Las residencias de mayores reclaman al Consell los 30 millones que les adeuda para afrontar gastos

Las residencias de mayores y salud mental también tienen problemas. No sólo los centros de menores. La Generalitat adeuda 30 millones de euros a una treintena de entidades a los que se les ha acabado el contrato, es decir a aquellas que encuentran en situación de enriquecimiento injusto o en resarcimiento. Así lo señalan desde la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana (Aerte), la patronal del sector.

Como ha publicado LAS PROVINCIAS, no es el único frente abierto que tiene la Conselleria de Igualdad ya que la administración adeuda 21 millones de euros a los centros de menores. Este hecho está asfixiando a estas entidades. De esta forma, hay firmas que no han recibido ningún pago por gastos de 2023 y estamos ya a fines de septiembre.

Desde Aerte reconocen que es una situación heredada del Botánico pero que ahora tienen que asumir los nuevos gestores de la Conselleria de Igualdad. «Las cosas no se hicieron bien. Los anteriores responsables no renovaron los contratos a tiempo», explica el presidente de Aerte, José María Toro.

En este sentido, explican que en esta situación se encuentran 28 centros a los que se les ha acabado el contrato. Entre ellos se encuentran residencias de la tercera edad de titularidad pública pero gestionadas por empresas, centros de menores y centros de la mujer.

En algunos casos, según explican desde Aerte, los retrasos se acumulan desde el mes de enero. «El proceso de reconocimiento de los gastos es más largo que en el caso de aquellas entidades que sí tienen un contrato en vigor. En el caso del enriquecimiento injusto tiene que ser aprobado por el Consell», recalca José María Toro. «Es producto de la mala gestión del Botànic que no hizo lo que tenía que hacer en su momento y ahora tenemos que pagar las consecuencias», señala Toro.

Por otro lado, desde Aerte mostraron su preocupación por la situación en la que se encuentra el decreto de tipologías aprobado por el anterior Consell, que la patronal llevó a los tribunales y que provocó el malestar del sector. Esta nueva norma se traduce en un importante encarecimiento de las plazas: 540 euros para una residencia, 550 para un centro terapéutico de Alzheimer y hasta 1.600 para una vivienda tutelada para enfermos mentales.

Además, así lo señalan desde la patronal, con el decreto se reduce a una tercera parte (de 2.350 a 715 euros, como máximo) las ayudas económicas a personas con problemas de salud mental que aspiran a contar con una plaza en una vivienda tutelada y supervisada. Esto suponía que frente a cubrir el coste total del servicio, únicamente se financiaría una parte, lo que impedirá a una gran mayoría de los usuarios ser atendidos por falta de recursos económicos, advirtieron desde la patronal, incrementos que rondarían los 1.600 euros mensuales.

Toro ha destacado que no tienen noticias de lo que va a hacer la nueva Conselleria de Igualdad con este decreto. «En su programa el PP señalaba que se revisaría pero desconocemos en qué términos se hará. Susana Camarero en Les Corts ha dicho que se va a revisar. Ya es un paso», puntualiza el presidente de la patronal de las residencias.

Por otro lado, Camarero en su intervención en Les Corts señaló que el Plan Convivint del Botanic «es la gran mentira y fracaso» del Botànic y «la consecuencia es que hay más de 25.000 personas mayores esperando a una plaza». Para desbloquear esta situación, y en colaboración con los municipios, «se agilizarán las obras».

Estos dos de los temas que preocupan al sector. Pero hay más. En el caso de la Unión General de los Trabajadores (UGT), señalan que el problema más grave es la falta de personal, especialmente en las residencias privadas. Así lo ha señalado José Marchante, dirigente de este sindicato. «El ratio de personal es bajo», ha explicado. Además, ha destacado que en noviembre del año pasado se llegó a un acuerdo con los anteriores gestores para equiparar las condiciones salariales de los trabajadores de los centros públicos y los privados. «Esperamos que se aplique», ha afirmado Marchante.

En este sentido, Marchante ha señalado que la implantación ya va con retraso y achaca la responsabilidad a los contratos vencidos, «lo que perjudica a los trabajadores». Lo grave, según ha añadido, es que estos contratos ya caducados se van a ir acumulando con el paso del tiempo, lo que en su opinión provocará un retraso en obligar a las privadas a aumentar el personal.

Marchante ha señalado que el decreto de tipologías supone, además, un incremento de las plantilla al reducir las ratios. «Esta falta de personal conlleva una disminución de la calidad asistencial», ha asegurado el representante de la UGT. En este sentido, ha destacado que las nuevas ratios no se aplicarán hasta marzo de 2024.

El dirigente de UGT ha destacado que se trata de un sobrecoste para las empresas privadas. «A ver cómo queda al final el decreto de tipologías», ha aseverado.

Desde CSIF recuerdan que en marzo se aprobó el decreto de nuevas tipologías de centros, en el que, entre otras cosas, se recoge el aumento de las ratios en todas las residencias. Señalan que donde más personal se necesita «es en auxiliares de enfermería» y critican que aún no se haya puesto en marcha.

Fuentes de CSIF destacan la desigualdad que hay entre las condiciones que impone Sanidad y las de Igualdad. «Esto afecta, por ejemplo, a la categoría de auxiliares de enfermería y enfermería, porque son las dos categorías que son las que hacen turnos y hacen fines de semana», subrayan.

Las mismas fuentes indican que Sanidad impone que cada hora nocturna equivale a una hora y un cuarto, o sea, como si se hubiera trabajado una hora y un cuarto. De esta forma, ese cuarto de hora de más se va sumando, y se reduce del cómputo anual. «Con esto, se da la circunstancia de que las que trabajan en Sanidad hacen menos horas que las que se trabajan en Igualdad», puntualizan.

El sindicato CSIF insisten que este procedimiento no existe en Igualdad donde aquí se paga todo igual. La central ha llevado estas diferencias a diversos foros. Por otro lado, insisten en que existe un grado de FP de auxiliar de enfermería, pero no se está pidiendo desde la Conselleria de forma que cualquier persona con el graduado escolar puede acceder a apuntarse a una bolsa de trabajo o hacer la oposición. Este hecho aparece recogido en el decreto de tipologías pero no se está aplicando.

Por su parte, Alfonso Valero, del sindicato Comisiones Obreras, ha resaltado la misma deficiencia. «Falta personal, especialmente de auxiliares de enfermería y enfermeras», ha explicado el dirigente sindical. Según destaca, esta situación afecta sobre todo al sector privado. «Una auxiliar de enfermería cobra 1.109 euros brutos por lo que muchos dejan de trabajar. Es un sueldo muy bajo para el nivel de exigencia y de trabajo», ha aclarado.

El responsable de CCOO también ha abogado porque se cumpla el acuerdo de la equiparación salarial pero «falta ver lo que hace la administración». Según destaca, la calidad asistencial depende en buena medida en que se mantenga ya que permitirá aumentar las ratios de personal. Ha puesto el ejemplo de que en la actualidad esta es de 22 auxiliares de enfermería por cada cien pacientes y en 2027 tendrá que ser 50 por cada cien ingresados.

La situación es tal, según Valero, que hay centros privados que se encuentran sin enfermeras por la falta de personal y los sueldos tan bajos que se pagan. «La gente prefiere otros empleos», destaca el dirigente de CCOO.

Alfonso Valero también ha mostrado su preocupación por el retraso que se está produciendo los contratos con las residencias y que las obliga a entrar en una situación de enriquecimiento injusto y ha señalado que los que no venzan este año lo harán el siguiente y ha resaltado la necesidad urgente de renovarlos para que se pueda aplicar la equiparación salarial.

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