La reparación de los ascensores dañados por la dana hace necesaria 20 veces más mano de obra

En materia de ascensores, el presidente de la asociación ASCENCOVAL, Emilio Carbonell, ha insistido en que las comunidades de vecinos «están solas» en materia de ayudas, lo que retrasa mucho enfrentarse a la reparación de los ascensores. Además, ha reconocido «se necesita multiplicar por veinte la mano de obra para hacer efectiva toda la demanda». Sin embargo, a este respecto el presidente de ASCENCOVAL ha sido práctico: «El problema es que una empresa no puede mantener esa plantilla con la demanda habitual sólo porque puede ocurrir una desgracia, ¿Quién paga todo eso?».

Por otro lado, ha asegurado que la formación profesional «es muy específica, lo que limita acudir al mercado y conseguir más personal». Todo ello, ha reconocido, hace que la recuperación de todos los ascensores «llevará su tiempo». Además, el presidente de ASCENCOVAL ha defendido que, mientras para recuperar el suministro eléctrico o el agua se plantean soluciones temporales mientras se relaja el nivel de demanda, «con los ascensores la reparación debe ser perfecta y permanente, lo que lleva más tiempo». Según ASCENCOVAL de los 6.000 ascensores afectados por la riada, todavía quedan por recuperar entre 2.000 y 3.000 máquinas.

Todos los presentes han coincidido con Carbonell que falta personal para los oficios, lo que dificulta el refuerzo de plantillas y preocupa a las empresas de suministros de cara a relevar generacionalmente a sus instaladores y técnicos.

Además, desde el Colegio de Administradores de Fincas se han apoyado en las palabras de Carbonell y han añadido: «Las comunidades de vecinos son las gran olvidadas de las ayudas. Las fincas tienen seguros, pero eso no paga un nuevo ascensor». A este respecto, la representación de peritos y la de aseguradoras ha apoyado a los administradores, añadiendo que las comunidades «son los últimos en la lista para recibir las compensaciones del consorcio, lo que retrasa aún más estas tareas de reparación».

Yolanda Esteve, del colegio de administradores de fincas, aseguraba que «con los vecinos hacíamos juntas para tratar de tranquilizarles porque la realidad es que no podíamos dar soluciones, Las fincas siguen sin cobrar del Consorcio, y en consecuencia, sin ascensor. Se deben establecer protocolos de actuación coordinados con los servicios básicos para que las comunidades tengan respuesta temprana al arreglo de suministros. Somos un eslabón de la cadena que depende exclusivamente de la activación del resto para poder trabajar».

Cuando una serie de técnicos se sientan a debatir qué se puede hacer mejor, el resultado es práctico y simple. Tras poner sobre la mesa el punto de vista de qué se ha podido aprender por parte de todas estas entidades en una emergencia, han llegado las soluciones. Por un lado, a nivel político se ha exigido una solución en las cabeceras de barrancos con infraestructuras hídricas como principal medida, así como una mejor colaboración entre administraciones. Además, se ha afirmado que el retraso en los cobros del Consorcio también ralentizaba la toma de decisiones de empresas y familias en materia de reconstrucción. Por otro lado, se ha asegurado que los planes de emergencia eran desconocidos y se deben actualizar y educar a la población en ello. Por último, se ha reconocido que la legislación «no está adaptada para las emergencias en materia de celeridad, por lo que se debe repensar la norma».

A partir de ahí, se ha debatido qué podían hacer todas estas entidades para mejorar la acción en caso de emergencias. Se ha calificado como «necesaria» la colaboración público privada y el asociacionismo. «Federación, asociaciones y colegios ayudamos en todo lo que pudimos de manera altruista pero sin ningún tipo de orden. Se deben establecer protocolos que coordinen todo esto» ha afirmado Raúl Navarro, de COGITI. En este sentido, los técnicos han sido muy claros. «se deben crear canales donde todos estos actores estemos implicados. En caso de emergencia, este canal debería asegurar la actuación inmediata, por su orden de prioridad y teniendo en cuenta las necesidades de cada sector: luz, gas, agua y movilidad teniendo en cuenta la accesibilidad de cada vecino».

Además, se ha contemplado la posibilidad de proyectar instalaciones en lugares diferentes y revisar las normativas para llevarlas a cabo, ya sean cuadros de contador eléctrico, de agua o gas. «Si nuestros equipos de transformación estuvieran elevados 30 centímetros más se hubiera salvado el 50% de la red. Debemos repensar las instalaciones teniendo en cuenta siempre la accesibilidad», ha reconocido Raga, de Iberdrola. Por parte de los ascensores, Carbonell ha considerado «posible» replantear la instalación de cajas y motores del elevador en altura, aunque avisaba: «El problema es qué hacemos con las fincas donde los ascensores llegan a sótanos».

El director general de Energías, Manuel Argüelles, ha reconocido que durante los primeros días de emergencia la administración pública «fue abriros las puertas para dejaros trabajar. Sin la colaboración entre las compañías el problema hubiera sido mucho más grande». Lo mismo que la representante del Comisionado del Gobierno, Bárbara López, residente en Picanya y que ha reconocido que »sin la empresa privada no sé qué nos habría pasado». Además, desde FEMEVAL han solicitado la creación de un marco regulatorio global de coordinación con ayuntamientos y grandes empresas de suministros: «Cada municipio iba por un lado y por eso se ha podido respirar cierta sensación de caos en las tareas».

Durante el evento, se ha podido contar con la presencia de Vicente Lafuente, presidente FEMEVAL; Tomás Játiva, decano COGITI Valencia; Guillermo Raga, director zona Este de i-DE (distribuidora de Iberdrola España), Manuel Argüelles, director general de Energía y Minas de la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, o Bárbara López, directora de Relaciones Institucionales del Comisionado del Gobierno para la reconstrucción y reparación de los daños provocados por la dana. Además, estaban representados representantes de técnicos de instalación eléctrica, de ascensores, de aguas (como Global Omnium o Hidraqua), peritos, aseguradoras, los ayuntamientos de Paiporta, Aldaia y Catarroja, el CERMI CV, el instituto empresarial de l'Horta Sud y el Colegio de Administradores de Fincas.