Los rectores temen consecuencias penales si suben los sueldos docentes

Los rectores de las cinco universidades públicas han dirigido una carta a la consellera de Universidades, Carolina Pascual, en la que piden una «autorización explícita» de la Generalitat para poder firmar y aplicar el convenio colectivo del personal laboral, que sigue sin concretarse casi ocho meses después de que se rubricara un preacuerdo entre las instituciones, los sindicatos representativos y la Generalitat.

El documento implicará una importante subida salarial para un colectivo de profesionales, fundamentalmente docentes, de más de 6.000 personas, y aunque hay presupuesto reservado para su aplicación, las instituciones tienen dudas jurídicas respecto a la aplicación de la última versión que ha planteado el departamento autonómico, que difiere del citado acuerdo. Incluso se teme que en el caso de firmar el documento definitivo sin la citada autorización el acto administrativo pueda derivar en responsabilidades penales y contables para los firmantes, según la información a la que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS de fuentes universitarias.

El preacuerdo llegó el 24 de abril, días antes de las elecciones autonómicas, y prevé unas tablas salariales homogéneas en todas las universidades para el personal no funcionario, desde los contratados doctores hasta los profesores asociados o ayudantes, con unos incrementos retributivos que oscilan entre el 2,5% y el 39,8%, en función del colectivo y la asignación actual. Unas subidas que rebasan el máximo previsto en los Presupuestos Generales del Estado vigentes (los de 2018).

En su día todas las valoraciones fueron positivas, aunque quedaba un paso clave: que se firmara el convenio, más allá del preacuerdo, para que las mejoras tuvieran efectividad. Entretanto se creó la nueva conselleria y Marzà perdió las competencias en educación superior, siendo el preacuerdo su última aportación en materia universitaria. Y desde el principio los responsables del departamento de Pascual plantearon dudas jurídicas sobre la conveniencia de que la Generalitat fuera firmante del convenio definitivo.

La alternativa pasó por una nueva redacción, incluyendo un preámbulo y una disposición transitoria donde se garantiza el sostén financiero de la administración, que llegaría progresivamente hasta consolidarse en 22 millones a partir de 2021. Pero sin la firma del representante de la conselleria, al contrario de lo pactado en el preacuerdo. La solución ha abierto la caja de los truenos, pues las universidades consideran que con esta configuración dejará de ser un acuerdo respaldado a todos los efectos por el Consell, de ahí que hayan solicitado la autorización expresa para la firma y posterior aumento retributivo.

En la carta remitida se recuerda que es un paso preceptivo derivado de la ley de presupuestos de la Generalitat, que establece que «cualquier incremento de los costes de personal sobre las cuantías autorizadas para cada año o con incidencia en ejercicios futuros requerirá la autorización del Consell».

De la existencia de la misiva dio cuenta ayer la rectora de la Universitat de València a los sindicatos concentrados antes del Consejo de Gobierno para protestar por la demora del convenio. Mavi Mestre defendió que la firma definitiva debe producirse «con la seguridad jurídica suficiente», como recogió la institución en un comunicado.

También les informó del contenido del informe elaborado por los servicios jurídicos de la universidad una vez se conoció la intención del Consell de no ser parte firmante del convenio y en relación a la necesidad de la existencia de una autorización expresa para aplicar los incrementos atendiendo a las limitaciones de las leyes presupuestarias.

En el documento que ha podido consultar LAS PROVINCIAS se señala que aplicar el convenio sin disponer de la misma puede derivar en la nulidad del acuerdo o en responsabilidades contables por parte de los firmantes (personales y patrimoniales) por utilizar dinero público de manera incorrecta, obligando a estos a cubrir indemnizaciones y los perjuicios causados. Las cautelas no sólo se refieren a una posible actuación de la Intervención General -que ya ha criticado algunas prácticas retributivas de los centros- o del Tribunal de Cuentas, sino que también se alerta de que podría implicar una responsabilidad penal por un delito de malversación.

En el resto de universidades existen informes jurídicos similares e incluso la cuestión ha sido debatida en los últimos plenos de los Consejo Sociales. Fue el caso, según fuentes presenciales, del de la UPV, donde también se advirtió de las posibles responsabilidades si no existe la autorización expresa.