Los retos de 2023

El año empezará con 70.000 valencianos esperando una intervención quirúrgica, como publicó LAS PROVINCIAS, a pesar de que los tiempos de espera se están reduciendo gracias a las derivaciones al sector privado y el llamado autoconcierto.

Pero todo es poco en un sector cansado después de dos años de lucha contra el Covid, donde las plantillas están extenuadas y los ánimos a flor de piel, con protestas en la puertas de los hospitales a las primeras de cambio. Mucho trabajo por delante para los responsables.

Y si hay que hablar de una lacra que afecta a todos sin distinción, se trata de la violencia de género, que deja a cientos de familias cada año envueltas en la tragedia de lo inexplicable, lo horrible de un sinsentido que se lleva por delante la vida de muchas mujeres.

Cualquier recurso es poco para el problema tan grave de la sociedad moderna, que en este caso sigue en la prehistoria. Las asociaciones de víctimas piden más protección con refuerzos policiales y dispositivos electrónicos, que se han demostrado eficaces para reducir los crímenes.

Y en el ámbito de lo social, la Comunitat seguirá tristemente con las colas del hambre y las penurias para llegar a fin de mes de demasiadas familias. Las buenas cifras de empleo no logran evitar las imágenes de personas en fila indica para recoger alimentos, así como asentamientos en las ciudades en lugares insospechados hasta hace unos pocos años, como en pleno centro de Valencia. Todos los recursos que ponga la Administración serán pocos en este sentido, al igual que ocurre con la educación, donde la Conselleria tiene una deuda evidente con las universidades públicas, además de mejoras en la educación infantil y dar un paso decisivo en la eliminación de barracones en los colegios.

Y por último, en el ámbito de la ciudad de Valencia, el cap i casal se enfrenta a un fin de mandato que el PP intentará que sea un cambio de ciclo. Se presentan unos meses animados en lo político en todos los municipios, aunque en los casos donde hay empate técnico la pugna será mayor si cabe. Los retos pasarán por la recuperación pendiente de barrios como Orriols y la Malvarrosa, donde se han sucedido las protestas en 2022, así como afrontar las quejas por la falta de limpieza e inseguridad ciudadana.

La etapa postpandemia hace que los viejos déficits de la sanidad pública valenciana reluzcan con más intensidad, de ahí que el principal reto del Gobierno autonómico sea paliarlos y dar pasos hacia una renovación y modernización del sistema. Las listas de espera suponen uno de los mayores males para los pacientes. Las quirúrgicas superan los tres meses de media mientras que en momentos como el actual, con un importante repunte de las infecciones respiratorias, también son notables los retrasos para tener cita con el médico de familia y para ser atendido en los servicios de Urgencias o derivado al especialista. Corregir estas esperas con una mejor organización debe ser una de las principales aspiraciones de la Conselleria de Sanidad para 2023.

Esa mejora, precisamente, va íntimamente ligada con otro de los retos: mejorar la relación con el sector privado, estigmatizado desde que el Botánico se hizo con las riendas del Consell. Sanidad ha tenido que seguir derivando pacientes a los hospitales privados para contener las listas de espera, práctica que deberá mantener este nuevo ejercicio –si no quiere que se desborden las demoras– y extenderla a las pruebas diagnósticas. Por tanto, estrechar la colaboración con estas clínicas y centros hospitalarios debe ser casi una obligación si quiere ofrecer la mejor atención posible a los pacientes. Mejorar la relación con las concesiones para sembrar un buen ambiente de cara a las futuras reversiones iría también en esta línea.

Otro reto importante será hacer frente a la explosión de problemas de salud mental registrada especialmente en el último año: desde el aumento de los intentos de suicidios hasta el incremento exponencial de dolencias como la ansiedad o la depresión, sobre todo entre los jóvenes.

En esta línea, la pandemia de Covid también provocó que se redujera la atención y el seguimiento de los enfermos crónicos, así como la realización de cribados y pruebas de detección precoz de dolencias tan graves como el cáncer. Ponerse al día con estos pacientes para evitar que se agraven su problemas de salud es otro de los objetivos marcados en rojo en la agenda sanitaria.

La saturación del sistema sanitario, agravada por el coronavirus y sus consecuencias, ha tensado también la relación entre la conselleria y sus trabajadores. El año arranca con un calendario de negociaciones sobre la mesa para establecer mejoras laborales que hagan menguar la conflictividad reinante entre la Administración y las fuerzas sindicales. Mejores condiciones, salarios más altos y refuerzos son, a grandes rasgos, las principales exigencias. Conjugar estas reivindicaciones con la sostenibilidad económica del sistema será un difícil reto al que también se enfrentarán los gestores públicos.

Seguir avanzando en la renovación de las infraestructuras y en la incorporación de nuevos equipos tecnológicos plantea otro reto: evitar que la progresiva innovación continúe deshumanizando la asistencia. Las citas telefónicas, por ejemplo, no acaban de convencer del todo ni a pacientes ni a profesionales pese a la evidente agilidad que generan.

El gran reto en lo social es para las administraciones, llamadas a dar una respuesta adecuada ante la creciente bolsa de pobreza y aprietos económicos generada por dos crisis encadenadas: la que irrumpió primero con la pandemia y la que siguió con el alza de precios generalizada, agudizada desde febrero, y que ha llegado a disparar la inflación un 11%.

Las familias numerosas ya han urgido más ayudas para soportar tanto gasto, en especial el de una cesta de la compra que se ha puesto por las nubes. Mientras, los padres desempleados con hijos a su cargo agonizan para hacer frente a las facturas, alquileres o deudas.

En este preocupante contexto, los salarios no crecen al ritmo al que se ha disparado el coste de la vida. Nunca antes organizaciones humanitarias como Cáritas, Cruz Roja o Save The Children habían sido tan necesarias para sacar las castañas del fuego. Para muchos son el salvavidas ante la insuficiencia de las ayudas públicas.

Según Casa Caridad, cada día más personas y familias normalizadas, con trabajo y vivienda, piden ayuda al no poder hacer frente a tanto gasto. En 2022 se ha disparado un 30% la cantidad de beneficiarios de los carros de alimentos y artículos de higiene. La principal preocupación es impedir que quienes se mueven en la cuerda floja económica acaben en la calle.

Pero hay más. Los ayuntamientos deben seguir poniendo el foco en el sufrimiento bajo chabolas, puentes o escombros. La reciente muerte del tercer indigente en una fábrica abandonada y en ruinas de Benimaclet, en Valencia, supone, sin duda, un reto apremiante.

Ese el colofón de un problema que nunca se erradica. No escatimar en albergues para los más desfavorecidos e incrementar el apoyo psicológico e integral a quienes se las ven sin techo resulta primordial en una sociedad que pretende llamarse humana.

Otro gran reto social es el progresivo envejecimiento de la población valenciana y las muchas consecuencias que ello conlleva. Por ejemplo, el drama silencioso de la ancianidad en soledad. O el de aquellos mayores que asumen la actual carestía con pensiones irrisorias. O el de las vergonzosamente tardías ayudas a la dependencia.

Los usuarios de residencias, por ejemplo, han planteado en 2022 un alud de quejas. Un reciente escrito de la Coordinadora de Familias y Usuarios de Residencias de la Comunitat Valenciana urge más plazas residenciales, paliar el déficit de inspecciones y que se cree un grupo de la Policía Autonómica especializado en los casos de malos tratos a los mayores. Según lamentan las familias de los usuarios, «existe una continua degradación en la calidad de la atención».

El principal reto para la justicia valenciana sigue siendo dar una respuesta adecuada a la violencia machista en un año que acaba con una doble división y polémica. Por un lado, existe conflicto por las rebajas penales para delincuentes sexuales a raíz de la entrada en vigor de la ley del 'sólo sí es sí'. Por otro, la nueva agrupación de juzgados de violencia contra la mujer en la Comunitat no gusta a los abogados y hay quejas por desplazamientos de hasta 40 kilómetros para denunciar.

El año acaba con cuatro asesinatos machistas en la Comunitat, ocurridos en Sueca, Alzira, Benidorm y Alcoi. Sólo un 40% de las víctimas mortales en España había presentado denuncia.

El maltrato oculto sigue ahí. Según una sargento de la Guardia Civil, en los pueblos valencianos se perpetúa una bolsa de violencia machista escondida porque el apoyo que reciben las víctimas y los recursos no son tan amplios como en las ciudades. Desenterrar esos infiernos que ellas callan por miedo o vergüenza y lograr hacer justicia en ellos es una asignatura pendiente. Y aquí el civismo es clave. Todos cuentan.

Este año, además, un caso ha puesto sobre la mesa el peligro de una mala coordinación: el del niño de 10 años asesinado en Sueca por su padre, que estaba con él sin que se le hubiera retirado la custodia a pesar de que un juzgado lo había condenado por malos tratos. Afinar al máximo los sistemas de protección y vigilancia para que esto no vuelva a suceder es todavía un reto para las administraciones. No puede fallar nada cuando hay vidas en riesgo.

En cuanto a los casos judiciales concretos, durante 2023 los magistrados valencianos tienen ante sí el reto de impartir justicia a las víctimas de cinco graves casos recientes. Destaca, en primer lugar, el caso del 'Tuvi', el joven en prisión provisional sospechoso de matar a la joven de 19 años Wafaa, a la que ocultó en el pozo de una parcela de su familia en Carcaixent. Tras una costosa investigación, acabó confesando dónde había escondido a la víctima.

Se suma la resolución judicial de tragedias tan dolorosas como la muerte de nueve ancianos en la residencia de Moncada, uno de los mayores dramas de la historia reciente de la Comunitat en el que, hasta la fecha, no existe ninguna responsabilidad ni persona imputada.

Deberá caer también la justicia sobre el asunto del Festival Medusa, con un fallecido y 40 heridos. O dar respuesta a los pasajeros heridos en el tren del incendio Bejís. Y también con la muerte de dos niñas al tumbar el viento un castillo hinchable en la feria de Mislata.

El año que empieza debe servir para seguir avanzando en el objetivo básico de cualquier modelo educativo: acompañar a todos en su proyecto formativo y vital, independientemente de sus condicionantes de origen. Servir de ascensor social. Y en ello juega un papel fundamental la gratuidad, para que el que menos tiene no vea penalizado su progreso desde sus primeros pasos en el sistema.

El Consell ve con buenos ojos extenderla en el primer ciclo de Infantil, una etapa clave para el desarrollo madurativo, sin olvidar el rol que juegan estos centros en la conciliación laboral y familiar. A día de hoy, para los niños de entre cero y dos años sólo existe una ayuda parcial en función de la renta, por lo que el coste del servicio para la mayoría de las familias sigue siendo elevado. La única excepción son las guarderías de la Generalitat, de alcance limitado al prestar servicio en medio centenar de municipios.

En septiembre la consellera de Educación, Raquel Tamarit, mostró su predisposición a seguir avanzando por esta senda después de que este curso se haya generalizado la gratuidad en las plazas de dos a tres años. Pero no ha habido más concreción, un vacío que seguro se llenará poco antes de las elecciones, cuando se conozcan los programas electorales. El principal partido de la oposición, el PP, ya presiona en este sentido: ha prometido, si gana, que todas las plazas de los centros de Infantil serán gratuitas.

El Botánico ha interiorizado la máxima de que ahorrar gastos a las familias ayuda a compensar desigualdades. Buena prueba son medidas como la citada, el incremento de las becas de comedor o la gratuidad de los libros, que el curso que viene llegará a Bachillerato. Sólo le falta un pasito: dejar atrás su sesgo ideológico y actualizar el concierto educativo, congelado desde 2009. Y es que el dinero para cubrir gastos de funcionamiento que recibe la red es el mismo que hace trece años. Pero los costes suben, como sabe cualquier familia tipo. Acabar con este desfase implicaría eliminar las aportaciones voluntarias de las familias en beneficio de la equidad y de la libertad de elección.

En materia universitaria, 2023 debe servir para pactar ya la mejora de la financiación de los centros públicos. Lo anunciado por el Consell no es más que un parche insuficiente –dar de más lo que se deja de pagar por otro lado– y ya hay 'runrún' en los rectorados. Si no hay dinero suficiente se resiente la inversión, la docencia, la investigación y la posibilidad de ejercer la autonomía para, por ejemplo, ayudar a los alumnos que lo precisan a través de becas propias. Y por tanto, pierde la igualdad de oportunidades.

Este año es electoral y eso en un ayuntamiento lo dice todo, más en el caso de Valencia donde las encuestas conocidas hasta ahora hablan de un empate técnico entre el bloque conservador y el progresista. Cinco meses pues apasionantes en lo político y que afectarán sin duda a la gestión en los barrios.

Los retos se convierten en asuntos pendientes, dado que no hay posibilidad de desarrollar nuevos proyectos. Así, destaca que todavía no se haya aprobado de manera definitiva el Plan del Cabanyal, o que el PAI del Grao siga estancado, por no hablar de lo que ocurre en Benimaclet, donde el desacuerdo entre Compromís y PSPV obligó a chutar el balón hacia adelante sin resolver qué hacer con los solares situados entre el barrio y la ronda norte. Eso en cuanto a los retos urbanísticos más mediáticos, aunque la parte menos conocida es la dificultad ya crónica del gobierno municipal de promover viviendas públicas.

Sobre el medio ambiente, el reto principal pasa por reducir las quejas vecinales debido a la falta de limpieza en las calles y jardines, algo que se repite de manera periódica en los informes mensuales. La previsión es que las nuevas contratas entren en servicio a lo largo del primer trimestre e incorporan poco a poco mejoras prometidas. El llamado 'contrato del siglo' se ha atascado debido a los recursos presentados por dos aspirantes a los sectores en los que se ha repartido la ciudad.

En materia de movilidad, el año frenético de la reurbanización de varias plazas en el centro dará paso a cierto periodo de calma, aunque los proyectos siguen. El final de año ha supuesto una colección de recreaciones virtuales donde las últimas pasan por la reforma de la avenida del Puerto y la calle Guillem de Castro. Eso sí, el verdadero 'obrón' será el canal de acceso del Parque Central donde los 443 millones de euros de inversión no se notarán mucho los primeros meses, dedicados a colocar vías provisionales en los laterales de las actuales.

Será el proyecto que marque el siguiente mandato tanto por su importancia simbólica del final de parte de la barrera de hierro en Valencia y la ampliación del Parque Central con un bulevar ajardinado en García Lorca. Quedarán varias fases más, pero la impresión es que la gran zona verde se desbloquea tras unos años de hibernación. Y en lo social, el próximo año será también el que se enfrente al reto de mejorar la convivencia en barrios como Orriols y la Malvarrosa, donde siguen las manifestaciones vecinales.