F. RICÓS
Lunes, 20 de septiembre 2021, 13:09
La Conselleria de Sanidad procederá judicialmente contra el acuerdo de compraventa de acciones del Hospital de Dénia alcanzado por Ribera Salud y DKV formalizado a principios de septiembre «por no haber solicitado la preceptiva autorización previa» al Consell.
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Así lo comunicó la consellera Ana Barceló al comité de empresa y a la junta de personal del departamento de salud dianense y con ello se certifica que se agrava el pulso que mantienen Sanidad y la ahora concesionaria del Hospital de Dénia. Un pulso que se alarga desde que el Gobierno valenciano 'rescató' la concesión del Hospital de Alzira en la pasada legislatura y que se agrava con la postura mostrada por Sanidad después de que haya decidido no proceder a renovar la concesión vence el próximo día 15 de octubre.
También comunicó Barceló a los trabajadores que en la conselleria todavía estudian las medidas concretas a tomar por parte de la Abogacía de la Generalitat y les explicó que no les afectará
Y advirtió de que «garantizaremos el cumplimiento de la Ley de Salud Valenciana que impide posiciones de dominio en el ámbito de la sanidad pública».
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El anuncio efectuado por Barceló cogió «por sorpresa» a la concesionaria del Hospital de Dénia, Ribera Salud. «Sorpresa por comprobar, una vez más, que para un tema tan importante la Conselleria no se reúna con nosotros», lamentaron desde la compañía.
La consellera señaló que Sanidad va a apoyar su denuncia en contra del acuerdo de compra venta de acciones, por el que Ribera Salud se hace cargo del 100% de la empresa que cuenta con la concesión del Hospital de Dénia, en una resolución de la Abogacía de la Generalitat en la que indica que «el órgano de contratación debe autorizar expresamente y con carácter previo la cesión (de las acciones)».
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La Abogacía de la Generalitat añade en su informe que en el caso de una transmisión de acciones la Administración sanitaria debe tener conocimiento previo, porque esta circunstancia puede afectar a la buena marcha y eficacia del servicio de gestión integral que incide en los usuarios. Por ello, estima que la Administración «no puede ser ajena a la operación de compra de acciones que se lleva a efecto por Ribera Salud para tomar el control del 100% de la empresa concesionaria», indica la Conselleria de Sanidad.
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Ante esta posición, Ribera Salud aduce que «la Generalitat fue informada formalmente antes de la operación». Además, añade que hay informes de la Abogacía de la Generalitat «en otro sentido, lo cual nos inquieta por la discrepancia de criterios y, por tanto, es un tema que tendrán que estudiar y resolver los asesores legales».
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El informe de la Abogacía de la Generalitat también hace referencia a la respuesta dada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a la Conselleria de Sanidad sobre la transferencia de acciones entre ambas compañías privadas del sector sanitario, Ribera Salud y DKV. Desde el departamento que dirige Ana Barceló inciden en que el organismo regulador estatal «de forma explícita señala que no ha valorado los efectos de la ley valenciana de 2018 en la operación». Una operación a la que dio el visto bueno, como se encargan de recordar desde Ribera Salud. «La operación es acorde a derecho y cuenta con el aval de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia», sostienen desde la empresa que mantiene la concesión de la gestión sanitaria de la Marina.
La consellera Barceló destacó que su departamento va a continuar «vigilando de forma estrecha» a la compañía concesionaria «para que cumpla con las obligaciones asistenciales que tiene con la población del departamento de Dénia, tal y como establece el contrato de concesión».
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Mientras tanto, desde Ribera Salud defienden que «por nuestra parte seguiremos centrados en nuestra labor sanitaria y en seguir ofreciendo la mejor atención a nuestros pacientes, y más en estos tiempos tan delicados para todos los ciudadanos».
El anuncio de la consellera de Sanidad de presentar ante los tribunales un recurso en contra de la compra por parte de Ribera Salud del 65% de las acciones que tenía DKV de la concesionaria que gestiona el Hospital de Dénia no es sino ahondar en el desencuentro entre la administración pública y la empresa privada. Es una forma más de agravar el pulso que mantienen, sobre todo después de que Ribera Salud tuviera que dejar de gestionar el Hospital de Alzira en 2018.
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La Ley de Salud valenciana esgrimida por sindicatos, comité de empresa y la conselleria para frenar la operación accionarial «no aplica en este caso porque es muy posterior al inicio de la concesión», defiende la empresa.
Si bien los tribunales han cerrado la puerta a acabar con la reversión del Hospital de Alzira, ha dejado abierta la posibilidad de prorrogar durante cuatro años ese periodo concesional.
En ellas se contempla una prórroga de otros cinco años en todos los casos y los magistrados avisaron a las autoridades autonómicas de que, si bien en el caso de Alzira ya no había marcha atrás, este es un asunto que ha de tenerse en cuenta en futuras operaciones similares.
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