La reforma penal llevará a prisión a 700 delincuentes sexuales más cada año

La sentencia que condenó a los cinco miembros de La Manada por abuso sexual y los absolvió de violación desató un torbellino social. Fue un clamor que, entre otras cosas, urgía un mayor castigo para aquellos incapaces de comprender qué significa la libertad sexual. Después llegó otra manada, la de Callosa d'En Sarrià, con una joven de 19 años como víctima. Y en medio de ese panorama, los delitos sexuales no hacen más que crecer en la Comunitat, como constatan los datos que Interior publicó el viernes.

¿Qué soluciones se plantean? El Gobierno de Pedro Sánchez que ahora toca a su final recogió el testigo de la inquietud y movió ficha con un proyecto de reforma penal que podría acabar llevando a prisión a unos 700 delincuentes sexuales cada año en la Comunitat Valenciana. Son aquellos sospechosos de abuso sexual que contabiliza la Fiscalía en las tres provincias y cuyos autores suelen saldar su conducta con multa en vez de penas de cárcel.

Por ejemplo, durante 2017, último año recopilado, la Fiscalía de Valencia abrió 293 diligencias a sospechosos de abusos sexuales. Sin embargo, sólo se pidieron penas de prisión para un número mínimo: cinco. Supone menos de un 2%. Con la reforma sólo cabrá solicitar prisión para este tipo de conductas.

La pretensión del Ministerio de Justicia queda a la espera de un nuevo Ejecutivo con el adelanto de elecciones, pero esboza los cambios penales que se avecinan. Lo que se plantea es eliminar el delito de abuso sexual, elevarlo a la consideración de agresión y suprimir las multas para delitos contra la libertad sexual sustituyéndolas por cárcel.

Así consta en el texto del anteproyecto de Ley orgánica de modificación del Código Penal para la protección de la libertad sexual al que ha tenido acceso Europa Press. El Gobierno aglutina los delitos sexuales bajo el capítulo 'De la violación y otras agresiones sexuales'. Desaparece el término de abuso sexual para considerarlo agresión al no existir consentimiento de las víctimas. El término 'violación' se reserva para casos en los que haya penetración. El Ejecutivo pretende así «visibilizar la gravedad de estas infracciones». Entiende que el concepto de abuso «no transmite el carácter coactivo y agresivo de todo comportamiento sexual que se impone contra la voluntad» de la víctima.

Pero hay más novedades. Se cualifican las conductas que se realizan empleando violencia o intimidación o mediante la actuación conjunta de dos o más personas, como en el caso de Callosa. Además, el Ejecutivo plantea un ajuste de las penas previstas para estos delitos para adecuarlas a su gravedad. Así, se eleva a tres años el límite mínimo de un año que hasta ahora se establecía para la sanción del delito básico de agresión sexual.

Si finalmente la reforma ve la luz, se suprimirá la pena de «multa de 18 a 24 meses» que se ahora se establece en el tipo básico del delito de abusos sexuales para «focalizar la sanción siempre en penas privativas de libertad».

También destaca la posibilidad de imponer penas de 12 a 15 años de prisión para los casos más graves y extremos de la delincuencia sexual. Por ejemplo, cuando use armas, la víctima sea especialmente vulnerables o la agresión proceda de dos o más personas. El supuesto de Callosa d'En Sarrià.

En la propuesta se configura como «agravante específica» la circunstancia de que el autor, previamente a la agresión, haya anulado la voluntad de la víctima mediante el uso de fármacos, drogas o cualquier otra sustancia para lograr tal efecto. Así lo plantea el Gobierno «por considerarse que incorpora una especifica gravedad de la conducta, no valorada de manera adecuada en la actualidad» a nivel penal.

También se considera agravante que la víctima del ataque sexual «sea o haya sido esposa o mujer» o bien «que estuviese o hubiera estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad, aún sin convivencia».