Los alumnos levantan el encierro en la Universitat pero anuncian más protestas

«Cerramos la acampada física pero hoy empieza todo», han resumido durante la rueda de prensa convocada al mediodía, que ha comenzado con la lectura de un comunicado que deja clara la intención de seguir protagonizando «verdaderas acciones políticas por Palestina». Del texto se infiere que se intentarán nuevas ocupaciones (que lógicamente no han concretado), que se participará en manifestaciones, como la prevista este domingo en diferentes ciudades españolas, y que se continuará con concentraciones y cortes de calles improvisados.

«Vamos a seguir ejerciendo presión. Ya no sólo acampando, ocupando edificios de la institución o presentándonos centenares de personas frente al Rectorado, cortando carreteras y sin permiso de ninguna institución o fuerza de represión», dice el comunicado, antes de insistir en su idea de escalar la tensión. «Vamos a continuar, porque vemos que pese a la sistemática incomunicación e indiferencia que pretenden (desde la Universitat), sabemos que nos tienen miedo», se añade, en el sentido de que disponen de «herramientas para movilizar a un estudiantado inconformista y combativo para convocar concentraciones y para organizar acciones políticas».

«Y sabemos -se continúa- que la manera más directa de cumplir nuestras exigencias es con un aumento de la presión de acciones políticas combativas que evidencian el carácter autoritario de la UV y la complicidad sistemática que tiene con el estado genocida y de apartheid de Israel». La pregunta lógica es hasta cuándo, aunque también la han respondido los portavoces de la acampada: «Hasta que la Universitat haga todo lo que puede, pues puede hacer mucho más».

Los ocupantes consideran que han cumplido algunos de sus objetivos. Pese a la radical oposición a la postura mantenida por la Universitat ante sus exigencias, llegando a hablar de un modelo «burocrático e institucional ilegítimo», creen que tras la acampada y la ocupación han sumado más apoyo social, tanto a nivel interno (estudiantes y trabajadores) como externo. «La mayoría de la sociedad valenciana está en contra de este genocidio», se ha señalado.

La institución que dirige Mavi Mestre, aunque ha sido permisiva con los ocupantes, a los que lanzó algunos guiños -una investigación interna sobre el trabajo del personal de seguridad y el rechazo a denunciar el asalto- consigue sortear el conflicto manteniendo, más o menos, su posición: defender que se ha expresado claramente en contra del ataque israelí a la Franja de Gaza (un acuerdo del claustro) y que no mantiene acuerdos de colaboración con instituciones académicas del país.

Es cierto que aceptó estudiar sus reivindicaciones, convertidas en exigencias, aunque con la cautela de que deberían decidir sobre ellas órganos como el Consejo de Gobierno o el claustro, y valorando las obligaciones que se derivan de la normativa en contratación pública, pues se pedía el cese de la colaboración con empresas que, para los acampados, colaboran con Israel. Algo difícilmente asumible, sobre todo por las consecuencias económicas y judiciales que tendría romper contratos de manera unilateral. Y más con las empresas a las que señalan los acampados, entre ellas grandes entidades financieras y tecnológicas muy vinculadas al sistema universitario español.

Más allá de los motivos del colectivo para abandonar el edificio, el querer dar un nuevo rumbo a sus acciones, hay que tener en cuenta que el cierre total de la facultad a estudiantes y personal podía ocasionarles problemas académicos o incluso legales.

Cierto es que la universidad no se ha planteado presentar denuncia, aunque la situación podría cambiar en caso de prolongarse el encierro. Y más teniendo en cuenta que crecía la preocupación entre parte del profesorado, que desde el miércoles no ha podido acceder a sus despachos -donde hay enseres personales y documentos de carácter confidencial- ni desempeñar su labor profesional. Y siempre cabía la opción de alguna denuncia a título individual. O de que creciera su presión, también hacia el Rectorado, a través de órganos colegiados de la propia facultad, como la junta de centro.

Antes de anunciarse el fin de la ocupación, la facultad ya había informado de la nueva ubicación de los exámenes previstos para la semana que viene, en previsión de que el bloqueo continuara. En las últimas horas, desde el decanato, se ha explicado vía email que las pruebas se mantendrán en las nuevas ubicaciones, y que se informará próximamente cuándo se puede acceder a las instalaciones.

Tras conocerse la noticia, el Consejo de Dirección de la Universitat ha valorado «positivamente» el gesto, al permitir así «la realización de los exámenes de sus compañeros -sobre todo de cara a las próximas semanas, ya en el propio edificio- y la actividad normal de la facultad, sin perjuicio de reconocer el derecho a expresar libremente su posicionamiento y protesta».

También se reitera la posición de la institución ante «los crímenes de guerra y lesa humanidad que está cometiendo el ejército de Israel en Palestina», que no tiene previsto firmar ningún convenio con universidades israelíes en un futuro y que por el contrario «sí está estableciendo nuevos acuerdos de colaboración con universidades palestinas, así como llevando a cabo acciones de visibilización de las violaciones de derechos humanos perpetradas en Gaza».

Por último, reitera la oferta de diálogo con los representantes de los acampados «con el objetivo compartido de trabajar por el cese de las acciones militares de Israel en Palestina y por la resolución pacífica y definitiva de la cuestión palestino-israelí».