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D. GUINDO
VALENCIA.
Jueves, 3 de octubre 2019, 00:35
El 1 de noviembre del pasado año expiró el contrato que la Conselleria de Sanidad había suscrito con la Unión Temporal de Empresas (UTE) Erescanner Salud para la realización de las resonancias magnéticas en la mayor parte de los hospitales públicos valencianos. Después de diez años, la Administración autonómica (ya en manos de PSPV y Compromís) se había decidido a no prolongar esta relación y a internalizar el servicio, bajo la premisa, repetida como un mantra, de que la gestión directa es mejor. Un par de semanas antes de que acabara el contrato, Sanidad tuvo que pedir a la UTE que continuara prestando el servicio, al menos tres meses más. La conselleria se había dado cuenta que, al menos en ese momento, era incapaz de asumir la gestión de un servicio sanitario clave. Y casi un año después, Sanidad sigue sin internalizar las resonancias y sin ofrecer una fecha para hacerlo. Mientras tanto, la UTE continúa al frente del servicio bajo la fórmula del enriquecimiento injusto y el concurso convocado para, precisamente, servir de complemento a la labor de la conselleria en el momento en el que asuma la gestión de este pilar del diagnóstico clínico.
En un primer momento, todo parecía indicar que no habría problemas en que el departamento de Micer Mascó se pusiera al frente de las resonancias. Incluso, a mediados de septiembre, mes y medio antes de que expirara el contrato, la conselleria ya había resuelto la adjudicación del concurso. No sirvió demasiado. Sanidad todavía no tenía claro de qué forma revertir el servicio y, sobre todo, cómo asumir al personal que en la última década había gestionado la realización de las pruebas. La situación parece que se aclaró cuando el Consell Jurídic Consultiu, finalmente, dio el visto bueno a la operación por lo que la conselleria trasladó a mediados de marzo a los profesionales que la operación se iba a llevar a cabo, pero después de las elecciones autonómicas de abril, puesto que quedaba pendiente un informe económico que diera viabilidad a la operación. Pasaron los comicios y las vacaciones estivales y, de momento, sigue sin reactivarse el proceso.
En la misma situación se encuentra el insistentemente repetido adelanto de la reversión de la gestión del hospital de Dénia, en manos de Marina Salud. Hace unas semanas, responsables del departamento de Ana Barceló se reunieron con portavoces de DKV, mayoritaria en la compañía. Desde la aseguradora confirmaron que en ese encuentro de inicio de curso se trataron aspectos de la gestión, pero que no se avanzó en las negociaciones para la reversión. En Ribera Salud, la tercera pata en la concesión, tampoco tienen noticias de la Generalitat. Parece, por tanto, que la prisa del presidente Ximo Puig (en la estela de la anterior consellera de Sanidad, Carmen Montón) de lograr la reversión antes de las pasadas elecciones no surtió efecto. La advertencia de llevarla a cabo de forma unilateral, auspiciada en la defensa del interés general frente a un supuesto y no demasiado argumentado servicio deficiente, tampoco se ha concretado en nada y ahora parece que los comentarios se han suavizado y desde el Consell vuelve a apostarse, de nuevo, por llegar a un acuerdo con la concesionaria.
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