango de la delincuencia.

En la Comunitat acabaron condenados el año pasado 1.845 menores en nuestra región, la sexta de España con la tasa más elevada. Juntos habían cometido casi 3.400 infracciones. Así se desprende de los últimos datos publicados por el INE y procedentes del Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores.

A lo largo de un año, en la Comunitat se producen casi 3.000 arrestos de menores sospechosos de cometer delitos (datos del Ministerio del Interior de 2021). En ese mismo año fueron 1.800 los que acabaron condenados.

¿Qué sucede con los menores después de acabar con una sentencia bajo el brazo? El abanico de posibilidades es muy amplio, sin embargo el análisis de medidas deja muy clara una tendencia: descienden los internamientos (medida para los casos más graves o reincidentes) y también su porcentaje respecto al total de condenados, al tiempo que se apuesta por las medidas de libertad vigilada y menos restrictivas.

Todo ello conjugado con un pico: en el análisis de los últimos seis años, desde 2016, nunca antes se habían dictado tantas ordenes de alejamiento de menores sobre sus víctimas, algo que va directamente relacionado con ese incremento de la violencia contra personas. Los alejamientos se imponen, mayoritariamente, en casos de violencia de género y sexual, amenazas o agresiones. El año pasado, 253 menores acabaron con la prohibición de acercarse a sus víctimas.

La libertad vigilada y las tareas socioeducativas son las medidas judiciales más extendidas en estos momentos ante el problema de la delincuencia juvenil, mientras bajan los ingresos en los centros de la Comunitat. ¿Son suficientes los recursos e inversión de la Generalitat ante el gran reto de la reeducación de delincuentes? Esta labor está recae, en parte, en los siete centros socioeducativos de la región, que disponen de 346 plazas.

Según el Síndic de Greuges, los centros de menores valencianos han arrastrado en los últimos años demoras en la tramitación de los contratos con las entidades que los gestionan o impagos «de hasta cinco meses». Lamentan, en definitiva, «la ausencia de una planificación adecuada», como incide el defensor del pueblo valenciano en una de las quejas recibidas.

Estos centros están bajo competencia de la Conselleria de Políticas Inclusivas. Este diario consultó si estos fallos ya se han subsanado, pero el departamento de Aitana Más no respondió. Tampoco se autorizó la visita de LAS PROVINCIAS a un centro de reeducación para conocer su funcionamiento y poder contar la labor de los educadores.

Para organizaciones como Save The Children, la Generalitat tiene deberes por hacer en cuestión de menores: «A nivel autonómico es necesario que se siga avanzando en la implementación de la Estrategia Valenciana de Infancia y Adolescencia, teniendo en cuenta todas las novedades de la nueva ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia para aplicarlas de forma efectiva», detalla el director de la entidad en Valencia, Rodrigo Hernández.

En la Comunitat, «contamos con compromisos políticos por una jurisdicción especializada para menores víctimas, pero es fundamental aumentar recursos para que la justicia esté a la altura de la infancia», asegura Hernández.

En el plano, penal, Hernández no comulga con la idea de la fiscal Gisbert de rebajar la edad penal para delitos sexuales: «No es necesario. Además de encontrarnos en la media europea, la mayoría de los delitos son cometidos por los de 17 años, que doblan a los de 14». Para el responsable de la entidad, «la clave está en la prevención y la detección temprana y, en caso de responsabilidad penal, también enfocar la respuesta a la reeducación.

En lo relativo a la violencia sexual, «es esencial que la prevención pase por impartir una educación afectivo sexual reglada desde edades tempranas, para evitar que el único referente sexual para preadolescentes y adolescentes sea una pornografía accesible a través de internet que normaliza prácticas machistas, violentas, y degradantes».

La otra cara de la moneda es la de los menores que sufren delitos. Las estadísticas del Gobierno no permiten saber cuántos son víctimas de semejantes en edad y cuántos de adultos.

Según los últimos datos del Ministerio del Interior que resalta Save The Children, en 2021 se registraron en la Comunitat más de 6.600 denuncias por actos violentos contra niños y niñas. De ellas 1.036 fueron denuncias por malos tratos en el ámbito familiar y 1.135 denuncias por violencia sexual. El año pasado se denunciaron 455 delitos a través de internet con adolescentes como víctimas.