La reforma laboral lastra la renovación de 400 profesores de la concertada

Se trata de personal eventual que se suma a los profesionales de la plantilla ordinaria y que se centra en atender al alumnado que precisa de atención adicional, ya sea por necesidades específicas de apoyo (como los de Audición y Lenguaje) o para mejorar su aprendizaje mediante programas específicos de refuerzo, como los PR4 de 4º de la ESO o los PMAR, que consisten en flexibilizar los contenidos para facilitar su avance escolar.

La modificación legislativa implica que este profesorado pueda tener la condición de eventual durante un máximo de un año, en lugar de los tres actuales. Y agotado ese periodo el contrato debe pasar a indefinido. 

La clave está en que los programas de la administración que permiten su llegada a los centros son de carácter anual, y la dotación no sólo puede variar de un ejercicio a otro, sino incluso desaparecer si se reduce el alumnado objetivo o incluso por decisión de la propia administración.

Es decir, serían docentes cuyo salario ya no cubre la conselleria con fondos públicos, y si los centros no los pueden reubicar -algo probable al desaparecer la necesidad que cubrían- no tendrían más salida que prescindir de ellos, asumiendo la correspondiente indemnización, que con el paso de los años de contrato fijo sería cada vez más elevada.

«El problema es que la reforma no encaja bien con la especifidad del sector concertado», explica Alberto Villanueva, presidente de la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia (Feceval). «Hasta ahora a estos docentes los podíamos ir renovando durante tres años, algo que suele ser habitual por el beneficio pedagógico que da la máxima continuidad posible. El profesional interioriza las dinámicas del centro, se implica en el proyecto educativo y conoce a los alumnos y familias», añade. «El temor está en que con la reforma laboral se generalice la opción de cambiar de docente al cabo del año ante la incertidumbre de tener que pasar a un contrato fijo sin una garantía de que esas funciones se mantendrán a lo largo del tiempo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si estos programas cambian completamente a corto plazo?», se pregunta el también director del colegio Trafalgar.

A su juicio, hay dos soluciones que permitirían encajar la modificación legislativa con las necesidades de los centros. Por un lado el compromiso de que fuera la administración la que asumiera el coste de la indemnización en caso de despido tras el cese de funciones. «No es una cuestión de que los colegios quieran eludir responsabilidades en materia laboral, sino que supondría un coste propio que se sumaría a otros tantos que ya se asumen por el corto alcance del módulo de otros gastos del concierto», matiza, en referencia a que los fondos públicos que recibe la red llevan más de una década sin actualizarse. Esta opción se ha trasladado a la Dirección General de Personal de la conselleria, que la ha rechazado.

La otra salida pasaría por una negociación de las plantillas, de manera que el profesorado para tareas de refuerzo formara parte de la estructura ordinaria de los centros, es decir, como el resto de compañeros, incluyéndolos en el sistema de pago delegado, dando estabilidad a la relación laboral y dejando de depender de programas periódicos.

La misma idea trasladó la otra patronal, Escuelas Católicas, en la reunión mantenida la pasada semana con la consellera Raquel Tamarit. «Es prácticamente imposible vincular temporalmente los contratos de trabajo con la dotación horaria de profesorado de los programas anuales», señalan en un comunicado, que pide que estos pasen a formar parte del módulo del concierto, como sucederá con los orientadores.

«Además de la cuestión pedagógica y económica la aplicación de la reforma consigue un efecto contrario: contribuye a precarizar el empleo si se pasa a contrataciones de un año, cambiando de profesional», dice Villanueva.

La situación podría haber sido más compleja, pues la modificación legislativa contemplaba que el periodo máximo para estos perfiles fuera de seis meses, salvo que se adoptara un acuerdo distinto a nivel sectorial. Es lo que ha sucedido. Patronales y sindicatos impulsaron una modificación del convenio colectivo, efectiva desde el mes pasado, que ha permitido ampliar el periodo hasta un año, autorizando además que los contratos fijos discontinuos (los de estos profesionales) fueran también a tiempo parcial.

Los programas de refuerzo que convoca la conselleria suelen llegar en verano, de ahí que el nuevo escenario cobre fuerza de cara al próximo curso.