El recorte de hasta 1.600 euros al mes en las ayudas lastra el acceso a los pisos tutelados para enfermos mentales

José María Toro, presidente de Aerte, lo resume de forma clara: «La Conselleria de Igualdad ha recortado las ayudas a personas con problemas de salud mental para ser atendidas en una vivienda supervisada y ha bajado de 2.350 euros mensuales, que era el tope de la ayuda que había anteriormente, a 715 euros en el mejor de los casos. Esto, lo que provoca, es que mucha gente no pueda acceder al sistema, que se ha bloqueado, y que tampoco pueda hacer los procesos de transición entre la residencia, la vivienda tutelada y su propio domicilio, porque a cada paso que dan tienen miedo de no poder volver atrás porque la ayuda no se le respeta en el importe que tiene actualmente».

Toro, en mitad de la estruendosa protesta, señalaba que, precisamente, buena parte de los manifestantes (a la concentración han acudido profesionales, usuarios, familiares, asociaciones y entidades que han reunido, según Aerte, a unas 500 personas) «es gente que está un centro y que tiene miedo de que ese cambio les provoque una reducción de la ayuda; pero la gente que llega por primera vez a los centros no puede entrar por ese recorte de las ayudas, puesto que la diferencia la tiene que pagar directamente el usuario, cosa que es imposible para muchas de las personas que atendemos porque no tienen una capacidad económica suficiente».

La Administración autonómica, como ya ha recogido LAS PROVINCIAS, viene replicando que, en realidad, o se han reducido las ayudas que recibe el usuario de viviendas tuteladas, sino que, en las que son de promoción (supervisadas) se otorga una parte para la vivienda y, el resto, se compatibiliza con asistencia a los centros de día y con poder contar con un asistente personal. Por tanto, pueden seguir alcanzando esos 2.350 euros, pero a través de más de un recurso. La idea es atender a cada usuario de forma individualizada.

Para el portavoz de Aerte, esta explicación demuestra el desconocimiento del sector que tiene el Gobierno de la Generalitat. «Se ha aumentado la compatibilidad de servicios pero, por ejemplo, en una vivienda tutelada de siete plazas hay entre tres y cuatro profesionales, que se encargan de hacer el trabajo de la promoción de la autonomía y de la inserción sociolaboral; pero si la Administración dice que paguemos el coste de la plaza, que son 2.300 euros con 715, ya no nos llega, y si lo tenemos que hacer compatible con otro recurso, habría que pagar a otro profesional más». «No tiene ningún sentido lo que están planteando», sentencia.

En este sentido, vuelve ejemplificar el problema para replicar la postura de la Generalitat: «Una persona que ahora mismo tenga un problema por primera vez y tenga que ir a una vivienda tutelada supervisada se va a encontrar con que la ayuda máxima que le van a dar es de 715 euros y que cuando vaya a pedir la plaza le van a decir que el coste está en torno a los 2.300, con lo que tendrá que abonar la diferencia. Y si la Administración le da un servicio complementario tendrá que pagar al asistente personal con la ayuda que le den, es un recorte de las ayudas que se están dando».

Esta situación, según alertan, está provocando el bloqueo del acceso al sistema. «Los trabajadores sociales de los hospitales o de los municipios no pueden enviar a estas personas a los servicios que necesitan porque la prestación que les ofrecen no cubre el importe total de la plaza y no tienen capacidad de pagar la diferencia. Sólo pueden permitírselo las personas con gran capacidad económica y esto no es justo. El sector quiere atender a las personas en función de su necesidad, como venía haciendo hasta ahora, y no del dinero que tienen, pero la nueva regulación no lo permite», lamentan.

Al mismo tiempo, advierten de que se impide la transición entre recursos necesaria en el proceso de rehabilitación de las personas con problema de salud mental. «Hay que lograr un rápido cambio entre las residencias, las viviendas tuteladas y los domicilios de las personas atendidas, con flexibilidad para avanzar en un sentido u otro y sin tener la inseguridad de que se pueda perder el total de la ayuda en cada cambio. Si no, paralizaremos el proceso de rehabilitación de las personas que lo necesitan, lo que resulta absolutamente irresponsable por parte de la Administración y no podemos aceptar de ningún modo».

El problema se arrastra desde el pasado verano, concretamente desde que la Conselleria de Igualdad publicara el 12 de agosto el decreto 102/2022 que modifica la anterior norma 62/2017 que regula el acceso a prestaciones de dependencia de la Comunitat. Es esa normativa la que reduce el importe que recibirán las personas que se incorporen al sistema a partir de ahora para ser atendidos en una vivienda supervisada de atención a salud mental.