Sanidad licita por 39 millones el servicio de impresoras y deja fuera a las pymes valencianas

Acuerdo marco para el arrendamiento de dispositivos de impresión, copia y escaneo, así como su gestión, con destino a los centros dependientes de la Conselleria de Sanidad. Este el nombre del concurso que ha licitado el departamento autonómico para dotar a todos los hospitales y centros de salud valencianos del servicio de reprografía conformado por nada menos que 20.199 máquinas (desde las pequeñas impresoras de las consultas de los médicos de familia a los grandes dispositivos de los hospitales).

La conselleria ha previsto que el valor estimado del arrendamiento de estos dispositivos, durante cuatro años, así como las copias que se estima que se realizarán, será de unos 38,9 millones de euros, prácticamente cuatro veces más del coste actual del servicio que, de forma independiente, tienen contratados los departamentos de salud. Para optar a este concurso, Sanidad pone como requisito, entre otros, que la facturación media anual durante los últimos tres ejercicios haya sido de diez millones de euros, límite que deja fuera, y sin opción, a siete de las pymes valencianas que en la actualidad prestan el servicio. "Sólo se podrán presentar multinacionales", señalan desde las compañías afectadas.

En esta situación se encuentra Grupo Experiencia Responsabilidad Innovación (ERI), empresa valenciana que, en la actualidad, atiende las necesidades de prácticamente la mitad del parque (10 diez departamentos con 10.900 dispositivos en total) y ha elaborado un exhaustivo análisis que refleja tanto el encarecimiento que supondrá el cambio para la administración autonómica como el perjuicio que ocasionará a siete de las pymes que ahora proporcionan la asistencia. Así, y citando algunos ejemplos, el Hospital General de Valencia pasará a tener un coste de 900.000 euros (en dos años) a 2.218.000, el General de Castellón de 525.000 a 1.465.000 y Clínico-Malvarrosa de 666.000 a 1.795.000 euros. En total, basándose en el servicio que prestan y tras consultar los expedientes de otras compañías, que cuentan con 3.000 dispositivos más (en total se analiza el 68% de la planta), calculan que el coste se disparará de los, aproximadamente, nueve millones actuales, a los casi 39 por el que lo oferta la conselleria.

Este incremento de precios se debe, en parte, a que el coste de las copias, en función de los tipos, registra incrementos de entre el 23 y el 69%, mientras que se estima un volumen de copias muy por encima del que en realidad requieren y realizan los centros sanitarios.

"Resulta increíble y parece malicioso que, teniendo toda la información de manera pública hospital a hospital, importe a importe de adjudicación, y con el dato real de volumetría de cada uno de los centros sanitarios, se infle artificialmente el importe económico a unos precios muy superiores a los que han resultado cada una de las adjudicaciones, y que se infle, también de manera artificial, el dato de volumetría", lamentan desde la citada compañía. Además, subrayan que, con la nueva fórmula, algunos departamentos como el General de Valencia y el de Castellón, que en la actualidad cuentan con un técnico 'in situ' incluido en el servicio, lo perderán; y critican que las características técnicas de los equipos "sean incluso inferiores a los equipos que actualmente tienen estos hospitales ganados con otras licitaciones".

Ante ello, desde Grupo ERI han requerido al departamento autonómico que aclare a qué se deben estos incrementos de precios y qué beneficio o ahorro podría reportar el nuevo sistema para las arcas públicas, mientras sus servicios jurídicos estudian la impugnación del citado acuerdo marco. "Creemos, honestamente, que la cuestión es más que grave porque se está jugando con el dinero público. Además, como promulga el Gobierno de la nación, se está apostando por la digitalización y, con este acuerdo marco, vamos en contra de toda lógica, sacando el pliego de mayor importe de la historia en tiempos donde se apuesta por todo lo contrario, el no imprimir". De hecho, es un servicio que, al ir en contra de esa digitalización, no puede optar a ayudas europeas.

En esta línea, desde la Confederación Valenciana de la Pequeña y Mediana Empresa-PYMEV, tampoco ven con buenos ojos la decisión adoptada por Sanidad. "Es inaceptable que, por pura comodidad de la Administración –en lugar de tener que comunicarse con una decena de empresas sólo tendrá que hacerlo con una–, se empobrezca a un sector empresarial valenciano. Se está fallando en no seguir fraccionando el servicio en algo esencial, que es crear músculo empresarial", señalan fuentes de la citada confederación. De hecho, desde Grupo ERI reconocen que esta decisión generará despidos y podría abocarles al cierre.

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