Los regantes irán a Madrid para presionar contra la reducción del trasvase

Los regantes del trasvase Tajo-Segura anunciaron ayer que se movilizarán en Madrid y aunque hoy día, debido a la pandemia, «es impensable desplazar a cerca de 35.000 personas», se dejarán ver, «tirarán de imaginación» y estarán presentes en las delegaciones de gobierno de Murcia, Almería y Alicante, informó Europa Press.

Las acciones de protesta se realizarán este mes y a primeros de mayo. El presidente del Scrats, Lucas Jiménez, lamentó que todo esto «no es transición ecológica, es un golpe importante a la forma de vida del sureste«.

Entre otras acciones, barajan una asamblea del Círculo por el Agua en Madrid que termine en algún tipo de concentración frente al Ministerio. También pedirán una reunión con los presidentes de Murcia, Andalucía y Valencia y con el jefe del Ejecutivo Pedro Sánchez.

Los regantes presionan así contra la reducción del trasvase Tajo-Segura que propone el Gobierno y que amenaza la destrucción de 40.000 empleos en el campo e industria agroalimentaria alicantina. Así lo recoge un informe del Sindicato Central de Regantes (Scrats) sobre esta infraestructura hídrica.

El Consejo Nacional del Agua aprobó a fines de marzo, con el respaldo del Ministerio de Transición Ecológica y de la Junta de Castilla-La Mancha, una modificación del régimen que implica una disminución en las aportaciones de unos 87 hectómetros cúbicos anuales.

A esta merma de aportaciones se suma el incremento en 70 hectómetros cúbicos del caudal ecológico en la cabecera del Tajo dificultando aún más las transferencias. Todas estas medidas se han tomado sin consensuarlas con los regantes. La reducción amenaza el suministro de agua tanto a los regantes como a la población, tal y como denuncian los usuarios.

Además, como señaló José Antonio Andújar, vicepresidente de la Federación de Regantes de la Comunitat (Fecoreva), no se les da alternativas. «Nos dicen que usemos el agua desalada», afirmó, pero la desalinizadora de Torrevieja, empezada en 2004, todavía no tienen las canalizaciones para llevar el agua a los cultivos. «Las obras pueden tardar siete u ocho años», explicó Andújar que aseguró que la propuesta del Ejecutivo supone una amenaza para «la huerta de Europa y la industria agroalimentaria del sur de la Comunitat».

Como agravante, la propuesta, recordó Andújar, triplicará el precio del agua y que repercutirá en el bolsillo de los ciudadanos.

Las fuerzas políticas y sociales también se han movilizado para tratar de frenar el cambio. El presidente Ximo Puig aseguró que está dispuesto a ir a los tribunales. Desde la Diputación de Alicante su presidente, Carlos Mazón, ha ofrecido a la Generalitat los servicios jurídicos de la institución y animó a Puig a actuar: «No se trata de estudiar un recurso. Hay que presentarlo».

En la misma línea se pronunció ayer la presidente del PP en la Comunitat, Isabel Bonig, que pidió «contundencia» en la defensa del trasvase.

Mientras, el PSOE valenciano y murciano suscribieron ayer un manifiesto en defensa del trasvase y de las asignaciones vigentes para dotar de seguridad y garantía el suministro del agua.