Las residencias, al borde del colapso por los impagos de 25 millones del Consell

La fórmula del enriquecimiento injusto, la de gestionar una residencia de mayores con la prórroga del contrato, genera problemas añadidos a la hora de cobrar los servicios prestados. En un contrato normal, las concesionarias de los centros de mayores, entregan las facturas a la conselleria de Hacienda y esta, en un plazo asumible, hace efectivo el pago.

Pero con los contratos prorrogados, esta operación se alarga, porque los justificantes y la burocracia que hay que afrontar es mayor y los pagos incluso deben pasar por el Consell, lo que provoca que el abono de los servicios prestados se demoren durante muchos meses. Además, se convierten en gastos no financiables, ya que las entidades bancarias no dan cobertura en forma de préstamos, ya que los gastos no están respaldados por un contrato en forma de adjudicación sino por una prórroga sin más.

La patronal de las residencias está preocupada por la situación y son varias concesionarias las que han trasladado su inquietud por la posible llegada de septiembre en una situación insostenible y con dificultades para aprobar los pagos. El nuevo conseller o consellera del área se conocerá entre el lunes 17 y el martes 18 de julio, y partir de ahí habrá que completar el puzle del segundo escalón de la Generalitat. Una serie de decisiones que dejan en punto muerto la gestión de la conselleria y que puede poner contra las cuerdas la solvencia económica de algunas de las empresas concesionarias.

En las últimas semanas se han conocido problemas graves en las residencias de mayores que afectan al día a día de los pacientes. Desde las averías en los aparatos de climatización, que han llevados a las direcciones de varios centros a cursar reclamaciones a la conselleria para que subsane los problemas, hasta problemas en ascensores, como los habidos en la residencia de Chiva que inmovilizó a algunos mayores en una de las plantas del centro. En esta última localidad, trabajadores y familiares de residentes se manifestaron a las puertas del Ayuntamiento para exigir unas condiciones dignas para sus mayores.

El mantenimiento de un aparato de aire acondicionado corresponde a la empresa pero la sustitución, a la conselleria. Las concesionarias, por los impagos, no pueden hacer frente a muchos de los gastos generados.

La Agencia Valenciana Antifraude publicó en 2020 un informe en el que ponía en cuestión la fórmula del enriquecimiento injusto para prorrogar contratos y puso el foco en la gestión de la conselleria de Igualdad, especialmente durante la etapa de Mónica Oltra. En el ejercicio de 2017, el área que entonces gestionaba la exlíder de Compromís prorrogó contratos por valor de 104 millones de euros a través de esta fórmula. Un año después, la cantidad superó los 72 millones de euros. Igualdad es la conselleria que más recurre a este tipo de actuaciones aunque Sanidad es la que más dinero gasta. La delegación de Mónica Oltra siempre ha superado el centenar de expedientes resueltos por este modelo, muy por encima del resto de áreas de la Generalitat.

En su informe, Antifraude apunta que recurrir al resarcimiento por enriquecimiento injusto colisiona con los principios de igualdad, transparencia y libre concurrencia. «El abuso de esta vía invisibiliza sendos conflictos de intereses e impide o dificulta sobremanera la ejecución de la prestación», señala el informe. El órgano que dirige Joan Llinares asegura que debería ser un recurso excepcional y además considera que esta vía favorece la posible corrupción dentro de la administración.

El hecho de que en las consellerias no se hagan los deberes y no se preparen los pliegos en tiempo y forma provoca que haya que prorrogar los contratos. De esta manera se produce un vacío en la cobertura normal del servicio público.