El Consell mantiene el uso obligatorio de mascarillas en centros sanitarios pero rechaza el plan que quiere imponer el Ministerio

Gómez ha criticado que se convoque una reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial para abordar la situación epidémica ante el ascenso de infecciones respiratorias sin haber convocado previamente la Ponencia de Alertas ni la Comisión Nacional de Salud Pública, algo que reclamaban las Comunidades Autónomas. Es decir, no es que las autonomías se opongan a la obligatoriedad de llevar mascarilla en los centros sanitarios, de hecho la valenciana ha sido la primera en poner esta medida en práctica, sino que se oponen a que la ministra no haya informado de nada antes de la reunión.

Además, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, también ha criticado esta tardanza de la ministra. «Estábamos bastante cansados de esperar al ministerio. Si no hace su trabajo, lo hacemos nosotros», ha destacado este lunes, y ha añadido que el Gobierno haga las cosas «tarde y mal» y presente su propuesta en plena reunión. «Nos la hubiera podido mandar antes y lo habríamos podido estudiar. ¿Quieren que haya un plan de contingencia cuando estamos ya en plena contingencia? ¿Qué broma es esta?», ha apuntado Mazón.

El conseller también ha tildado de inapropiado y fuera de lugar que «se hayan propuesto medidas que además ya tenemos implantadas, como son los planes de contingencia». En cuanto a las mascarillas, el conseller ha indicado que «evidentemente la Comunitat Valenciana es partidaria de implantarla, pero siempre bajo criterios técnicos y en función de la incidencia en cada Comunidad Autonóma».

Por ello, el conseller de Sanidad ha querido recordar a la ministra Mónica García la importancia que tiene la visión de los técnicos y de los expertos en salud pública. «Lo que no puede hacer la ministra es obviar a las Comunidades Autónomas como lo ha hecho, al plantearnos un documento que no conocíamos previamente, y celebrar una reunión sin tener en cuenta ni siquiera la visión de los expertos antes de tomar decisiones».

Gómez ha recordado que la Comunitat ha sido la primera en tomar la decisión de implantar de nuevo la mascarilla en los centros sanitarios y sociosanitarios, «pero se ha realizado tras la consulta a los técnicos epidemiólogos de la Dirección General de Salud Pública dada la incidencia e incremento de las infecciones por virus respiratorios y siguiendo en todos momento sus recomendaciones», ha puntualizado. Según ha indicado el conseller «no vamos a depender de la inacción de este Gobierno para proteger la salud de la población».

Por su parte la ministra Mónica García, en declaraciones a RTVE, ha dicho: «Vamos a homogeneizar los criterios y vamos a dar cobertura jurídica a todas aquellas comunidades que ya lo han hecho, es una medida de sentido común, con aval científico». Desde el PP se ha acusado a García de «postureo» y «mala praxis» por lo que consideran «una falta de lealtad con las comunidades», según ha declarado el portavoz del partido, Borja Sémper.

Desde el pasado 5 de enero el uso de la mascarilla es obligatorio en centros sanitarios y sociosanitarios de la Comunitat en las situaciones de personas sintomáticas cuando estén en espacios compartidos, profesionales que atienden casos sintomáticos, personas que trabajan en Unidades de Cuidados Intensivos y Unidades con Pacientes Vulnerables, en las urgencias hospitalarias o de atención primaria, así como en los lugares donde se concentran pacientes y familiares (salas de espera de atención primaria, de consultas hospitalarias, etc).

La Comunidad de Madrid ha indicado este lunes que mantendrá la recomendación de usar mascarilla en los supuestos contemplados desde que finalizara la pandemia en julio de 2023, es decir, ante síntomas y para personas especialmente vulnerables, y ha censurado que el Ministerio de Sanidad haya adelantado las propuestas y medidas que ha llevado a la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) a través de canales no oficiales.

Uno de los temas tratados en este encuentro entre el Ministerio y las Comunidades Autónomas ha sido las medidas a implantar sobre el uso de mascarillas ante la situación en aumento del número de pacientes con virus respiratorios (Covid, gripe y VRS). Desde el departamento que dirige Mónica García se ha instado a las regiones la vuelta de las mascarillas a centros sanitarios y sociosanitarios y farmacias.

En declaraciones a los medios tras el encuentro, la consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, ha recalcado que «todos los consejeros de Sanidad, excepto Cataluña», han coincidido en recomendar el uso de mascarillas «de forma responsable» en los supuestos que ya están indicados desde que finalizara en la pandemia en julio de 2023.

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha criticado que el Ministerio de Sanidad en la reunión del Consejo Interterritorial «no ha aportado datos sobre incidencia de enfermedades respiratoria ni evidencias científicas sobre la eficacia de las medidas que ha propuesto», entre las que incluía la «universalización» del uso de mascarillas en centros de salud. Además, ha reclamado que cualquier propuesta que se presente «debería respetar las competencias de Euskadi en materia de Salud» y estar «avalada» por la Ponencia de Alertas y la Comisión de Salud Pública.

En un comunicado, el Ejecutivo vasco ha señalado tras la reunión del Consejo Interterritorial que «Euskadi no comparte, como gran parte del resto de las Comunidades Autónomas, ni la forma, ni parte del contenido, de la convocatoria que el Ministerio de Sanidad ha realizado del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud».

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha participado este lunes en el pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que convocó de manera telemática la ministra de Sanidad, Mónica García, el pasado 4 de enero, con el objetivo de unificar criterios entre las comunidades autónomas ante los picos de virus respiratorios. En este sentido, ha trasladado su desacuerdo ante la convocatoria de este Consejo Interterritorial, puesto que, a su juicio, estas decisiones deben tomarse en primer lugar en la Ponencia de Alertas y en la Comisión de Salud Pública donde se elabore un documento donde se establezcan niveles de alertas o indicadores, entre otros, para posteriormente ser avalado o no en el Consejo Interterritorial.

Por ello, ha exigido que esos criterios técnicos adoptados en la Ponencia de Alertas y en la Comisión de Salud Pública estén previamente al Consejo Interterritorial para valorar el uso de la mascarilla y el resto de las medidas. Por este motivo, Andalucía ha votado en contra del documento propuesto del que ha tenido conocimiento una vez comenzado el pleno extraordinario por el Ministerio «al carecer de rigor técnico», según ha recogido la Consejería en una nota de prensa.