Los regantes piden construir las cuatro presas que acumulan años de atrasos

Se trata de los pantanos de Cheste, Marquesado (en el río Magro), Vilamarxant y Montesa. En concreto Fenacore, en la presentación de un informe sobra las infraestructuras hídricas y las danas, ha reclamado que se replantee el análisis de coste beneficio en estos embalses, que están pendientes desde hace décadas en la Comunitat Valencia.

En este sentido, los regantes han denunciado que hasta la fecha se han ejecutado sólo tres de cada diez euros de la inversión prevista en los anteriores planes hidrológicos, por lo que un 29,2% de infraestructuras hidráulicas de interés general no se han construido, pese a haberse aprobado en los diferentes planes de cuenca y contar con sus informes preceptivos.

En el 'Plan de Acción frente a DANAS', Fenacore ha pedido construir las 27 presas aprobadas en los anteriores planes hidrológicos en el conjunto de España, según recoge Europa Press.

De acuerdo con las cifras que manejan los regantes, el agujero en la inversión en obras de regulación en los anteriores Planes Hidrológicos asciende hasta los 3.000 millones de euros, «lo que agrava el riesgo que suponen los fenómenos climatológicos más extremos».

Entre las actuaciones prioritarias para mitigar las consecuencias de futuras DANAs, los regantes han destacado la limpieza de cauces, lo que implicaría eliminar obstrucciones, sedimentos acumulados y vegetación excesiva capaz de alterar el flujo natural del agua o aumentar el riesgo de desbordamientos.

Además, han remarcado la importancia del encauzamiento de ríos y barrancos para modificar el cauce natural y así poder controlar y dirigir el flujo del agua. Por esta parte, han aconsejado no construir ni rehabilitar viviendas dañadas en zonas inundables.

Por otro lado, Fenacore ha estimado que la DANA de finales de octubre dejó más de 70.000 hectáreas inundadas, fundamentalmente en la Comunitat Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha. Además, han indicado que las riadas provocaron más de 250 millones de euros de daños en infraestructuras de riego.

En el primer informe que cuantifica los efectos de la DANA en el regadío, la organización ha detallado que se han perdido las cosechas de huerta, viñedos, caquis, cítricos, etc., además de arbolado que tardará entre cinco a diez años en ponerse en producción. A su vez, ha indicado que se hayan inundado casas de guardas, centros de control, instalaciones eléctricas, automóviles, cabezales e hidrantes de las parcelas; y ha lamentado la rotura de acequias.

Fenacore ha concluido que, de acuerdo con los datos recabados por EPG Salinas a partir del análisis de los daños en 36 comunidades de regantes, apenas el 10% tienen las conducciones y las balsas aseguradas de daños propios. Frente a estos, los daños en algunas comunidades ascienden al 80% del valor de las infraestructuras.

La organización ha valorado los 444,5 millones que el Gobierno ha aprobado en ayudas al sector agrario y ha pedido que estas sean «ágiles y directas». A su vez, ha solicitado que se amplíen las zonas declaradas como catastróficas y que se apruebe una exención transitoria de tarifas y cánones para todas ellas.

Por otro lado, la federación ha reclamado que se exima del pago de la potencia eléctrica contratada a los agricultores afectados y que se revisen las tasas de cobertura de las acequias para impulsar el «a todo riesgo» y prevenir ante este tipo de catástrofes. De igual modo, Fenacore ha recomendado aprovechar la reforma del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para crear una partida presupuestaria de 2.000 millones de euros procedentes de los fondos europeos con los que reforzar las ayudas al campo.

En este sentido, también ha pedido destinar los 2.500 millones de euros presupuestados en la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos para derribar presas a la ejecución de nuevas obras hidráulicas en los planes hidrográficos. En paralelo, ha insistido en concretar las indemnizaciones de daños que corresponden a la Administración Central, comunidades autónomas y aseguradoras.

Los regantes han lamentado la preocupación ante el hecho de que en el nuevo ciclo de planificación hidrológica «siga primando el ecologismo y la biodiversidad, la restitución de los ríos a su régimen natural, sin evaluar los efectos».