Las residencias cargan contra el decreto de sanciones de la Generalitat

«Es una barbaridad». El presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat (Aerte), José María Toro, no salía ayer de su asombro tras conocer, como avanzó LAS PROVINCIAS, que el Consell iba a aprobar un régimen sancionador contra los incumplimientos de la medidas de prevención frente a la Covid-19 en los servicios sociales valencianos. «Ninguna otra comunidad lo ha hecho y no tiene sentido que se haga en la valenciana, que es una de las autonomías en las que mejor lo hemos hecho. Nos preocupa que, con esto, se criminalice a las residencias», aseveró este portavoz. Frente a ello, lamentó, «llevamos dos semanas esperando la actualización de la resolución que gestiona, por ejemplo, las visitas o las salidas de usuarios de las residencias».

Así, mientras que el pleno del Consell aprobó ayer multas de hasta 60.000 euros para los centros que, por ejemplo, incumplan el aforo o mantengan a un trabajador contagiado en el centro; las residencias «cada mañana acudimos al DOGV a ver si al fin se ha aprobado la normativa que actualice la resolución del 1 de junio», señaló Toro, quien recordó que, con el incremento de casos y brotes, «nos informaron que se iba a reformar la orden donde se regulan las visitas y las salidas, y desde el 22 de julio está pendiente. ¿Qué hacemos? ¿Suspendemos las visitas?», se pregunta.

Además, este portavoz insiste en que las salidas de los residentes «tienen más riesgo que las visitas, porque le pierdes la pista, pero las visitas se hacen en un contexto muy controlado, y nuestra propuesta es que las visitas se mantengan y hasta se potencien lo máximo posible en zonas seguras, con limpieza antes y después, sin contacto físico y hasta con separación con mamparas, para mantener el vínculo con la familia».

En esta línea, y como recomienda el propio Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Aerte insiste en su propuesta de realizar pruebas PCR periódicas tanto a usuarios como a empleados, iniciativa que por el momento descarta el Consell. También proponen, como ha hecho el Gobierno autonómico de Castilla-La Mancha, conceder ayudas económicas a los centros y reforzar Atención Primaria con más profesionales.

Por su parte, la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, explicó ayer que el decreto de sanciones aprobado por el Consell no es «tanto por incumplimientos detectados», que se investigan, sino para adaptar la normativa sancionadora con «seguridad jurídica» a esta situación extraordinaria. Así, al igual que la pasada semana se aprobó el régimen sancionador para la población en general ahora se establece «una normativa taxativa y clara« de la tipología y sanción correspondiente para el ámbito de los servicios sociales.