Sanidad, a juicio por infravalorar la experiencia de la diálisis concertada

Los trabajadores de la sanidad concertada quieren que su experiencia se reconozca al mismo nivel que la los de la pública. Una agrupación de casi 400 profesionales de diálisis ha impulsado un recurso contencioso-administrativo, que ha derivado en la apertura de un juicio para el próximo marzo, con el objetivo de dirimir si es necesario ampliar la actual baremación que se sitúa en 0,10 puntos por mes trabajado hasta 0,30 para igualarlos con los profesionales públicos.

Así lo reclaman 373 profesionales de una veintena de localidades de toda la Comunitat, representados por el letrado Manuel del Hierro. En el escrito presentado ante un juzgado de Valencia, remarca la necesidad de que se valore que el 99% de los usuarios atendidos que se presentan en los centros privados concertados son pacientes de la sanidad pública que son remitidos por la conselleria y los diferentes hospitales y que todos sus gastos son sufragados por la Administración. Por ello, no entienden que el mismo trabajo se les valore un tercio. Una situación que, según señalan, les repercute para acceder a las bolsas de trabajo al dejarles en inferioridad respecto a otros candidatos que cuentan con la misma formación y realizan idénticas funciones.

El letrado se ampara en precedentes de otras concesiones como el de Eresa, en el que se reconoció la experiencia, y en las resoluciones del Síndic de Greuges, que pidió valorar igual el tiempo trabajado en centros concertados y en los públicos para «no crear desigualdades que sean arbitrarias». Aunque esta resolución del Defensor del Pueblo no es de obligado cumplimiento, sí que fuerza a la Administración a actuar en un determinado sentido o, por lo menos, a dar pasos para reducir esta disparidad que no solo está presente en la diálisis sino también en otros sectores donde la conselleria no posee medios propios suficientes, como son las resonancias magnéticas, el Instituto Valenciano de Oncología (IVO), el transporte de ambulancias o la hemodiálisis. Con estos argumentos, los trabajadores piden impugnar la resolución de octubre de 2018 sobre este asunto.