La Fiscalía reclama más plazas, personal y control en las residencias

La memoria de la Fiscalía de Valencia, presentada en el arranque del año judicial, recoge un severo toque de atención dirigido a la política de residencias y personas de avanzada edad en la Comunitat. No sólo hacen falta más ante el envejecimiento de la población, sino que urge aumentar el número de plazas y mejorar el control de estos centros.

Lo expone la fiscal coordinadora de la sección de personas con discapacidad y mayores de esta Fiscalía en el capítulo final de la memoria, centrado en reformas legislativas. En el apartado del ámbito civil, la representante del Ministerio Público estima: «Las residencias en las que se atiende a esas personas son cada vez más necesarias, dada la evolución de la edad poblacional». Se refiere al envejecimiento paulatino en la Comunitat, con más muertes que nacimientos, y una edad media de la población en constante aumento.

A su entender, hay mucho que mejorar. Es decir, los años de gobierno de Mónica Oltra al frente de Políticas Inclusivas, ahora con su sucesora Aitana Mas, no han logrado lo que sería idóneo bajo el prisma de la Fiscalía de Valencia. Y expresan las carencias así: «Debería aumentar el número de plazas y revisarse al alza las ratios de personal de atención directa para mejorar la calidad asistencial».

Considera muy importante que tanto la Generalitat como los gobiernos autonómicos, en general, «mejoren y aumenten su capacidad inspectora». Pero va más allá. También pide que se «incremente la atención sanitaria y la formación del personal que atiende a los mayores».

A tal efecto, ahonda el escrito que firma la fiscal superior Teresa Gisbert, «sería muy recomendable una reforma, por ley orgánica, que estableciese un procedimiento específico para los ingresos residenciales, su seguimiento y control». Y también «para el control de las posibles sujeciones que puedan realizarse».

La memoria de los fiscales valencianos ahonda en la evolución de la criminalidad. Llama la atención sobre el incremento de los homicidios imprudentes en Alicante, un 44%, que también crecen en Castellón. En la provincia de Valencia, han crecido un 16% los crímenes, al pasar de 66 en 2020 a 76 en el año pasado. También se disparan casi un 18% los delitos de lesiones: más de 22.000 casos atendidos en 2021.

El pulso de la Fiscalía a los delitos sexuales también arroja resultados preocupantes, en especial en Valencia y Castellón, con incrementos que rondan el 40% respecto al año anterior. En la provincia de Valencia se registraron 284 violaciones que fueron investigadas por el Ministerio Público. Y también aumentaron los abusos sexuales con especial intensidad: casi un 60%.

Respecto al análisis de violencia doméstica, la Fiscalía de Valencia pone el acento en el maltrato de hijos a padres, otro problema creciente que tiene su origen en «problemas psiquiátricos, alcoholismo y consumo de drogas». Si se observa la estadística de 2021 aparece un dato revelador de esta realidad: «el maltrato de los descendientes a los ascendientes es casi el doble del maltrato de padres a hijos». En el primer caso, 410 agresiones en un año, en el segundo, 227.

En materia de violencia de género, aparece un aumento de las diligencias: más de 4.800, según la memoria. En cuanto a las condenas, más de 1.500 maltratadores acabaron condenados el año pasado por agresiones, amenazas o quebrantamientos a sus parejas o exparejas.

Respecto a personal y medios, la Fiscalía de Valencia expone: «Es necesario un aumento de las plazas de fiscal y abogado fiscal, tanto por el aumento de la litigiosidad, que también afecta a los fiscales y aumenta su trabajo, como por la creación de nuevos órganos judiciales».

Salvo en los juzgados de violencia sobre la mujer, «no va acompañada de la creación de plazas de fiscal a pesar del evidente aumento de trabajo que suponen». Destaca el elevado número de señalamientos de juicios que han de ser cubiertos por los profesionales, con semanas de hasta cuatro vistas.

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