La sanidad valenciana registra cada día dos denuncias por negligencias

En toda España las presuntas negligencias médico-sanitarias se han elevado a 13.611 (455 más que en 2021), con 699 fallecimientos (+71). Los datos se traducen en 37 casos al día.

En la Comunitat, de las 963 denuncias por supuesta mala praxis 55 tuvieron como resultado la muerte del paciente. Son 46 menos que en 2021 (-4,5%), y si se comparan con la media de la última década (1.254 casos por año, 3,4 cada día) la diferencia se amplía. Para este último cálculo la asociación no tiene en cuenta las cifras de 2020 debido a que la actividad quirúrgica se vio muy afectada tras la irrupción de la pandemia.

Valencia es la provincia que acumula la mayor parte de las quejas (568) y el Hospital La Fe, el más grande, es el más denunciado. En cuanto a servicios, destacan los de Urgencias, especialmente el del General de Valencia, pues es el tercero que más ha registrado de toda España, sólo superado por el del Complejo Hospitalario Universitario Insular de Las Palmas y el de La Paz de Madrid.

«La falta de especialistas y médicos de familia, los retrasos en la atención y el número de camas hospitalarias por habitante lastran el cada vez más aquejado sistema sanitario de la Comunitat Valenciana», recoge la memoria, antes de lamentar que 54.260 ciudadanos estén a la espera de una intervención quirúrgica, con una demora media de 87 días. «Las especialidades en las que los tiempos despuntan con creces son traumatología, oftalmología y cirugía plástica», se señala.

En cuanto a personal, se advierte de que los hospitales comarcarles «lo están pasando bastante mal en la búsqueda de médicos de Urgencias, anestesiólogos, radiólogos, médicos de familia o pediatras», y respecto a la Atención Primaria se señala que «prosigue en decadencia con esperas insoportables, recursos insuficientes y graves problemas que hacen muy difícil su sostenibilidad, hasta el punto de que la administración se ha visto obligada a tener que contratar médicos de familia (de manera temporal) que carecen de la especialidad para ocupar vacantes libres».

En ese sentido se asevera que «la prioridad ha de ser la financiación de la Atención Primaria y el desarrollo de su plan de mejora, que supondría unos centros de salud abiertos, accesibles a la población y sin listas de espera».

Por último, la asociación plantea una petición formal a las autoridades sanitarias en aras de facilitar los derechos de los pacientes: que se realicen los cambios normativos necesarios «para hacer efectivo ya el derecho de todos a que sea grabada su intervención quirúrgica». La asociación hace referencia al caso de la joven Sara Gómez, que murió tras una lipoescultura y que fue especialmente mediático.

«Nos referimos a la garantía indispensable para el paciente cuando ya ha sufrido un daño por mala praxis secundario a una intervención quirúrgica. Hoy en día la prueba principal al respecto es la hoja quirúrgica, documento que es elaborado precisamente por el cirujano que presuntamente ha actuado contra la lex artis», defiende El Defensor del Paciente. «Es incomprensible cómo bien entrado el siglo XXI, y en plena era digital, no se lleva a cabo un registro audiovisual de la operación, que serviría para aportar luz en los casos de mala praxis como medio de prueba principal, tanto para provecho del paciente cuando fuera justa su denuncia como del cirujano cuando fuera infundada», se añade.

Si bien se reconoce que un registro masivo «sea quizá excesivo e innecesario», se posiciona a favor de que se autorice a solicitud del paciente, cuando la operación tenga «una complejidad previsible que lo aconseje o incluso con fines médicos ante una posible segunda cirugía necesaria o un postoperatorio complicado».