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B. González
Alicante
Martes, 27 de septiembre 2022, 18:42
«Estaremos hasta última hora haciendo entender al Gobierno y a la sociedad los daños que el nuevo Plan Hidrológico puede provocar en la economía, el medio ambiente y las estructuras sociales del sistema de producción agroalimentario del Levante». Es lo que asegura el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, ante la intención del Gobierno de aprobar este Plan de la demarcación de la Cuenca Hidrográfica del Segura antes de fin de año.
El consenso entre regantes y asociaciones agrarias es claro: el caudal ecológico que se establece en el Plan, que sube de 6 metros cúbicos/segundo a los 8,6 metros cúbicos/segundo, supondrá la desaparición del trasvase y por tanto, pone en peligro a la que se considera la "despensa de Europa".
El Sindicato de Regantes ha realizado un informe del impacto económico que supondrá para esta zona. Solo en la cuenca del Segura supondrá la pérdida de unos 117 millones de euros anuales y la desaparición de más de 10.000 hectáreas de riego, de las cerca de 86.000 existentes actualmente. Es decir, un 12,85% menos. Eso conllevaría que habrá unos 4.600 empleos menos.
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Desde la Unió de Llauradors apuntan otro dato: 30.000 familias que viven directamente de la agricultura se verían perjudicadas, a las que hay que sumar las que dependen indirectamente de la actividad agraria, como es la industria auxiliar o del transporte.
Lucas Jiménez también señala el daño medioambiental que provocaría: "La inmediata consecuencia por la desaparición de cultivos supondría la disminución de sumideros de dióxido de carbono y el avance de la desertización".
Pero en lo que hace hincapié el presidente del Sindicato de Regantes es la paradoja que supone que la propia Confederación Hidrográfica del Segura en el informe remitido al Ministerio de Transición Ecológica, advierte de esta consecuencias, "de las pérdidas económicas importantes, los miles de parados y que la desalinización por sí sola no es la solución".
"No hay agua desalada para abastecer a todo el Levante y ni el Gobierno tiene dinero para pagarla", asegura, por su parte, el presidente de ASAJA Alicante, José Vicente Andreu, quien recuerda que el gobierno está negociando créditos para poder pagar el agua desalada. Asegura que de los 36 céntimos iniciales que tiene que pagar el agricultor al final se sube hasta el 70 céntimos por los gatos de elevación hasta la comunidad.
"Saldremos a la calle porque no nos escuchan y nos llevan a la ruina. Sin agua, Alicante, Murcia y Almería no podemos funcionar. Somos la despensa invernal de toda Europa, ya veremos lo que pasa cuando esta despensa se cierre", insiste Andreu, quien se muestra muy crítico con el que ha denominado "gobierno talibán del falso ecologismo". Considera que el recorte de caudal es una "decisión política sin justificación ambiental".
Advierte, además, que al final solo quedarán las grandes empresas que son las que tienen capacidad para negociar con los supermercados, con el consiguiente incremento de los precios de los alimentos que afectará también al consumidor.
Desde la Unió de Llauradors, su secretario general Carles Peris, apunta que "la realidad actual nos indica que otras alternativas viables al trasvase con un precio asumible para que los agricultores puedan mantener sus explotaciones no existen y por lo tanto no es momento de asumir ahora recortes de agua, justo cuando los costes producción están desorbitados".
No obstante, desde la Unió defienden que "el agua debe ser tratada y gestionada como lo que es, un bien público y no susceptible de mercadeos políticos” y abogan por "una solución integral en los recursos hídricos". Por eso, consideran que la coordinación entre las diferentes Confederaciones Hidrológicas o la habilitación de planes hidrológicos nacionales o incluso europeos, son medidas "indispensables" para resolver los conflictos.
La primera de las acciones organizada por el Sindicato de Regantes tiene lugar este viernes, con una jornada sobre 'Agricultura y Agua en el Levante, presente y futuro' que tendrá lugar en Murcia con representantes de los distintos grupos políticos a nivel regional y nacional y que volverá a celebrarse el sábado en Orihuela con interlocutores con un perfil más técnico.
B.G.
Valencia. «Agua para siempre y a precio justo». Eso es lo que defendía este martes el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en el debate de política general de la Comunitat Valencia, al referirse al sector primario, «esencial para nosotros». Al respecto, aseguró que el Consell defenderá el trasvase Tajo-Segura y que para ello «trabajaremos en los despachos y en los tribunales, de la mano de los regantes, y sin partidismos ineficientes».
También consideraba necesarias para este fin la reutilización del cien por cien de las aguas depuradas; una mayor eficiencia en el aprovechamiento de recursos propios de la cuenca del Segura y suplementar, «junto al Ministerio», un mejor precio para el agua desalada.
Desde el PP de Alicante, la secretaria general y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, denunciaba que los socios del Gobierno central se pelean por los precios de los alimentos básicos, mientras recortan y encarecen el agua. «Estas incongruencias hacen especialmente daño a la agricultura y agricultores de Alicante», indicaba.
Serna recordaba la decisión de no trasvasar en este mes de septiembre, cuando los técnicos recomendaban hasta 20 hectómetros cúbicos, así como «el poco tiempo que queda para que ratifique el recorte del 40% de agua del Tajo-Segura» y «el encarecimiento del canon de riego, que afectará en la provincia a más de 15.000 regantes».
«La situación es un suma y sigue insostenible», decía e instaba a Puig a «dar la cara ante los continuos ataques hídricos a la provincia».
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