Residencias de mayores: subir el sueldo a los héroes de la pandemia en la Comunitat

Una vez la pandemia se ha instalado en la rutina diaria y el coronavirus es casi una enfermedad estacional, en las residencias de mayores de la Comunitat Valenciana vuelven los problemas de casi siempre: las prórrogas del servicio por parte de la administración ante la ausencia de concursos -enriquecimiento injusto-, plantillas demasiado ajustadas, salarios bajos y falta de material. Estos son algunos de los males crónicos de unos centros en los que sus trabajadores fueron calificados como superhéroes en los tiempos del Covid y que ahora, con la tabla salarial en la mano, reclaman un aumento de sueldo. La promesa es una subida de 200 euros de media al mes por profesional, más la remuneración del domingo como festivo, tienios y otras mejoras. Actualmente el acuerdo es de 1.784 horas anuales, y la previsión es rebajarlo a 1.612, por lo que habrá que contratar también a más personal.

La patata caliente ahora es el convenio colectivo que debe mejorar las condiciones de los centros concertados y cuya negociación no marcha a la velocidad deseada. Un acuerdo que afecta a 55 residencias concertadas de la Comunitat Valenciana, entre municipales y de la Generalitat. Una partida a tres entre la conselleria de Igualdad, las empresas y los sindicatos. Ahora mismo no hay un acuerdo. La situación está tan enrevesada que para el viernes hay convocada una protesta ante la sede de una empresa concesionaria cuando la lógica invita a que la concentración debería de ser en la puerta de la patronal AERTE, que aglutina a todas las firmas privadas que gestionan residencias concertadas.

Todas las partes consultadas tienen sus razones y su motivos, todas defienden el peso de sus argumentos. La negociación está tan estancada que hasta los sindicatos mayoritarios UGT y CC.OO. tienen un discurso distinto sobre el punto de vista en el que está la negociación.

En este guirigay, hay un asunto que nadie discute: los sueldos de los profesionales de las residencias concertadas son bajos. Inadecuados a la labor que realizan, como se ha visto durante la pandemia del coronavirus Lo dicen los trabajadores, las empresas y la administración. Aquí sí que hay consenso. El punto de fricción está en cuándo se debe aplicar la subida del sueldo y el resto de mejoras. El último convenio colectivo es de 2016 pero es cierto que hay una tabla salarial del 2019 que se quiere actualizar. En esa tabla, el sueldo de una auxiliar de enfermería es de 1.277,16 euros en 14 pagas y el plus de nocturnidad es de 9,56 euros. El objetivo es mejorar estas condiciones.

El dinero para aumentar la retribución de los profesionales y actualizar el convenio está listo. Lo dice la conselleria de Igualdad, la patronal y los empresarios. Entonces, ¿cuál es el problema? Cada una de las partes tiene una visión distinta del momento en el que aplicar la subida.

Los trabajadores defienden que debe ser de ejecución inmediata, en el momento en el que se apruebe. AERTE, en cambio, apunta que tiene que ser en el momento en el que se renueve el concurso. «Una empresa fue adjudicataria en su momento de un servicio, lo que no puede asumir es una nueva tabla salarial que no estaba incluida en el pliego de condiciones que regía el proceso que ganó», señala José María Toro, presidente de la patronal.

La administración adjudica generalmente el servicio durante cuatro años (dos fijos más uno y más uno de prórroga). Además, en muchos casos se están dando situaciones de enriquecimiento injusto, que quiere decir que muchas empresas tiene que seguir prestando el servicio después de los cuatro años porque la conselleria de Igualdad no ha sacado el concurso.

Las empresas concesionarias defiende aplicar la subida salarial sólo a partir de una nueva adjudicación con el nuevo convenio y que no sea de carácter retroactivo. Es decir, si mañana se renueva un concurso con el actual convenio, los trabajadores verían su nómina mejorada dentro de cuatro años porque las empresas adjudicatarias presentaron su oferta en relación a unas condiciones concretas, que nada tienen que ver con el futuro convenio.

En cambio, una amplia parte de los trabajadores descarta esta idea y defiende que la aplicación debe ser ser generalizada a partir de la puesta en marcha del nuevo acuerdo. Consideran que sería un agravio comparativo que un profesional recibiera un sueldo distinto en función de la residencia en la que trabaje, y reclaman un acuerdo global.

Además, AERTE afirma que por la Ley de Contratos del Sector Público las empresas no pueden renunciar a las prórrogas de las concesiones. Así lo impone el artículo 29 de la norma: «La prórroga se acordará por el órgano de contratación -la conselleria de Igualdad en este caso- y será obligatoria para el empresario».

Y este es el nudo gordinado. Tan enrevesado que ni los propios sindicatos se ponen de acuerdo. CC. OO. ha hecho un llamamiento a la movilización y hay convocada al menos dos manifestaciones a las puertas de dos de las principales empresas de residencias de la Comunitat. La primera, el viernes en la sede de Gesmed. En cambio, UGT niega que la negociación del convenio esté bloqueada y ha emitido un comunicado en el que asegura que la semana que viene va a haber reuniones para tratar de llegar a un acuerdo.

La conselleria de Igualdad, que está en el punto de mira por no poner a disposición de los valencianos ninguna residencia pública más desde la llegada del Botánico, tiene el reto de solucionar en los próximos meses una situación que puede poner en jaque la atención a los mayores si las protestas se generalizan.

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