Los riesgos de las cárceles valencianas

Los últimos incidentes conocidos en prisiones de la Comunitat han avivado el debate sobre la seguridad en los centros penitenciarios. Los funcionarios reciben agresiones a diario por parte de los reclusos y además, están desbordados por el déficit de 3.500 efectivos a nivel nacional, dato reconocido por la Administración.

Hace una semana un preso de la cárcel de Picassent calificado de primer grado, es decir, de los más peligrosos del sistema, se atrincheró en su celda e hirió a siete funcionarios con elementos metálicos que arrancó de una ventana. La cárcel de Picassent, desde su construcción, no está diseñada para albergar a reclusos de este tipo. El módulo donde se produjo el altercado se 'improvisó' durante la edificación y no cuenta con los elementos de seguridad necesarios.

La vida de los funcionarios de prisión está en juego en cada servicio. Desde el sindicato ACAIP denuncian que la Administración mira hacia otro lado y que Secretaría General de Instituciones Penitenciarias «criminaliza» a sus trabajadores. Estas quejas surgen por varios motivos.

El primero se basa en el 'protocolo de actuación' que han de seguir los carceleros en casos como el mencionado en Picassent. Los trabajadores están obligados a utilizar «la menor fuerza posible» y se enfrentan a los reclusos sin ningún equipamiento disuasorio que les dé ventaja a la hora de reducir a presos que causan reyertas. En estos enfrentamientos los funcionarios se encuentran con otro 'handicap', que es su elevada media de edad, superior a los 50 años, que a la hora de forcejear con presos 20 años más jóvenes no tienen la misma agilidad y fuerza física. Además, estas agresiones no tienen casi consecuencias para los presos, «les sale gratis porque la mayoría se declaran insolventes y no pagan las sanciones económicas. No existe un seguro que garantizase que los funcionarios atacados cobren una indemnización. Al preso solo se le castiga con un par de días sin patio o como mucho lo trasladan a otra prisión con más seguridad», declara ACAIP con resignación.

Otro motivo de denuncia es la desprotección del sistema. Los funcionarios «temen» denunciar las agresiones que sufren porque a la hora de comprobar los hechos, en cuanto el empleado no se acoge 100% al protocolo establecido, son sancionados por sus superiores. El citado protocolo «es insuficiente y nos deja desprotegidos ante ataques», afirman desde ACAIP.

Pero la gota que cola el vaso es la última instrucción promovida desde Secretaría General. Todas las denuncias de internos han de ser tramitadas judicialmente aunque no haya daños físicos; es decir, que los presos pueden denunciar a funcionarios prácticamente sin pruebas. «Es como si los pájaros disparasen a las escopetas», proclaman desde el sindicato.

Los funcionarios de prisiones no son reconocidos como agentes de autoridad, lo que es otro motivo de queja por parte del colectivo. «Al igual que un profesor es considerado autoridad, un carcelero debería serlo por el ambiente en el que trabaja, no tiene sentido nuestra situación», reclaman.

El número de presos en relación al de funcionarios es alarmante. La cárcel de Fontcalent, en Alicante, cuenta con 453 celdas y en la actualidad asume casi 1.000 presos, cuando la legislación establece que debe haber un preso por celda. «Esta irregularidad está reconocida por la Administración», afirman. Además, el número de trabajadores en contacto directo con los presos es ínfimo; ahora mismo los sindicatos hablan de 15 carceleros para controlar a los casi 1.000 reclusos en Fontcalent, una situación de máximo riesgo y que se extiende a todas las cárceles de la Comunitat.