Sanidad recula y elimina los traslados forzosos del personal a las plazas de difícil cobertura

La presión ejercida por el Sindicato Médico de la Comunitat (CESM-CV) ha dado sus frutos y ha llevado a la Conselleria de Sanidad a rectificar su propuesta inicial para dotar de personal sanitario a las plazas de difícil cobertura. El departamento autonómico ha retirado del borrador de decreto los traslados forzosos de facultativos en los casos en los que no hubiese suficientes voluntarios para cubrir esas plazas.

Así, la conselleria ha aprobado el proyecto de decreto con el apoyo de los sindicatos CCOO, UGT e Intersindical, la abstención de CESM-SAE y el voto contrario de CSIF. El texto acordado contempla distintos tipos de medidas para tratar de dotar de personal las vacantes que resultan difíciles de cubrir: incentivos económicos, de desarrollo profesional y formativos; así como el desplazamiento voluntario de trabajadores a departamentos o centros de trabajo que precisen refuerzos en el marco de las alianzas estratégicas que se establezcan, tanto en horario ordinario como en guardias.

En virtud de la nueva norma, la prestación de servicios en las plazas de difícil cobertura tendrá un incentivo de 5.000 euros anuales para el personal facultativo (grupo A1 en general); 3.250 euros anuales para enfermería y resto de profesionales del grupo A2; 2.000 euros anuales para el grupo C1; 1.500 euros anuales para técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) y otros profesionales de la categoría C2 y 1.000 euros anuales para otras agrupaciones profesionales. A nivel de beneficios profesionales, cubrir una plaza de difícil cobertura reducirá el tiempo de permanencia necesario en cada grado para progresar en la carrera profesional; dará ventajas de puntuación en los concursos y oposiciones, así como prioridad en la participación de actividades formativas y de investigación. Además, la persona que ocupe una plaza de difícil cobertura, si quiere, podrá alargar su vida laboral al final de su trayectoria profesional. Llegada la edad de jubilación, los servicios prestados en plazas declaradas como de difícil cobertura facilitarán la prolongación del servicio activo de forma voluntaria.

Además, en el caso de los residentes, podrán inscribirse en las listas de reserva de la bolsa de empleo tres meses antes de finalizar su programa formativo, siempre y cuando su unidad docente los evalúe positivamente y no haya personas inscritas disponibles en la categoría/especialidad a la que opten.

El proyecto de decreto también introduce el concepto de alianza estratégica entre dos o más departamentos de salud, instituciones sanitarias o centros de trabajo, destinada a reforzar déficits de cobertura asistencial.

Por su parte, desde el sindicato CSIF explican que no se ha apoyado el proyecto "porque entendemos que es un remiendo parcial más, que responde nuevamente a premuras por falta de previsión de la conselleria después de tantos años que, de haber tenido voluntad de solucionar la existencia de graves problemas de personal de sanidad y de adecuada asistencia, no se habría derivado a estas situaciones tan extralimitadas. Sanidad debe abordar los problemas que tiene recurrentes con un estudio profundo y responsable desde su origen de una vez por todas, vinculándolo a un PORH".

Asimismo, la formación considera que la incentivación contenida en el borrador "es insuficiente y se desconoce el listado aproximado de los puestos afectados y cuándo se va a proceder a la consecución. Queda patente la pérdida sufrida de efectivos y que continuamos teniendo déficit estructural de plantillas".

Frente a ello, UGT Serveis Públics del País Valencià sí ha respaldado el decreto ya que se han incorporado al texto las principales alegaciones presentadas. El sector de Sanidad de UGT Serveis Públics ya se posicionó a favor de sacar adelante un decreto que diera solución al problema de algunos hospitales limítrofes, pero planteó una serie de líneas rojas con el objetivo de dotar de transparencia a los procesos de adjudicación.

En concreto, en los recursos compartidos (alianzas estratégicas) exigía la creación de una comisión asesora con garantía social, capacidad de decisión y transparencia encargada de de evaluar la renovación o cancelación de las plazas cuando la necesidad haya desaparecido. Esta medida ha sido recogida en el borrador, así como que carácter voluntario. Además, se exigía el compromiso de no crear nuevas plazas con ese requisito. Para el sindicato estas medidas eran claves al suponer una herramienta de control para evitar posibles abusos en el futuro.

Respecto a las plazas de difícil cobertura, a propuesta de UGT, se ha incorporado la figura de la evaluación conjunta con la comisión de seguimiento y la ratificación en mesa sectorial y el compromiso de que se abonará el refuerzo retributivo al personal del centro aunque la plaza no sea cubierta. Además, tal y como ya pidió UGT en la mesa del día 8 de abril se incluye el concepto de restauración y kilometraje.

Por otro lado, UGT Serveis Públics ha expresado su rechazo a la intención de la conselleria de que pagar sólo durante seis meses la productividad del año 2021 al personal funcionario que se encarga de la gestión sanitaria. La conselleria ha comunicado a los sindicatos que este colectivo percibirá los importes de concepto de productividad en la nómina del mes de agosto, porque la intervención no autorizada el pago de la cuantía anual correspondiente al año 2021. Por ello, se pagará la parte proporcional desde la publicación del decreto, es decir desde julio de ese año.

Para UGT es inadmisible que dicho personal no perciba en su totalidad la productividad ya que se trata de un acto discriminatorio (el personal estatutario la cobrará completa en julio) ya que en el propio decreto se estableció la introducción de este colectivo en la partida anual de Productividad. El sindicato plantea que hay que buscar una solución para compensar el importe no abonado a este personal, ya que la cuantía esta presupuestada y forma parte de la totalidad de la Productividad, con lo cual hay un lucro cesante por parte de la administración..

Desde el sector de Sanidad de UGT SP se insta a la conselleria a buscar alternativas y a no escudiarse a cuestiones técnicas para cumplir con este colectivo, igualmente esencial para la atención sanitaria y cuyo esfuerzo durante la alarma sanitaria se debe reconocer.

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