Sanidad, obligada a anular un concurso tras una reclamación de Ribera Salud por irregularidades

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales ha dado la razón a Ribera Salud y obliga a la Generalitat Valenciana a anular un concurso por las graves irregularidades detectadas en su tramitación como ampliar el plazo de presentación de ofertas una vez este ya había concluido.

El órgano administrativo obliga a retrotraer el procedimiento al primer periodo de presentación de ofertas. Esta es la vía administrativa que, de momento, depara noticias favorables para la empresa. Pero, además, Ribera Salud decidió también emprender la vía Penal ante lo sorprendente de la actuación administrativa. La subsecretaria de Sanidad, Mónica Almiñana, ha sido llamada a declarar como investigada en esta fase inicial de las pesquisas.

No es la primera vez que la mercantil se ve perjudicada por decisiones del Consell, entre ellas, la reversión del hospital de Alzira. Los hechos se remontan a septiembre del pasado año, cuando se publicó la licitación en la plataforma de contratación. Ribera Salud, en colaboración con otras dos firmas, presentó la documentación y su oferta económica. El plazo terminaba el pasado 6 de octubre.

La sorpresa se produjo cuando dos días más tarde se publicó una resolución de la Subsecretaría por la que se concedía ampliar el periodo, con una nueva licitación, hasta el 5 de noviembre. Un hecho «sorprendente y sin justificación», según recogen los querellantes. Pero, además, todavía se volvió a modificar el periodo en otra ocasión, hasta el 9 de noviembre. Toda esta anómala forma de proceder conculca los principios de la contratación con la administración porque, en definitiva, altera la libre competencia entre las empresas que querían competir por el servicio. El contrato era para el mantenimiento del soporte tecnológico del Departamento de Salud de La Ribera.